Sarahy Hernández Morales

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Sarahy Hernández Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el veintiséis de mayo del año en curso, en el expediente C.C.A. 4/2022, de la que se aprecia que dicho cuerpo colegiado, determinó que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es el legalmente competente por materia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** -expediente 742/2021 del índice de este órgano jurisdiccional-. Acúsese de recibo. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en su oportunidad archívese este expedientillo como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expedientillo es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, este juzgador declaró carecer de competencia legal por razón de materia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General en cita. Notifíquese por oficio al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se remitieron con motivo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** mismo que fue registrado con el número C. C.C. 4/2022 e informa que se admitió a trámite, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se informe a dicho órgano jurisdiccional la determinación adoptada en relación con el conocimiento del presente asunto. En atención a su contenido, se hace del conocimiento de la oficiante que este juzgado federal planteó el conflicto competencial respectivo, por lo que se está a la espera de que el Tribunal Colegiado resuelva lo conducente. Notifíquese por oficio al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

  4. Principal

    Dada la cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la actuaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por este juzgado federal, al estimar que el acto reclamado consistente en la orden de verbal o escrita de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte quejosa, es carácter de civil. Consecuentemente remite el expediente número ***** de su índice, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la lectura del proveído de mérito se desprende que el titular del citado órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia planteada en atención a las siguientes consideraciones torales: "Así, se obtiene que de un análisis integral al escrito inicial de demanda, así como al ocurso de desahogo, se obtiene que la parte quejosa se duele sustancialmente de la orden verbal o escrita de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte demandante atribuidos a la institución bancaria ******* y otras autoridades. Lo anterior encuentra justificación debido a que si bien la parte promovente también reclama la falta de notificación del inicio o trámite del procedimiento administrativo o judicial en contra de la demandante y la falta de llamarle a juicio; lo cierto es que dichas abstenciones las impugna como omisiones que dieron origen al acto reclamado destacado consistente en la orden verbal o escrita de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte demandante. Así, a efecto de fijar la naturaleza del acto reclamado debe de atenderse a la acción que dio origen al mismo, esto es, la actuación o abstención que motivo el acto reclamado, lo cual generalmente se determina mediante el análisis cuidadoso de lo que reclamado, de los hechos narrados y de las pruebas aportadas. [.] Además, para establecer la competencia para conocer de un asunto no sólo debe atender a lo expuesto en el capítulo relativo a los actos reclamados sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se encuentran en la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Por tanto, se tiene que la naturaleza del acto reclamado destacado consistente en la orden verbal o escrita de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte demandante, es de carácter civil, pues la demandante ***** manifestó bajo protesta de decir verdad que lo que dio origen a dicho acto reclamado es el adeudo que contrajo su esposo con la institución bancaria ******, particular señalado como autoridad responsable. Como se evidencia en la siguiente transcripción. Manifestaciones que de acuerdo con los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia conforme a lo previsto en el artículo 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, tienen la calidad de confesión expresa de la parte quejosa y son merecedores de valor probatorio pleno máxime que se realizaron bajo protesta de decir verdad. De ahí que, para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el estudio, es menester realizado a la luz de lo previsto en las leyes de derecho privado que rigen el adeudo que contrajo la pareja de la aquí demandante con el particular señalado como autoridad responsable. Por tanto, se obtiene que cuando en el juicio de amparo indirecto se atribuyen actos u omisiones a las autoridades señaladas como responsables, entre otras a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la competencia recae en un Juez de Distrito en Materia Civil y no en un Juez de Distrito en Materia Administrativa, porque se debe atender a la naturaleza del acto y no a la naturaleza de la autoridad, por lo que si la norma que regula el acto civil, la competencia es civil, independientemente de la autoridad que la aplica, ya que los actos reclamados derivan de actos jurídicos que se encuentran en el ámbito del derecho civil. El sentido de las consideraciones anteriores subyace en el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental a la jurisdicción. Uno de los principios de ese derecho consiste en que la justicia sea administrada mediante resoluciones dictadas de manera pronta, completa e imparcial. Conforme a lo anterior, se colige que cuando en la demanda de amparo indirecto se reclaman actos u omisiones específicas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como del Director General de Atención a Autoridades de dicha comisión, relacionados con el bloqueo de una cuenta bancaria derivado de un adeudo contraído con la institución bancaria, con independencia que se expongan argumentos orientados a impugnar el actuar de dichas autoridades, la competencia del Juez de Distrito del ramo civil está determinada claramente, porque el acto que se reclama que se reclama es de naturaleza civil y constituyen el objeto preferente del juicio de amparo. De ahí que, se considera que el presente asunto debe ser conocido por un Juez de Distrito en Materia Civil, pues es la naturaleza del acto reclamado destacado consistente en la orden verbal o escrita de bloqueo, cancelación, suspensión o revocación de la totalidad de las cuentas bancarias que por esta vía defiende la parte demandante, es carácter de civil, por las razones expuestas en la presente determinación. Como se puede advertir, el juzgado administrativo sostiene su incompetencia legal para conocer del asunto de que se trata, en que la naturaleza del acto reclamado es carácter de civil, puesto -sostiene- para analizar la constitucionalidad del acto reclamado en el estudio, es menester realizado a la luz de lo previsto en las leyes de derecho privado que rigen el adeudo que contrajo la pareja de la quejosa con el particular señalado como autoridad responsable y sobre esa base estima que es este órgano jurisdiccional quien debe conocer de la demanda. Consideraciones respecto de las cuales este juzgador disiente, respetuosamente, ya que como se sostuvo desde el proveído de veintinueve de septiembre anterior, si bien por regla general la cuestión competencial para conocer de una demanda de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, lo cierto es que excepcionalmente cuando el problema de fondo consiste en resolver si la autoridad señalada como responsable tiene o no tal carácter, la competencia debe fincarse en el órgano jurisdiccional en materia administrativa, a efecto de no prejuzgar el fondo del asunto. Para claridad del criterio que se adopta, cabe precisar que por jurisdicción debe entenderse el conjunto de facultades y funciones que ejerce cada uno de los órganos en que se distribuye