SARAH ELIZABETH REITHOFER y Otros.
Expediente 630/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- SARAH ELIZABETH REITHOFER y Otros.
- JOAQUIN ROMANO NAVA y Otros.
- Natasha Ilonka Reithofer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesadas; así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 630/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Joaquín Romano Nava; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente el nueve de septiembre de dos mil veinte -ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación-y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el diez siguiente, Joaquín Romano Nava, Sarah Elizabeth y Natasha Ilonka, las dos últimas de apellido Reithofer -firmado electrónicamente únicamente por el primero de los mencionados-, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE A).- JUEZ DE CONTROL ABOGADO AARÓN HERNÁNDEZ CHINO. IV.- ACTO RECLAMADO A).- De la autoridad señalada como responsable reclamamos el infundado, inmotivado, ilegal e inconstitucional DESECHAMIENTO DE NUESTRO RECURSO DE IMPUGNACIÓN presentado en tiempo y forma legal ante la autoridad pertinente según el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Los quejosos narraron, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y desechamiento parcial y admisión parcial de la demanda. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte (fojas 18 a 33), se registró la demanda bajo el número de juicio de amparo indirecto 630/2020; se desechó la demanda de amparo en relación con las promoventes Sarah Elizabeth y Natasha Ilonka, ambas de apellido Reithofer, por los motivos expuestos en el propio auto; y, se admitió a trámite dicho ocurso respecto del diverso peticionario de amparo Joaquín Romano Nava, sin incidente de suspensión; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 35). Tercero. Recurso de queja. Inconformes con el desechamiento parcial de la demanda, los quejosos interpusieron recurso de queja, que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca 118/2020; quien, en ejecutoria de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, resolvió desechar por extemporáneo dicho medio de impugnación (fojas 160 a 167); razón por la cual quedó firme el desechamiento parcial de demanda de once de septiembre de dos mil veinte, y el presente juicio únicamente se tramita respecto de Joaquín Romano Nava. Cuarto. Levantamiento de la suspensión del procedimiento. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno (fojas 168 y 169), se tuvo por recibido el testimonio del tribunal de alzada; se ordenó levantar la suspensión del procedimiento y se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable. Quinto. Parte tercera interesada. En cumplimiento al proveído mencionado en el párrafo que antecede, el veintisiete de enero del año que transcurre, se emplazó con el carácter de autoridades terceras interesadas a Ingrid Janette Limón Condado y Victoria Calderón Gremán, agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura (foja 173 bis). Sexto. Cita para audiencia. En el multicitado auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se fijaron las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama una determinación emitida por una autoridad penal judicial que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Joaquín Romano Nava, reclama de la autoridad responsable Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -en su denominación correcta-, el siguiente acto: ( El auto de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de la carpeta judicial administrativa 161/2019/CJP/PUEBLA; en el cual no se dio trámite a su solicitud de interposición de recurso -previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales- planteado en contra de la notificación de determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, al rendir su informe de ley, la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -en su denominación correcta-, aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia en esta instancia constitucional (fojas 44 y 45). Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora, con la copia auténtica de las constancias que obran en la carpeta judicial administrativa de origen, que el juez responsable remitió como apoyo a su informe justificado, documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se advierte que el tres de septiembre del año pasado, se emitió el acuerdo reclamado (foja 128). Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa relativa al control judicial previa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto aquí combatido será analizado de conformidad con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Principio de estricto derecho o su excepción -suplencia de la queja-. En el presente asunto opera el principio de estricto derecho, pues en materia penal sólo procede suplir la deficiencia de la queja, cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados por el reo en el proceso penal o por el ofendido o víctima del delito, de conformidad con el artículo 79, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo; por tanto, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se advierte que el aquí quejoso tenga alguno de esos caracteres, el presento asunto debe analizase de estricto derecho. