Sarahi Lara Bahena

Expediente 1716/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1716/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Victoria Mejía Cortes
  • Sarahi Lara Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. DESAHOGA PREVENCIÓN Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el escrito signado por a VICTORIA MEJÍA CORTES, como representante común, mediante el cual desahoga la prevención de dieciséis de diciembre actual, por lo que precisa el acto reclamado; provéase lo que conforme a derecho corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado De una lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se colige que los quejosos en reclaman la expedición de cualquier permiso o acuerdo para la obra, construcción y operación de una estación de carburación de GAS LP, en el domicilio ubicado en avenida 5 de febrero número 216, colonia Carlos pacheco, del municipio de Tlaltizapan, Morelos, sin cumplir con los requisitos que prevén las leyes federales y locales y la norma oficial mexicana NOM-025-SCFI-1993 DE 6. AL 7.3.2. En esa tesitura, adviértase que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de garantías es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra de la autorización o permiso combatido, los quejosos no hicieron valer de manera previa a acudir al Juicio de Amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que los actos que se impugnan en esta instancia constitucional proceden de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, así como la Secretaría de Energía, autoridades eminentemente administrativas, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la Materia, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Por lo expuesto, tenemos que la causa de improcedencia tiene como origen el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, previo a la impugnación a través del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad, esto es, el acto que reclaman los promoventes tiene forma de reparación, ya que el acto reclamado puede ser revocado, modificado o confirmado, a través del aludido medio de impugnación, previsto por el artículo 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades." En ese sentido, de la legislación de justicia administrativa estatal vigente, se advierte que de conformidad con lo establecido en los ordinales 1, 3 y 4 de la misma, sí es posible controvertir la autorización o permiso reclamado a través del juicio de nulidad. Aunado a ello, el acto reclamado si tiene la naturaleza de administrativo por provenir de autoridades de esa característica, como son integrantes del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, así como la Secretaría de Energía. De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la parte quejosa tiene la posibilidad de impugnar la omisión que reclama, a fin de que pueda ser controvertido en términos del citado artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues a través del juicio de nulidad se pueden controvertir las omisiones y actos reclamados, en contra de autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con registro 2017117, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 cuyo rubro es "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". De igual forma, cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Asimismo, por analogía cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, de la Décima Época, pronunciada por la Primera Sala, visible en la página 350, Tomo I, Diciembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005039, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por ********************, como representante común de la parte quejosa, mediante el cual pretende subsanar la prevención de dieciséis de diciembre actual; empero, no procede tener por subsanada dicha prevención, por las razones que se expondrán más adelante. Ahora bien, del ocurso de cuenta se advierte que no se encuentra completo, pues las páginas uno, dos y tres no se encuentran legibles en su totalidad, en virtud de que el último renglón se encuentra cortado. En ese orden de ideas, no es procedente tener por subsanada la prevención; entonces, se requiere a la parte promovente dentro del término concedido deberá aclarar y corregir el escrito inicial presentado, a efecto de proveer lo conforme a derecho corresponda. Por analogía tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia I.4o.C. 26, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63. En consecuencia, subsiste el requerimiento que se le formuló en la misma, así como el apercibimiento que se le efectuó; entonces, tomando en consideración que el escrito de cuenta fue presentado el veinte de diciembre del año en curso ante este juzgado federal, le restan cuatro días al plazo concedido en dicho acuerdo, que se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído. Apoya lo antes citado la tesis 2a./J. 106/2003, del rubro "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo XVIII, Noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, novena época. De igual manera, la tesis III.2o.A.38 K, del rubro "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, tomo XXI, Abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Asimismo, encuentra sustento la tesis VII.1o.P.15 K, del rubro "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. CUANDO LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO LEGAL CONCEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EL AUTO EN QUE ESTIMÓ NO CUMPLIDA LA PREVENCIÓN INICIAL", emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Pagina 1800, Novena Época. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve VICTORIA MEJÍA CORTES, SARAHÍ LARA BAHENA, MARITZA LEÓN RODRÍGUEZ, LAMBERTO PASTRANA GODÍNEZ, MARTHA JIMÉNEZ BALMACEDA, HELENA LARA BAHENA y ALFONZO MEJÍA CORTEZ, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Tlaltizapán Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1716/2019-IV, que por orden le corresponde. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a VICTORIA MEJÍA CORTES. PREVENCIÓN A efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a los peticionarios de amparo para el efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito con las copias necesarias para el traslado de cada una de las partes así como para los cuadernos incidentales, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los términos que más adelante se detallan. ÚNICO.- Aclare el acto reclamado, ello en razón de que se duele de lo siguiente: "1. La ilegal obra y/o construcción y operación de una estación de carburación de GAS LP, que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en el domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos, incluyendo la destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho inmueble. 