Sara Salgado Manzur

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Sara Salgado Manzur

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por ****************, a través del cual devuelve el citatorio derivado de la notificación del auto de trece de enero del año en curso, dirigido a la quejosa y manifiesta que esta última no habita en el domicilio señalado en el presente juicio para oír y recibir notificaciones; asimismo, que ella no conoce a la quejosa, ni tiene interés en el expediente en que se actúa. Bajo esa tesitura, en términos del artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto de que se trata, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado; QUE A LA LETRA DICE, """""""""""""""""""Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario Judicial del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual remite el expediente 441/2021, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por *************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado El auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable en el expediente 441/2020, relativo al juicio oral mercantil, en el cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias de la ahora quejosa y a su vez se retenga el importe de $480,809.24 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve pesos 24/100 M.N.), como garantía de pago, el cual fue ordenado en sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil veintiuno. Autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Ecatepec, Estado de México. Ahora bien, este órgano jurisdiccional asume el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante. Formación de expediente Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Regístrese bajo el número 19/2022-III. Causales de improcedencia Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Respecto a la connotación que debe darse a la expresión "última resolución", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación a través del juicio de amparo de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Ahora bien, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable en el expediente 441/2020, relativo al juicio oral mercantil, en el cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias de la ahora quejosa y a su vez se retenga el importe de $480,809.24 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve pesos 24/100 M.N.), como garantía de pago, el cual fue ordenado en sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, dicho auto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio de origen, pues no se trata de aquella que apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Además, como la propia quejosa lo manifestó en el escrito de cuenta y se puede corroborar con las constancias que remitió la autoridad responsable, éste no es persona extraña a juicio, pues incluso compareció durante su tramitación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN.Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque la determinación reclamada no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo cual, aparece de lo expresado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y escrito de cuenta. Y es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo antes referida. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, así como al pasante de derecho, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle de la Orquídea número ciento trece, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54090, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; en consecuencia, se le tiene como domicilio para tal efecto las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale un domicilio en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en calle de la Orquídea número ciento trece, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54090. MEDIO ALTERNATIVO DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Cabe indicar que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la coordinadora de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificados de este auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.""""""""""""""""""""""""", en el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por este medio. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de uno de febrero del año en curso y por esta vía se notifica a la quejosa Sara Salgado Manzur el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, el cual, en lo que interesa, señala: (.) Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, y 217 de la Ley de Amparo (.) Ahora bien, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable en el expediente 441/2020, relativo al juicio oral mercantil, en el cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias de la ahora quejosa y a su vez se retenga el importe de $480,809.24 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve pesos 24/100 M.N.), como garantía de pago, el cual fue ordenado en sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, dicho auto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio de origen, pues no se trata de aquella que apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Además, como la propia quejosa lo manifestó en el escrito de cuenta y se puede corroborar con las constancias que remitió la autoridad responsable, éste no es persona extraña a juicio, pues incluso compareció durante su tramitación. (.) En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo antes referida.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario Judicial del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual remite el expediente 441/2021, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por *************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado El auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable en el expediente 441/2020, relativo al juicio oral mercantil, en el cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias de la ahora quejosa y a su vez se retenga el importe de $480,809.24 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve pesos 24/100 M.N.), como garantía de pago, el cual fue ordenado en sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil veintiuno. Autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Ecatepec, Estado de México. Ahora bien, este órgano jurisdiccional asume el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante. Formación de expediente Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Regístrese bajo el número 19/2022-III. Causales de improcedencia Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Respecto a la connotación que debe darse a la expresión "última resolución", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación a través del juicio de amparo de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Ahora bien, en la especie, la quejosa señala como acto reclamado el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable en el expediente 441/2020, relativo al juicio oral mercantil, en el cual se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias de la ahora quejosa y a su vez se retenga el importe de $480,809.24 (cuatrocientos ochenta mil ochocientos nueve pesos 24/100 M.N.), como garantía de pago, el cual fue ordenado en sentencia definitiva de seis de mayo de dos mil veintiuno; sin embargo, dicho auto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio de origen, pues no se trata de aquella que apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente. Además, como la propia quejosa lo manifestó en el escrito de cuenta y se puede corroborar con las constancias que remitió la autoridad responsable, éste no es persona extraña a juicio, pues incluso compareció durante su tramitación. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN.Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque la determinación reclamada no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo cual, aparece de lo expresado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y escrito de cuenta. Y es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contario sensu, y 217 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo antes referida. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, así como al pasante de derecho, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle de la Orquídea número ciento trece, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54090, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; en consecuencia, se le tiene como domicilio para tal efecto las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale un domicilio en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en calle de la Orquídea número ciento trece, colonia Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, código postal 54090. MEDIO ALTERNATIVO DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Cabe indicar que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la coordinadora de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificados de este auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.

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