la competencia del Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva a su vez un cúmulo de deberes. La competencia de los jueces tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, esa potestad la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso. Por ende, si bien los órganos judiciales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley. Así, para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, resulta necesario que dentro su jurisdicción la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Por lo que respecta a la competencia por materia, el sistema jurídico nacional la distribuye entre diversos tribunales o juzgados, los cuales son especializados de acuerdo a una rama del Derecho. De ahí que existen tribunales en materia civil, fiscal, penal, del trabajo, administrativos, agrarios, siendo que cada uno conoce únicamente los asuntos que versen sobre el tópico de especialización que les compete, lo que evidentemente provoca conflictos competenciales respecto de un determinado asunto. En ese tenor, para determinar la competencia por materia debe atenderse a la naturaleza de la cuestión planteada, la cual surge del análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como de los preceptos legales que sustente la demanda de garantías -aunque esto último no sea el tamiz preciso para diferenciarla-. Por cierto, debe dejarse de lado la relación sustancial que vincule a las partes, ya que dicho análisis constituiría un tema de fondo, el cual corresponde resolver al órgano jurisdiccional que resulte competente. Y si el problema de fondo consiste en dilucidar si el ente señalado como responsable tiene o no tal carácter, la competencia se fincará en el órgano jurisdiccional en materia administrativa, a efecto de no prejuzgar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En el caso, es importante recordar que el acto reclamado consiste en la orden de embargo, bloqueo, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria a nombre de la inconforme, identificada con el número *******, abierta ante *****. Asimismo, debe resaltarse que, la peticionaria en su escrito aclaratorio -en la parte que interesa- indicó lo siguiente: "Bajo protesta de decir la verdad manifestamos, que me constituí el día 24 de septiembre de 2021 en el Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral del Trubunal (sic) Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual no existe antecedente alguno de que la suscrita sea parte en algún juicio, sin embargo BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTO, que un ejecutivo de la institución bancaria *****, señalada en el presente juicio como autoridad responsable, se comunicó el día 24 de septiembre de 2021 [.] para informarle que tiene un retraso en un crédito con esa institución y que es quien solicitó a COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, el bloqueo de mi cuenta bancaria descrita en mi escrito inicial de demanda, por lo que en este acto me desisto a mi más entero perjuicio como autoridad responsable del JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL". Reclamos que en opinión de este órgano jurisdiccional constituyen actos distintos a los de autoridad jurisdiccional del orden civil y por ende, no justifican la competencia legal de este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, pues su conocimiento en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 115/2018 (10a.), sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, noviembre de 2018, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DICTADO POR NO ESTAR FRENTE A ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Por regla general, los conflictos competenciales por razón de la materia se resuelven en atención a la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables; sin embargo, surge una excepción cuando el problema de fondo del recurso de revisión consiste en analizar si es correcto el sobreseimiento en el juicio de amparo porque para el Juez de Distrito no se está en el caso de actos de autoridad, pues en ese supuesto, no es factible analizar la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, porque ello ocasionaría que la resolución del conflicto competencial prejuzgue sobre el fondo del recurso. Por tanto, en esos casos, la competencia debe fincarse en favor del Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa, por tener competencia residual para conocer del recurso de revisión, lo que, a su vez, respeta la litis del conflicto competencial atinente a resolver cuestiones de competencia y no de procedencia del juicio de amparo." Y es que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando la cuestión de fondo consiste en dirimir si se está en el supuesto de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, la competencia debe establecerse a favor de un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, a efecto de no prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Lo anterior, es congruente con en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del arábigo 51 y III del diverso 56, del ordenamiento en comento. Aquél precepto es del tenor siguiente: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: - - - I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; - - - II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; - - - III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - - IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; - - - V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y - - - VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mientras que las fracciones de los artículos 51 y 56 disponen lo siguiente: "Artículo 51. Las y los jueces federales penales conocerán: [.] II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales; [.]" "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y [.]" De la parte conducente de la norma transcrita, se desprende que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa detentan la competencia residual por cuanto hace a los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de autoridad distinta de la judicial, con dos excepciones: 1) los derivados de un procedimiento de extradición y 2) los relacionados con leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Visto así, es inconcuso que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues como ya se estableció, la parte quejosa reclama la orden de embargo, bloqueo, inmovilización o congelamiento de la cuenta bancaria a nombre de la inconforme, aperturada ante *******; el cual es un acto distinto a los de autoridad judicial y que no está previsto en las excepciones antes señaladas. Corrobora lo anterior, el hecho de que el acto reclamado atendiendo a su naturaleza jurídica no encuadra en los supuestos de competencia material previstos en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los juzgados de Distrito de amparo en materia civil, pues: No se trata de un asunto promovido contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; No se promueve contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tampoco es un asunto de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de dicha Ley, y No se refiere a las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo antes expuesto, por las razones que informa la tesis que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Por lo tanto, conforme a lo establecido en el natural 48 de la Ley de Amparo, 42, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que al haberse suscitado un conflicto competencial entre este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, ambos en la Ciudad de México, lo procedente es remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno para que determine lo que en derecho corresponda. Comuníquese el presente proveído al juzgado oficiante, para que si lo considera pertinente exponga lo que estime conducente. Notifíquese por oficio a los órganos jurisdiccionales mencionados en el presente proveído y por lista a las demás partes.

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