2. Cualquier orden para realizar o ejecutar La ilegal obra y/o construcción y operación de una estación de carburación de GAS LP domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos. Incluyendo la orden de destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 3. La ilegalidad de cualquier acuerdo dictado por el C. Presidente Municipal de Tlaltizapán, del estado de Morelos o por el H. Ayuntamiento de Tlaltizapán, del estado de Morelos, por medio de su representante legal, así como de cualquier contrato, convenio o de cualquier otra naturaleza celebrado entre dichas autoridades con la Secretaría de medio Ambiente y desarrollo Sustentable, del Gobierno del Estado de Morelos , que implique cualquier proyecto y obra que las autoridades señaladas como responsables pretenden ejecutar en domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos. Incluyendo la destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. 4. Cualquier orden de destrucción, tala de árboles y de las áreas verdes que se ubican en dentro del inmueble ubicado en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos." Luego, refiere los siguientes antecedentes del acto combatido: "1.- Con fecha al día 22 de agosto dos mil diecinueve estando en domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos. Nos que las autoridades responsables tienen un proyecto de construcción de una obra que van a ejecutar en domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos. incluyendo la destrucción de las áreas verdes que se ubican en dicho lugar. En esa misma fecha solicitamos una constancia al ayudante municipal de la colonia Carlos Pacheco donde nos establece a quien corresponda la C. MARCELA GODINEZ ROJAS dio en arrendamiento al C. ARTURO ALMAGUER LOMAS representante legal de la empresa "COMBUGAS DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V." una superficie total de 1, 600 m2, ello en razon para que edicha empreza construyera y operara una estacion de carburacion de Gas LP.:- Asimismo se anexa a la presente demanda el oficio recibido de fecha 18 de Septiembre del 2019, por parte del presidente municipal de TIaltizapan Morelos el C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO, en donde mas de treinta vecinos de la colonia Carlos Pacheco y Colonia Cuauhtemoc del municipio de Tlaltizapan expusimos la solicitud de suspension de la obra antes mencionada sobre la avenida 5 de febrero, ya que esxiste el temor de que ocacione un daño irreparable tanto en la salud, la vida y la seguridad personal de cada uno de los vecinos que se encuentran a menos de 20 metros, asi como de la parte arrendataria teniendo un alto margen de riesgo ya que su domicilio se encuentra a 5 metros de distancia de las instalaciones de Gas LP que se pretenden construir. 2.- Es por ello que al no tener respuesta por parte del C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO presidente municipal de Tlaltizapan, refrendamos nuestra inconformidad con un nuevo oficio de fecha 9 de octubre del presente año, ya que los vecinos idoneos para manifestar su inconformidad son los que se encuentran su domicilio muy cerca de la construccion antes referida, teniendo la insertidumbre y el temor que se puede llevar acabo cualquier siniestro, donde el estado y el municipio es responsable de garantizar la seguridad personal de los gobernados, cabe señalar que el presidente municipal ha hecho caso omiso a toda solicitud y queja de inconformidad de los ciudadanos, donde volvimos a insistir mediante escitos con fecha 25 de Noviembre de 2019 dirigidos al ING. MANUEL URIOSTEGUI URIOSTEGUI quien se desempeña como DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, donde se le solicita información acerca del cumplimientos de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley que correspondiente, es importante señalar que precisamente a una cuadra se encuentra la Preparatoria numero 6 del Municipio de TIaltizapan, un taller de soldadura justamente enfrente se pretende almacenar y operar Gas LP, donde fue totalmente omisio a la solicitu. De igual forma se giraron oficios a las diferentes comiciones perteneciente al H. Ayuntamiento de TIaltizapan, todos con fecha 25 de Noviembre de 2019. A la C. ENGRACIA CASTAÑEDA FERNANDEZ DIRECTORA DE HACIENDA, AL C. RUBEN SANCHEZ HERRERA COORDINADOR DE PROTECCION AMBIENTAL, AL C. JOHAN CARPINTERO LOPEZ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL. TODOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN (.)" [sic]. Lo resaltado es propio En ese tenor, a la demanda se adjuntaron los siguientes acuses: Original del acuse del escrito dirigido al Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve. Copia del acuse del escrito dirigido al Director de Protección Civil de Tlaltizapán, Morelos, presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Original del acuse del escrito dirigido al Coordinador de Protección Ambiental de Tlaltizapán, Morelos, presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Original del acuse del escrito dirigido al Coordinador de Protección Ambiental de Tlaltizapán, Morelos, presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Original del acuse del escrito dirigido a la Directora de Hacienda de Tlaltizapán, Morelos, presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Original del acuse del escrito dirigido al Director de Obras Públicas de Tlaltizapán, Morelos, presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Original del acuse del escrito dirigido al Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, al no existir claridad en al acto reclamado, se requiere a la parte quejosa para que aclare el acto combatido y manifieste si reclama: La obra, construcción y operación de una estación de carburación de GAS LP, en el domicilio en Av. 5 de febrero #216, Colonia Carlos Pacheco, del municipio de Tlaltizapán, del Estado de Morelos, así como sus consecuencias jurídicas; o La omisión de dar respuesta a los escritos detallados con anterioridad; o bien, para el caso de que las autoridades responsables hubiese dado respuesta a cuál fue el sentido, y si reclama dicha respuesta. En virtud de lo anterior, señale si con motivo de sus peticiones se ha formado un expediente, y de ser así, el número respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. También, encuentra sustento por similitud jurídica, en la tesis XX.57 K, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871. Asimismo, encuentra apoyo por similitud, en la tesis I.4o.C. 26, sustentada por el Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.". APERCIBIMIENTO Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que se le concede, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Téngase como autorizados a todas las personas propuestas para oír y recibir notificaciones, en virtud de lo solicitado por la parte quejosa, y toda vez que el artículo 27 de la Ley de la materia refiere la forma de la notificaciones personales. Notifíquese a la parte quejosa a través de lista. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano