Sara Tomasa Sosa Hernandez

Expediente 603/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
603/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
05/07/2017

Partes del expediente

  • Sara Tomasa Sosa Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, solicita se acuse recibo del oficio por el que remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en la inconformidad 15/2016 de su índice, el original del juicio de amparo indirecto 603/2015 en que se actúa y copias certificadas del expediente laboral J.2/49/2011 en dos tomos; por tanto, acúsese el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito signado por José Luis Gutiérrez Valdez, en representación de la quejosa Sara Tomasa Sosa Hernández, a través del cual interpone denuncia y/o incidente de repetición del acto reclamado. Ahora, cabe precisar que el artículo 199 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días." Del precepto legal transcrito se concluye que como requisito indispensable, la denuncia de repetición del acto reclamado debe formularse por la parte interesada dentro del plazo de quince días al que haya tenido conocimiento de la nueva determinación. En ese sentido, del escrito de cuenta se aprecia que el promovente realiza la denuncia respectiva el veinticinco de los actuales, como consta del sello fechador impreso en la parte superior derecha de la foja uno del escrito que se atiende. Por otro lado, se hace hincapié en que mediante proveído de dieciocho de enero del presente año (foja 215), se dio vista a la parte quejosa para que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector (nueva determinación). Por ende, al no satisfacer el requisito de la temporalidad para la presentación del incidente mencionado, con fundamento en el artículo 199 de la Ley de Amparo, este juzgado estima pertinente desecharlo de plano, ya que a nada práctico conduciría su tramitación, pues al dictar la resolución correspondiente se declararía su improcedencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de siete de febrero pasado (fojas 218 a la 221), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso IV, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de enero del año en curso (foja 215), para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que realizara manifestación algún al respecto; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a analizar el cumplimiento al fallo de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la parcial y dolosa conducta procesal de la autoridad responsable, al ignorar por completo el artículo 940 de la ley federal del trabajo, pues se ha abstenido por completo de dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, por el contrario, ha hecho todo lo que está a su alcance para proteger los intereses de la hoy tercera interesada, dejando ver con descaro el inminente interés que tiene en el juicio laboral, su parcialidad, favoritismo e influencia que recibe, pues es importante hacer notar que dicha responsable depende directamente del ejecutivo federal y la tercera interesada tiene íntima y directa relación con el ejecutivo municipal de Tianguistenco, quien a su vez sostiene interdependencia con el propio ejecutivo estatal a quien debe total lealtad la autoridad responsable, conductas que quedarán evidenciadas y acreditadas en el presente juicio, vulnerando con ello mis garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (sic) Por sentencia de diecinueve de agosto de dos mil quince, este órgano resolvió negar el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa (fojas 68 a 79) Inconforme con dicha determinación, la impetrante promovió recurso de revisión, el cual en auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince se admitió a trámite (foja 84), el cual por razón de turno se radico ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien por resolución emitida en cesión de diez de junio de dos mil dieciséis (fojas 304 a 316), determinó: "PRIOMERO. Se REVOCVA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, la Justicia de Unión AMPARA Y PROTEGE a SARA TOMASA SOSA HERNANDEZ, contra los actos y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: ".para el efecto de que la junta responsable, una vez que actualice el crédito laboral y despache auto de ejecución, imponga a la parte demandada cualquieras de los medios de apremio establecidos en el artículo 731 de la ley de la materia, para asegurar que el cumplimiento del laudo materia de ejecución sea pronta y expedita.". Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 137), al recibir el testimonio de la resolución emitida por la Alzada, se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Por auto de ocho de julio del año en curso (foja 151) se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. El veinte de julio de dos mil dieciséis (foja 154), este juzgado después de analizar la forma en que la autoridad responsable acato la sentencia de amparo, declaró cumplida la misma. El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la quejosa promovió recurso de inconformidad al no estar de acuerdo con el proveído en el que se tuvo por cumplido el fallo protector (foja 167). Medio de impugnación que por razón de turno, se radicó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, quien mediante resolución de doce de diciembre de dos mil dieciséis determinó: "ÚNICO. Es fundada la inconformidad interpuesta por SARA TOMASA SOSA HERNÁNDEZ." Lo anterior, para efectos de que la junta responsable, una vez que actualizara el crédito laboral y despachara auto de ejecución, imponga a la parte demandada cualquiera de los medios de apremio establecidos en el artículo 731 de la ley de la materia, para asegurar que el cumplimiento del laudo materia de ejecución sea pronta y expedita. Motivo por el cual el seis de enero del presente año, se requirió a la Junta responsable el cumplimiento cabal en los términos ante indicados, materia de la ejecutoria dictada por la Superioridad (foja 208). Ahora, en el oficio registrado con el folio 1013 (fojas 211 a 214), se tuvo a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México remitiendo copia certificada de la determinación de dieciséis de enero del año en curso, emitida en el expediente J.2/49/2011 de su índice, del cual se advierte que una vez que actualizó el crédito del actor, ordenó la ejecución del laudo y apercibió a la demandada en el procedimiento de origen para que en el caso de no dar cumplimiento al laudo emitido se le impondrá una multa hasta de siete veces el salario mínimo general vigente en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción, lo anterior de conformidad con, el artículo 731 de la ley Federal del Trabajo. En consecuencia, después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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