Sara Solís Madariaga
Expediente 1362/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Sara Solís Madariaga y Otros.
- Sara Solís Madariaga
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por *****, a través del cual da cumplimiento a la prevención de once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 009 a 12). En ese tenor, conviene precisar que, de un estudio integral del libelo constitucional, así como del escrito aclaratorio, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa esencialmente consiste en la citación emitida en el Registro de Atención *****, el cual considera no está fundado ni motivado, por tener el carácter de víctima del delito, en contra de las autoridades señaladas como: 1. Fiscal del Ministerio Público Investigador actuando en auxilio a la mesa de trámite número Seis, de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Jefe de Comandancia de la Policía Especializada, de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Atento a lo anterior, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del dispositivo transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica de la peticionaria; es decir, para que sea procedente el juicio de garantías, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien, en el segundo, por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, el criterio 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN". Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado por la quejosa en el presente juicio se hace consistir esencialmente en la orden de citación emitida en el Registro de Atención *****, la cual considera que no está fundada ni motivada por tener el carácter de víctima del delito, mismo que no le irroga perjuicio al no vulnerar directamente algún derecho subjetivo público o que produzca una afectación de imposible reparación. Ello, en virtud de que la citación por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal de la aquí quejosa, al tratarse de una simple comunicación del agente responsable, la cual deriva de un presupuesto adjetivo deducido de una facultad constitucional que encuentra apoyo en el artículo 21 constitucional, que lo autoriza para realizar la iniciación de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, valiéndose de todos los medios legales autorizados. En efecto, la integración del registro de atención *****, en el que tiene el carácter de víctima, no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen, pues incluso no constituye en sí una resolución que, en su caso, pudiera coartar su derecho de libertad, como lo sería en su caso, una en la que se determine la comparecencia a través de la fuerza pública. Por tanto, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola citación hecha a la quejosa *****, afecte su interés jurídico, dado que si el Ministerio Público envía el citatorio para la comparecencia ante él mismo, lo cual constituye una diligencia de carácter ministerial prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales ; dicho proceder se encuentra sustentado en una facultad constitucional prevista en el artículo 21 constitucional, que lo autoriza para realizar la iniciación de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, valiéndose de todos los medios legales autorizados; indagatoria en la que incluso la inconforme tiene el carácter de víctima. De manera que, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. Así, respecto del acto reclamado consistente en la citación, dictada en en el Registro de Atención *****, emitido por la autoridad ministerial, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el mismo no produce una afectación real y actual a la esfera de derechos de la quejosa, quien inclusive tiene el carácter de víctima en aquel, dado que se trata de una diligencia ministerial cuya finalidad lo es aclarar hechos posiblemente constitutivos de delito, que en su defecto se rige por el principio de voluntariedad, de manera que la peticionaria tiene la opción de presentarse o no ante la representación social. Aunado a que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ser de orden público y ningún agravio le irroga en su esfera jurídica a la inconforme, pues aun teniendo el carácter de indiciado en el registro de atención de origen, dicha circunstancia no incidiría en su libertad personal. De ahí que, al no ser evidente la emisión de orden de detención alguna o cualquier otra que vulnere el derecho a la libertad personal de la inconforme, es que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Asimismo, se sustenta lo anterior en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, de encabezado "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***** por notoria improcedencia. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Resulta aplicable, por las razones que expone, la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de epígrafe "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES". Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el oficio signado por el Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, en representación del Secretario de Hacienda y anexo, por medio el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la normativa en comento, circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.
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