Sarahí Pérez Salazar

Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
712/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Sarahí Pérez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de once de mayo del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Por otro lado, devuélvase al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, el cuadernillo original 01/2021 de la demanda de amparo directo y las compulsas del expediente 673/2019 de su índice; documentales que remitió como anexo a su informe justificado, en la inteligencia que no es necesario acusar recibo del mismo, en virtud que el acuse del oficio lo hará también de los tomos de prueba. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; once de mayo de dos mil veintidós. Tramitación de la demanda. Vista la cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el juicio de amparo directo 233/2022, formado con la demanda de amparo promovida por **********, quienes dicen promover por su propio derecho y en representación de la persona moral **********Asimismo, adjuntó el cuadernillo de amparo directo 1/2021 y la copia certificada del juicio ordinario civil de usucapión 673/2019, ambos el índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, en dos tomos, en virtud de que por auto de dos de mayo de dos mil veintidós, el tribunal de alzada determinó declinar la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, para conocer de la demanda de amparo en mención. En consecuencia, con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el diverso 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese de recibo. Aspectos generales. ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 712/2022-VIII-2. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. OBSERVACIÓN No pasa desapercibido que la parte quejosa señaló promover por su propio derecho y en representación de la persona moral **********; sin embargo, de los instrumentos públicos que allegaron, no se aprecia que tengan facultades de representación del mencionado ente; empero, en el caso, no ha lugar a prevenir por dicha circunstancia, tomando en consideración que en el particular se actualiza una causal de improcedencia; y, por ende, atendiendo al sentido del presente acuerdo, resulta intrascendente verificar la personalidad de los promoventes; pues, con independencia de ello, el resultado sería el mismo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, este juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la demanda que nos ocupa. En principio, es preciso citar el contenido del dispositivo en que se funda la causa de improcedencia invocada, que prevé: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. (..) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." De la lectura del precepto legal antes trascrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos, omisiones o resoluciones dictados dentro de otro juicio de amparo o en su ejecución. Es así, pues el juicio de amparo tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales, sin que sea dable estimar que los actos dictados dentro del procedimiento de amparo violen tales derechos fundamentales, habida cuenta que éstos constituyen las prerrogativas reconocidas a las personas por la Constitución y los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; constituyen derechos a favor de todos los gobernados contra los actos arbitrarios de autoridad, o equiparables a éstos, que dan a la persona la potestad de exigirlos mediante la acción constitucional de amparo, la cual persigue proteger y preservar el régimen constitucional, siendo ésta la función que se ejerce mediante el juicio de amparo indirecto y directo y, además, se ocasionaría un trámite interminable. En ese contexto, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los promoventes reclaman: - El acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno (fojas 289 y 290 del tomo I de pruebas), emitido en el juicio ordinario civil de usucapión 673/2019 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, en el que se ordena la cancelación de la escritura pública dieciocho mil seiscientos sesenta (18,660). No se soslaya que la parte quejosa hace manifestaciones en el sentido de que no fue llamada, ni emplazada a juicio; sin embargo, de un análisis integral de la demanda se aprecia que dichas violaciones las hace depender de la emisión del acuerdo antes precisado, respecto del cual, se actualiza una causal de improcedencia, misma que se hace extensiva; y, por tanto, únicamente se tiene como reclamado el precisado en párrafos que anteceden. Ahora, constituye un hecho notorio de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el acuerdo aquí reclamado, fue dictado en cumplimiento al fallo protector del juicio de amparo 285/2021-III, del índice de este órgano de control constitucional, el cual se concedió para el efecto siguiente: "-Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 673/2019, hasta el auto de admisión de la demanda, y ordene efectuar de nueva cuenta el emplazamiento a juicio a los demandados, aquí quejosos, ********** con las formalidades legales que exige el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco y atienda la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecho que sea continúe con el procedimiento en sus etapas legales y, en su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda." . Al caso es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1004622 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, página 3323, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN TESIS HISTÓRICA. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, los efectos emitidos en el diverso juicio de amparo 285/2021-III, vincularon a la autoridad responsable a actuar de esa manera; es decir, a emitir el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio civil 673/2018; en el que, entre otras cosas, se dejó insubsistente todo lo actuado, hasta el auto de admisión de la demanda, y se ordenó efectuar de nueva cuenta el emplazamiento a juicio a los demandados, aquí terceros interesados,**********; lo que conllevó que se dejara sin efectos la escritura de donación del predio materia del juicio de origen. Empero, como ya se apuntó tal acto no puede ser materia de análisis constitucional, pues proviene del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, máxime que en los efectos para los cuales se concedió el juicio no se otorgó plenitud de jurisdicción en favor de la autoridad responsable; esto es, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra una resolución dictada en ejecución de sentencia emitida en una diversa controversia constitucional, en la cual el juzgador federal constriñe a las autoridades responsables a realizar determinadas y precisas acciones, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional. En ese contexto, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado en el juicio natural -auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio civil 673/2018-, se encontraba actuando bajo el mandato de este órgano jurisdiccional en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos del diverso juicio de amparo 285/2021-III, por lo que su determinación fue emitida conforme a los efectos precisados en la sentencia dictada en aquél expediente; es decir, su actuar deriva de lo ordenado en el juicio de amparo para lograr, a su vez, el cumplimiento de la sentencia. En ese orden de ideas, se desprende que la resolución dictada por la responsable y que en esta vía se impugna, es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el indicado expediente 285/2021-III, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica a las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Por tanto, dado que el acto reclamado proviene de una diversa controversia constitucional, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de este juicio.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    ...De lo antes expuesto, se advierte que mediante auto de seis enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral de origen, proveyó sobre el escrito suscrito por **********, apoderado legal de la parte actora, fechado el siete de octubre de dos mil diecinueve y recepcionado el diez siguiente en la oficialía de partes de la junta responsable, notificando a dicha parte a través del boletín de once de abril actual; por tanto, en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 146/2021-VIII-2 5 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Notifíquese y; personalmente a la parte quejosa.

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