SARA TÉLLEZ NAVARRETE y Otros.

Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • SARA TÉLLEZ NAVARRETE y Otros.
  • Sara Téllez Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Visto el estado procesal, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Incidental

    Visto el estado de autos se advierte que en el archivo de este juzgado se encuentran dos tomos remitidos por la autoridad responsable en apoyo a su informe previo y dado que el diecinueve de abril de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó el juicio, dictada en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, ordenándose el archivo, como se advierte de la certificación de cuenta; al ser innecesaria la retención de las referidas constancias, devuélvanse al juez responsable, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos de constancias; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ... , se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de la representante especial de la menor ... (identidad protegida); en atención a su contenido, dígase que la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio se ordenó de manera personal, por lo que una vez que se tenga la totalidad del resultado de las diligencias ordenadas, podrá visualizarla, no obstate, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que verifique que han sido debidamente digitalizadas las constancias que refiere la promovente en el expediente electrónico. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los usuarios que indica, debido a que ya obra en autos la autorización correspondiente. En otro orden, glósese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada la sentencia dictada en autos; en consecuencia, notifíquese por medio de lista la citada resolución, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 449/2020, promovido por ... por propio derecho y la menor de iniciales ... (identidad protegida) por conducto de su representante especial; contra actos del Juez Vigésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintidós de septiembre siguiente, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un órgano jurisdiccional con residencia en la Ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La accionante de amparo indicó en su demanda que el acto reclamado es "la omisión (.) de dictar las medidas urgentes" solicitadas dentro del juicio de divorcio incausado 564/2020, del índice del Juzgado Vigésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar su integridad y la de su menor hija, ante supuestos actos de violencia cometidos por su contrario; y se diera con el paradero de la infante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Lo anterior encuentra justificación en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso de las omisiones imputadas a las autoridades jurisdiccionales, tal conducta traería como presupuesto lógico el planteamiento de una promoción, como deviene del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En la especie, no obstante que la promovente señala el acto como una omisión, lo cierto es que de la lectura integral de la demanda y de las constancias procesales, se obtiene que no es como tal un acto de naturaleza estrictamente negativa; ya que el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, es el pronunciamiento recibido a sus medidas, como ella misma lo refiere en el antecedente 6 de su demanda. Esto es, la quejosa imputa una omisión por parte del juez de dar contestación a una serie de medidas, no obstante, de lo aseverado por la accionante en su escrito inicial, es dable sostener que la materia del reclamo es en su caso una respuesta que se identifica, para la impetrante, como incompleta o deficiente. Así, no se está frente a una omisión conforme a la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay una contestación en el auto de nueve de septiembre pasado, dictado en el juicio de divorcio incausado de origen, lo que constituye el acto reclamado en este proceso constitucional. La fijación del acto reclamado, de la manera en que se hace, también encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Además, esta apreciación del acto es acorde con los derechos fundamentales de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que rigen a las relaciones de las partes y las autoridades dentro de juicio. Orienta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. ... ." TERCERO. Existencia. El juez responsable negó el acto reclamado, no obstante, manifiesta que emitió el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, el cual, como se indicó, es el que se reclama en este juicio, por lo que, debe desvirtuarse y tenerse por cierto. Certeza corroborada con las copias certificadas del proceso natural remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, este juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo , que prevé la improcedencia de la acción cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la parte quejosa no alega falta de llamamiento, además ha comparecido a defender sus derechos, lo cual denota su vinculación al juicio natural. Por lo que se concluye que la impetrante de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696 y 700, fracción I, todos del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, que disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. [.]" "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. [.]" "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. [.]" "Artículo 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término. Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días. Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso. También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado a la sala en el término de cinco días, y éste resolverá en igual plazo. Si el tribunal confirmare la resolución apelada, hará efectiva la garantía fijada por el juez o por el tribunal a favor de la contraparte." "Artículo 700. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; [.]" Como se aprecia de los numerales transcritos, el recurso de apelación es el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues a través de éste se puede lograr su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, queda inobservado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 1a./J. 116/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación de las normas que regulan la disolución del vínculo matrimonial, en relación con el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que fue especialmente creado para regular la procedencia de los recursos en el divorcio sin expresión de causa, se concluye que si bien es cierto que el citado numeral prevé que la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial (dictada en la primera etapa del juicio) es inapelable, sin establecer si las determinaciones intermedias emitidas en el juicio son o no susceptibles de impugnación, también lo es que ello, por sí solo, no conlleva a considerar que sean inimpugnables, porque de la exposición de motivos correspondiente se advierte que aun cuando el legislador consideró que el recurso de apelación no era procedente contra la resolución que decreta el divorcio, ello obedece a que el fin de la reforma fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita; sin embargo, de la indicada exposición no se colige que su intención haya sido hacer inimpugnables las diversas resoluciones que, por ser accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, pueden emitirse antes de decretarse el divorcio, pues el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no lo prohíbe; y si bien no pasa inadvertido que la reforma busca hacer más expedito, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad no debe interpretarse como una limitación al derecho de las partes de recurrir las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues éste sólo puede limitarse