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. La presentación de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado se notificó al hoy quejoso el sábado cinco de septiembre de dos mil veinte (foja 133), por lo que, al ser un día inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, la misma se tiene por hecha el lunes siguiente, es decir, el siete del mismo mes y año, surtiendo efectos el ocho de septiembe del año pasado, conforme al último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del nueve de septiembre al dos de octubre de dos mil veinte, previo descuento de los sábados y domingos y, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y con la circular 13/2020, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la cual declaró como día no laborable el martes quince de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, si el quejoso presentó electrónicamente su demanda el nueve de septiembre de dos mil veinte, se estima que la promoción fue verificada oportunamente. Sexto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, respecto al acto que por esta vía se combate, el suscrito juez advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Además, es preciso indicar que en relación con el tema, el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación armónica de los artículos reproducidos, se advierte que el interés requerido para la promoción del juicio constitucional en el sistema vigente, será jurídico o legítimo, individual o colectivo, cuando se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; mientras que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o laborales, se conserva y se clarifica en el orden constitucional el concepto de interés jurídico, ya que para controvertir tales actos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la resolución afecte de forma personal al quejoso y que los efectos del acto que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona. Por ende, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo (tratándose, entre otros casos, de intereses difusos o colectivos), que no es otra cosa sino la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho. Resulta aplicable, la tesis 2a.LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Siguiendo con la interpretación de los artículos que contemplan el interés que debe demostrar la parte quejosa en el juicio de amparo, conviene precisar que el Constituyente introdujo un concepto en el que amplió la connotación de parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señalando que tendrá tal carácter quien cumpla con las siguientes condiciones: I. Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; II. Alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos a su favor por la Constitución o los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte; III. Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, IV. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asentado lo anterior, el suscrito juzgador Federal arriba a la convicción plena que el acto que se combate por esta vía, no afecta de forma alguna la esfera jurídica o los intereses del quejoso Joaquín Romano Nava. Para una mejor comprensión de lo antes concluido, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe de ley, ya valoradas anteriormente: Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve, Sarah Elizabeth Reithofer, Natasha Ilonka Reithofer y Joaquín Romano Nava -quienes se ostentaron como víctimas de hechos constitutivos del delito de tortura cometido en su agravio-, promovieron ante el juzgado de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, control judicial previo a efecto de impugnar la determinación de trece de mayo de ese mismo año, de no ejercicio de la acción penal y consecuente archivo, adoptada por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción Unidad de Investigación Especializada en Tortura, dentro de la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF (fojas 49 a 77). Con motivo del escrito de impugnación precisado en el punto anterior, se radicó la carpeta judicial administrativa 161/2019/CJP/PUEBLA, del índice del juzgado de control responsable; en la que, después de diversos requerimientos y secuencia procesal, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de control judicial previo, en la que se debatió y resolvió la determinación de no ejercicio de la acción penal y consecuente archivo de la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF. En este antecedente, atinente al tópico que se analiza -falta de interés jurídico- resulta necesario resaltar lo resuelto por el juez de control respecto del aquí quejoso (para lo cual se reproduce el disco óptico que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe y que obra en sobre amarillo a foja 135 de autos). Al respecto, revela que, una vez hechas las manifestaciones relativas al tema debatido, tanto del Asesor jurídico victimal, como de la agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, solicitó una aclaración a la fiscal, en los términos siguientes (09:49:36 a 09:52:04 DVD): Juez de control. ".Fiscal, una aclaración en este sentido, únicamente se refirió usted a Sarah Elizabeth y Natasha Ilonka, es decir, ¿cuál es la razón de la presencia del señor Joaquín en esta audiencia?". Fiscal. "El señor Joaquín Romano Nava, se encuentra promoviendo el amparo 390/2018; sin embargo, la vista que genera el juez cuarto únicamente lo hace por las manifestaciones de Sarah Elizabeth". Juez de control. "Es decir, ¿no existe ninguna investigación o instancia respecto de Joaquín?" Fiscal. "No, ninguna. No existen alegaciones o actos de tortura de él en la carpeta de investigación. Al final, presentan un escrito los tres y ya se les notifica a los tres, que deben conducirse ante el órgano jurisdiccional donde deben de impugnar la determinación". Juez de control. "En este sentido, Asesor, ¿cuál es el objeto de la presencia del señor Joaquín en esta audiencia?" Asesor Victimal. "De los hechos que sucedieron y que