Sarahí Fabiola Zepeda Villalobos

Expediente 1527/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1527/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Sarahí Fabiola Zepeda Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve **********, regístrese bajo el número 1527/2017-II(A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La solicitante del amparo reclama el proveído de ********** de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral J.1/**********, por el que se niega acordar de conformidad su solicitud en el sentido de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a diversas instituciones crediticias, información relacionada con las cuentas bancarias de la demandada a fin de que, en ejecución de laudo, se inmovilicen y se ponga a su disposición el pago de lo condenado. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Por tanto, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, se reitera que la quejosa se duele del proveído de ********** de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral J.1/**********, por el que se niega acordar de conformidad su solicitud en el sentido de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a diversas instituciones crediticias, información relacionada con las cuentas bancarias de la demandada a fin de que, en ejecución de laudo, se inmovilicen y se ponga a su disposición el pago de lo condenado; resolución de la que se advierte que la amparista puede obtener su modificación e incluso su revocación, mediante la promoción del recurso de revisión señalado en el ordinal 849 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, el precepto jurídico de mérito dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Así, del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en la Ley Federal del Trabajo, los casos en que procede el recurso de revisión, esto es, contra todos los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, como en el caso acontece. De ahí que, la parte quejosa esta en aptitud de promover el recurso de revisión en contra del proveído a que hace referencia, máxime que la quejosa es parte en el asunto, dado su carácter en el juicio de que se trata. Apoya lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis XXVII.3 L, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, XVIII, julio de 2003, página 1197) Sin que en el caso se esté en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a) al d) de la fracción XXVIII, del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos. Además, tampoco se pierde de vista el hecho que la promovente sustenta su solicitud de amparo con la tesis de rubro "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", sin embargo, dicha circunstancia no modifica el criterio desarrollado en esta determinación pues si bien es cierto dicha tesis de jurisprudencia sostiene la procedencia del juicio de amparo en tratándose de actos como el aquí reclamado, se debe decir que el principio de definitividad establecido en la Ley de Amparo se traduce en la carga impuesta a la quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de los actos que reclame, pues se constriñe a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Razón por la que este órgano jurisdiccional considera que al no actualizarse motivo alguno de excepción al principio aludido, la promovente debe agotar el recurso legal antes de la promoción de la instancia constitucional. Así como, en lo conducente, el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, que a la letra su rubro dispone: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA." (Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, pág. 513) Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sarahi Fabiola Zepeda Villalobos, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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