cuando la propia ley determine que son irrecurribles. Además, en la exposición de motivos expresamente se estableció que la reforma debía entenderse sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, de manera que si acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es "Ley Suprema de la Unión", y de él deriva que el Estado Mexicano se comprometió a desarrollar la oportunidad del recurso judicial a fin de garantizar que toda persona, que estime que sus derechos o libertades hayan sido violados, pueda tener acceso a un recurso efectivo, se sigue que al introducir esa reforma, la intención del legislador no fue dejar a las partes sin defensa contra las determinaciones intermedias emitidas en la primera etapa, pues esa interpretación es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, ya que favorece el derecho de acceso completo a la justicia, otorgando al gobernado una oportuna y adecuada defensa. En ese tenor, aunque en el juicio de divorcio existe la posibilidad de que se dicte sentencia en la que se determine la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo que ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y que es irrecurrible, no se puede desconocer que también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; hipótesis ésta en la que si bien el juzgador deberá dictar un auto definitivo en el que determine el divorcio, lo cierto es que el procedimiento, que es uno solo, deberá continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver todo lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía indeterminada; en consecuencia, como tal situación depende de la postura que asuman las partes en el procedimiento, se concluye que como la sentencia dictada en el juicio de divorcio después de que éste ha sido decretado, sí admite en su contra el recurso de apelación, entonces la causa en este tipo de juicio sí es apelable y, en consecuencia, las resoluciones dictadas durante el desarrollo del juicio, concretamente antes de la declaración de divorcio, también son recurribles a través de los recursos de revocación o apelación, dependiendo de la naturaleza de la determinación que se pretenda impugnar. Así de conformidad con los artículos 684, 685 y 691 del código procesal mencionado, el recurso de revocación será procedente si la resolución que se pretende combatir sólo es de trámite (decreto); en cambio, si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, el recurso procedente será el de apelación." No pasa desapercibido para el suscrito el hecho de que el auto reclamado pudiera calificarse como de imposible reparación, pues el criterio jurisprudencial 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", explica que aun tratándose de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, prevalece el principio de definitividad. De ahí que, en el caso, la peticionaria debió agotar el recurso de apelación por ser un medio de impugnación ordinario viable en el proceso natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.833 C de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." Tampoco es impedimento para resolver como se hace que la demanda se promoviera en representación de una niña, pues aún y cuando la Constitución Federal y el marco jurídico internacional aplicable obliga a los juzgadores a velar por el interés superior de los menores, ello no implica de ninguna manera que la suplencia que opera a su favor haga procedente lo improcedente; pues sostener esta afirmación, entrañaría materialmente una modificación al sistema de causales de improcedencia establecido en la propia Ley de Amparo, mismas que son de estudio preferente y oficioso. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así como, por analogía, la tesis 1a. XVII/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." Cabe destacar que en similares condiciones se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en la queja civil 3/2018, donde determinó: "[.] En ese contexto, y conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, específicamente los Títulos Decimosegundo y Decimosexto que contienen respectivamente, las reglas para los recursos y para las controversias del orden familiar tenemos que contra las resoluciones que se dicten en las controversias del orden familiar en relación con la custodia provisional, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; recurso que también podrá ser admitido en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. [.] En este tenor, si la resolución impugnada está determinanda la situación de guarda y custodia de una menor de edad, pero contra esa determinación procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata, que conforme a lo dispuesto por el artículo 696 puede suspenderse si así lo solicita la apelante; entonces es inconcuso que no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, previsto en la jurisprudencia invocada por la quejosa, puesto que para ello es forzoso que el recurso no admita la suspensión del acto reclamado. [.] Asimismo, el hecho de que el acto reclamado esté resolviendo sobre la situación de una menor de edad, respecto de la cual debe prevalecer su interés, ello tampoco constituye un caso de excepción a la regla contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha disposición es clara al establecer que contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio, procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se hayan agotado los recursos previstos en la ley ordinaria, sin que establezca que la participación de un menor de edad constituya un caso de excepción. [.] Por lo tanto, la figura del interés superior del menor, es insuficiente para estimar que no se actualiza la obligación de agotar los recursos que la ley ordinaria prevé; pues lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad. Lo mismo sucede con la suplencia de la queja, pues al respecto cabe señalar que si bien es cierto que la misma opera invariablemente cuando está de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia, o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo; esta suplencia exclusivamente tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive a un menor de edad de los derechos que le asisten, pero de ninguna manera llega al extremo de permitir que se dejen de observar las reglas ya establecidas para cada procedimiento específico; ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley, declarándose procedente lo improcedente y viceversa, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. [.]" Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que en la demanda de amparo la accionante indicara la incertidumbre sobre el paradero de la niña (petición de localización inmediata como medida suspensional) a fin de establecer la comunicación lo antes posible, sin embargo, de las constancias del juicio de origen se advierte que en audiencia de catorce de octubre de dos mil veinte (posterior a la presentación del escrito inicial), se llevó a cabo una plática con la menor quejosa y se aprobó provisionalmente un convenio entre las partes, donde pactaron lo relativo a la guarda y custodia a favor de la progenitora, así como un régimen de visitas y convivencias entre la menor y el actor, además de que la accionante de amparo manifestó cual sería el domicilio donde habitaría con su menor hija; lo cual permite sostener que respecto del paradero de la infante, tampoco resta materia para fallar en este asunto, pues a la fecha y mediante actos judiciales posteriores, se formalizó el régimen de custodia. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ... por propio derecho y la menor ... por conducto de su representante especial; contra actos del Juez Vigésimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, por las razones indicadas en esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. "

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