dieron origen a la carpeta de investigación 556, se originan el diez de diciembre de dos mil quince, en donde elementos policíacos se abocan a cumplir una orden de aprehensión en contra de las hoy víctimas. En ese momento, realizan la detención en contra de la señora Sarah Elizabeth Reithofer y Natasha Ilonka, ambas de apellidos Reithofer, en donde en ese momento los elementos de la policía exceden en sus funciones, realizan tratos inhumanos, emplean violencia; y, en ese momento, tiene intervención el señor Nava, en el sentido de ser testigo de los hechos, siendo además familiar de la señora Sarah Elizabeth, es por ello que los elementos policíacos arremeten en ese momento en contra de él y es por eso que se origina un proceso penal y él manifiesta ser víctima del delito de tortura de esos mismos hechos". Juez de control. "Pero, ¿no existe denuncia?" Asesor Victimal. "No, no existe denuncia, Señoría". Enseguida, el juez de control resolvió lo siguiente respecto del hoy quejoso (09:52:05 a 09:53:24 DVD): "Cuento con los elementos suficientes para resolver respecto de esta petición. Es importante destacar, en primer término que el artículo 21 constitucional, establece la obligación de la fiscalía de generar la investigación de los hechos que sean sometidos a su consideración. Esto partiendo desde el punto de vista de que, respecto de las tres personas que se presentan el día de hoy, una de ellas no ha ejercido este derecho, es decir, la comunicación a fiscalía con el objeto de investigar materialmente el hecho, es decir, aquella circunstancia que ponga en marcha el sistema de administración de justicia para que se investigue, en caso de realizar una manifestación en este sentido, como objeto o víctima del delito de tortura, la fiscalía hasta este momento no instado esta circunstancia, en virtud de una ausencia de una denuncia en este sentido. Por ende, quedan expeditos sus derechos, tomando en consideración que el delito de tortura, en caso de actualizarse por cuanto hace al señor Joaquín Romano Nava, es de carácter imprescriptible (.)". Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 161/2019/CJP/PUEBLA, del índice del juzgado de control responsable, Sarah Elizabeth Reithofer, Natasha Ilonka Reithofer y Joaquín Romano Nava, adujeron recurrir la notificación de trece de abril de dos mil veinte, que les fue hecha respecto de la conclusión de la investigación en la indagatoria 566/2018/UEIDTDF (fojas 129 y 130). A dicha petición, recayó el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, que textualmente dice: "(.) Agréguese al expedientillo el documento de cuenta, visto su contenido y fundamento en : los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, a partir del diecisiete de marzo de esta anualidad con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud de las personas involucradas en el sistema penal; y los numerales 48, 68, 82 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales; téngase a los ocursantes impugnando la notificación realizada en la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF de trece de abril de 2020, en ese tenor, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud que, esta autoridad no es competente para dirimir la lesión, que refieren los signantes del documento, les ocasionó la incorrecta notificación. Por otra parte, la impugnación entablada ha sido resuelta en audiencia de catorce de noviembre de 2019. En ese tenor, al no existir trámite alguno se ordena el archivo del expediente como asunto totalmente concluido." (Foja 128). Tal determinación, constituye el acto reclamado en esta vía. De lo anterior se advierte, que el quejoso Joaquín Romano Nava acude a esta vía constitucional a reclamar del juez responsable, el auto dictado el tres de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente de control judicial previo de origen, en el que no se dio trámite al recurso que interpuso en contra de la notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal llevada a cabo en la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF, del índice de la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción Unidad de Investigación Especializada en Tortura. Sin embargo, dicho acto no incide de forma alguna en la esfera jurídica o los intereses del quejoso Joaquín Romano Nava, pues como quedó evidenciado, no le fue reconocido el carácter de víctima de los hechos probablemente constitutivos del delito de tortura puestos del conocimiento de la fiscal investigadora, al no existir el requisito de procedibilidad para que le pueda ser administrada justicia, es decir, denuncia o querella. En efecto, en la audiencia de control judicial previo celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa 161/2019/CPJ/PUEBLA, el juez de control resolvió, entre otras cuestiones, que toda vez que Joaquín Romano Nava no había puesto en marcha el sistema de administración de justicia para que se investigara algún hecho posiblemente constitutivo de delito cometido en su agravio, quedaban expeditos sus derechos para hacerlos valer, pues el delito de tortura, en caso de actualizarse, es de carácter imprescriptible. Por tanto, es inconcuso que el demandante constitucional no es sujeto de procedimiento penal, en términos del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la carpeta judicial administrativa de origen, ya que no tiene reconocido alguno de los caracteres que contempla dicho numeral. Aunado a ello, el quejoso no aportó prueba idónea con la que pudiera acreditar que con posterioridad a la audiencia celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa 161/2019/CPJ/PUEBLA, hubiere adquirido el carácter de sujeto