Sara Vanessa González Lizama
Expediente 1214/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sara Vanessa González Lizama
- Walter Alexis Alvarado Potencianos
- Sara Vanessa González Lizama y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Sara Vanessa González Lizama y Walter Alexis Alvarado Potencianos, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, la cual fue exhibida con cuatro copias y dos anexos, en tal virtud, agréguese a estos autos para que obre como corresponda. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo, se desecha de plano, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto reclamado consiste en la declinación de competencia, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como aquél que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el resultado de la declinatoria, pues aún no se conoce la decisión que aporte la autoridad a la cual se le declinó competencia, pues será hasta ese momento que pueda hablarse de una afectación, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, el acto reclamado en el juicio de amparo, consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", cuyo giro y actividad comercial a dicho de la responsable no le es competente conocer. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de situaciones jurídicas como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, a virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha cuestión incidental no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado. En otras palabras, los efectos del acto reclamado no son propios de análisis hasta este momento, toda vez que hasta que no en su caso se acepte la competencia declinada no se podrá apreciar si con motivo de haberse dictado el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cobra aplicación al caso, la tesis IX.2o J/9 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Laboral, visible en la página 1190, del Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179888 que dispone: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." También cobra aplicación al caso, la tesis P./J. 17/2015 (10ª) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia Común, visible en la página 5, del Tomo I, Agosto de 2015, Libro 21, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009721 que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." No se soslaya que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios orientadores para determinar cuándo se trataba de actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, eran de imposible reparación; sin embargo, por disposición expresa del artículo sexto transitorio de la ley vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva, lo cual no acontece en el presente caso, porque la legislación de amparo en vigor es clara en señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Sin que lo antes expuesto contravenga las disposiciones de derecho internacional contenidas en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues en el caso no se le está vedando su garantía de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo en vigor, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior, obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. En el caso, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto, pues únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la referida resolución, en la secuela de un procedimiento laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia o resolución que ponga fin al juicio dictada en aquél, pues a través de esa resolución que emita la autoridad responsable, previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sara Vanessa González Lizama y Walter Alexis Alvarado Potencianos, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en la misma, toda vez que tiene el carácter de parte obrera en el juicio laboral del que emana el acto reclamado. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Como lo manifiesta la parte quejosa en su escrito de demanda, se tiene a la misma por anuente y de acuerdo en que se publique sin supresión de datos, incluyendo los personales, la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 1214/2018-II. Conste.
- Principal
CITATORIO....Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Sara Vanessa González Lizama y Walter Alexis Alvarado Potencianos, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, la cual fue exhibida con cuatro copias y dos anexos, en tal virtud, agréguese a estos autos para que obre como corresponda. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo, se desecha de plano, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 del citado ordenamiento legal. En efecto, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita, se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto, por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto reclamado consiste en la declinación de competencia, no puede ser considerado como de imposible reparación ya que éste se traduce como aquél que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el resultado de la declinatoria, pues aún no se conoce la decisión que aporte la autoridad a la cual se le declinó competencia, pues será hasta ese momento que pueda hablarse de una afectación, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, el acto reclamado en el juicio de amparo, consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho dictado por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", cuyo giro y actividad comercial a dicho de la responsable no le es competente conocer. Por tanto, resulta claro que dicha determinación, atendiendo a la connotación que respecto a este tipos de situaciones jurídicas como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, a virtud que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, ya que a través de dicha cuestión incidental no se plantea la infracción de esos derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado. En otras palabras, los efectos del acto reclamado no son propios de análisis hasta este momento, toda vez que hasta que no en su caso se acepte la competencia declinada no se podrá apreciar si con motivo de haberse dictado el acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho por la autoridad responsable, mediante el cual se declaró incompetente para conocer el juicio laboral 655/2018 por estar demandada la empresa denominada "Radiomovil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable", se vulneraron las defensas de la parte quejosa y, por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascienda al resultado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cobra aplicación al caso, la tesis IX.2o J/9 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia Laboral, visible en la página 1190, del Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 179888 que dispone: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." También cobra aplicación al caso, la tesis P./J. 17/2015 (10ª) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Materia Común, visible en la página 5, del Tomo I, Agosto de 2015, Libro 21, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009721 que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." No se soslaya que antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido criterios orientadores para determinar cuándo se trataba de actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, eran de imposible reparación; sin embargo, por disposición expresa del artículo sexto transitorio de la ley vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva, lo cual no acontece en el presente caso, porque la legislación de amparo en vigor es clara en señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Sin que lo antes expuesto contravenga las disposiciones de derecho internacional contenidas en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues en el caso no se le está vedando su garantía de acceso a la justicia ni a un recurso efectivo. El establecimiento de requisitos o presupuestos formales establecidos por el legislador en la Ley de Amparo en vigor, para instar el citado medio extraordinario de defensa, como son las causas de improcedencia del juicio de amparo, no constituye en sí mismo, una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Lo anterior, obedece a razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo que los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para instar un juicio o recurso, incluido el amparo indirecto. En el caso, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causa notoria y manifiesta de improcedencia pues la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto, pues únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, por lo que cuando la referida resolución, en la secuela de un procedimiento laboral únicamente afecta partes substanciales de ese procedimiento, ocasionando una violación a las leyes que lo rigen, la vía idónea para combatir tal violación lo es el amparo directo que se promueva contra la sentencia o resolución que ponga fin al juicio dictada en aquél, pues a través de esa resolución que emita la autoridad responsable, previamente agotando los medios de defensa, se actualizara la citada violación procesal. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sara Vanessa González Lizama y Walter Alexis Alvarado Potencianos, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en la misma, toda vez que tiene el carácter de parte obrera en el juicio laboral del que emana el acto reclamado. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Como lo manifiesta la parte quejosa en su escrito de demanda, se tiene a la misma por anuente y de acuerdo en que se publique sin supresión de datos, incluyendo los personales, la sentencia que se dicte en este juicio de amparo, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.Hago constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 1214/2018-II. Conste.
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