de procedimiento penal; es decir, con la que acredite que actualmente sí tiene la calidad jurídica de víctima, por lo que no acreditó que cuente con interés jurídico para promover en esta vía de control constitucional. No es óbice a lo anterior, que el quejoso haya ofrecido como prueba copia simple del acuse de recibo del escrito presentado ante la autoridad responsable el uno de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual interpuso recurso contra la notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 566/2018/UEIDTDF, copia simple del acuerdo de tres de septiembre del mismo año, dictado dentro del expediente de control judicial previo 161/2020/CJP/PUEBLA del índice de la responsable; toda vez que dichos medios probatorios únicamente acreditan que presentó un escrito ante el juez de control responsable y la existencia del acto reclamado, mas no así su interés jurídico. Máxime que no debe perderse de vista que el interés que se aduce en el juicio de amparo debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, aunado a que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de demostrar dicho interés. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De esta forma, resulta inconcuso que el quejoso no demostró ser sujeto de procedimiento judicial en la carpeta judicial administrativa de origen, ni que el acuerdo dictado el tres de septiembre de dos mil veinte por el juez responsable le ocasione algún daño real y actual en su esfera jurídica. Es así, pues no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico del quejoso, se requiere que éste sea parte (víctima), pues sólo derivado de su condición de parte, es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo a que deba desplegarse correctamente la función de la autoridad que conoce de su reclamo. Así que el interés jurídico para controvertir el proceder de la responsable, sólo corresponde a cualquiera de las partes cuya esfera se encuentra vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permite acudir ante esta instancia. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto se citan a continuación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XII, se SOBRESEE en el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación plateados en relación con dicho acto reclamado, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Joaquín Romano Nava, contra el acto reclamado a 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. I. QUEJA INFUNDADA. Agréguese a sus autos el oficio y anexo que acompaña la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por ese órgano Colegiado, en el expediente Q-118/2020, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de once de septiembre de dos mil veinte, dictado en este juicio de amparo 630/2020. En consecuencia, dese a conocer a las partes que el medio de impugnación de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo. "ÚNICO. Se desecha por extemporáneo el recurso de queja interpuesto por SARAH ELIZABETH Y NATASHA ILONKA ambas de apellido REITHOFER y por JOAQUÍN ROMANO NAVA, en contra del auto de once de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en autos del juicio de amparo 630/2020 de su índice." Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y acúsese el recibo correspondiente. II. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, se ordena levantar la suspensión del procedimiento en el presente juicio y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. III. SE PROVEE RESPECTO DE LO RESERVADO EN AUTOS. En el mismo sentido, en atención a lo reservado en autos, con motivo de la suspensión al procedimiento ordenada en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, por el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del auto de once de septiembre del año pasado, dictado en el juicio de amparo al rubro indicado, se provee: Respecto a lo reservado en autos el trece de octubre de dos mil veinte: Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, las documentales que anexa a su informe justificado, así como el disco versátil digital que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." IV. EMPLAZAMIENTO. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que las agentes del Ministerio Público que intervienen en la carpeta judicial administrativa 161/2019/CJP/PUEBLA -de la que emana el acto reclamado-, son las Agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura (Ingrid Janette Limón Condado y Victoria Calderón Germán); en consecuencia, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, ténganseles con el carácter de terceros interesadas a dichas fiscales. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlas al presente juicio constitucional por medio de oficios que se giren para tal efecto -vía ordinaria o electrónica-, anexándoles copia autorizada de la demanda de amparo y del auto admisorio. Notifíquese electrónicamente al quejoso; por oficio -vía ordinaria o electrónica- a las autoridades tercero interesadas; a la autoridad responsable, al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, al Tribunal oficiante.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
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San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y, visto su contenido, remítase a dicho tribunal colegiado la constancia de notificación electrónica realizada a la parte quejosa relativa al auto de once de septiembre de dos mil veinte, para que surta los efectos legales correspondientes en los autos de la queja 118/2020 de su índice. Notifíquese por oficio al Tribunal de Alzada y cúmplase...
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