Sara Romero López
Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara Romero López
Actuaciones
- Principal
.. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto concluido....
- Principal
...DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida Sara Romero López, contra actos del Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 18/2021-IX. Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, la que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de agotar la investigación y determinación de la carpeta de investigación número 1422/2018 del índice del Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz; y, la falta de notificación. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I.1º.A.J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese entendido, y a partir de los hechos narrados por la quejosa, se aprecia que para el análisis del acto reclamado son aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad, que en su carácter de ofendido en el año dos mil dieciocho, acudió a las instalaciones de la Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, para presentar denuncia o querella en contra de Mario Alberto Romero Gómez, por conductas delictivas que tipifican los delitos de daño y despojo, dando inicio a la carpeta de investigación 1422/2018 y a pesar de encontrarse todos los elementos de prueba necesarios y no existir diligencias pendientes por desahogar ante el referido fiscal, ha sido omiso en pronunciarse respecto a la carpeta a pesar de habérselo solicitado, dejándolo en estado de indefensión, pues no ha sido notificado. De lo antepuesto, este juzgado advierte que se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda que se deduce del artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas disposiciones jurídicas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El primero de los artículos transcritos no establece un supuesto de improcedencia en específico, pero constituye el fundamento de las hipótesis de inejercitabilidad que pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia ley. Esta consideración tiene sustento, por afinidad en la tesis 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO"." El precepto constitucional establece dentro del catálogo de derechos que tiene la víctima u ofendido de un delito, el impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte el artículo 109, siendo congruente con el texto constitucional, prevé como derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones en que incurra la representante social en el desempeño de sus funciones de investigación. Mientras que el precepto 258 establece el medio de defensa que podrán instar las partes en el procedimiento penal cuando impugnen la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica y funcional, es posible afirmar que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede no sólo contra las determinaciones del Ministerio Público ahí establecidas, sino también contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es así, pues de los artículos mencionados es posible concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora están sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad, lo que resulta congruente con el derecho constitucional reconocido en el artículo 20, inciso C), fracción VII, de nuestra carta fundamental, así como lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del referido código. Bajo esa consideración es válido sostener que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está limitado taxativamente a las determinaciones ahí previstas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que también comprende las omisiones a las que alude el artículo 20, inciso c), fracción VII, constitucional; por ello se afirma que sí es posible cuestionar cualquier actuación u omisión del representante social que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Esto es así, porque la interpretación realizada en ese sentido es conforme con el derecho reconocido a nivel constitucional y legal de facultar a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, lo que coincide con la finalidad del Juez de Control de revisar la actuación del Ministerio Público en el curso de una investigación, para, en su caso, conminarlo a que reanude la investigación y practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Luego, interpretados estos artículos en unión del diverso 61, fracción XXIII, de la Ley, es dable concluir que la víctima u ofendido debe impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la legislación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, de lo contrario, éste resultará improcedente, atento al principio de definitividad. Con base en estas consideraciones, es dable afirmar que si el acto reclamado consiste en el retraso indebido y la falta de inmediatez en las investigaciones respecto a los hechos denunciados en la carpeta de investigación 1422/2018 del índice de la fiscal responsable, iniciada en el año dos mil dieciocho, en la que figura como ofendida la quejosa se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las omisiones de la autoridad ministerial durante el desempeño de la investigación. Es aplicable al caso concreto las Jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, sustentadas respectivamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, en virtud de que fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo del año en curso, bajo el rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". En tales condiciones, procede desechar de plano la demanda, con base en el artículo 113, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente al licenciado Ángel Albino Yépez Zamudio, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que menciona, por no acreditar estar facultados en el mencionado sistema, ni proporcionar número de cédula profesional. Asimismo, téngase a la quejosa proporcionando el correo electrónico adjuridicointegral@hotmail.com y número telefónico 22-92-79-64-30, en donde puede ser localizada en caso de ser necesario establecer contacto. Lo anterior, en consideración a la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por correo electrónico, toda vez que dicho medio de comunicación aún no se encuentra autorizado en alguna disposición oficial para tal efecto, únicamente como ya se dijo para establecer contacto de ser necesario. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 14/01/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida Sara Romero López, contra actos del Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 18/2021-IX. Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar el asunto sin suspender el acto; congruente con ello, la que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de agotar la investigación y determinación de la carpeta de investigación número 1422/2018 del índice del Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz; y, la falta de notificación. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I.1º.A.J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese entendido, y a partir de los hechos narrados por la quejosa, se aprecia que para el análisis del acto reclamado son aplicables las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que manifestó bajo protesta de decir verdad, que en su carácter de ofendido en el año dos mil dieciocho, acudió a las instalaciones de la Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, para presentar denuncia o querella en contra de Mario Alberto Romero Gómez, por conductas delictivas que tipifican los delitos de daño y despojo, dando inicio a la carpeta de investigación 1422/2018 y a pesar de encontrarse todos los elementos de prueba necesarios y no existir diligencias pendientes por desahogar ante el referido fiscal, ha sido omiso en pronunciarse respecto a la carpeta a pesar de habérselo solicitado, dejándolo en estado de indefensión, pues no ha sido notificado. De lo antepuesto, este juzgado advierte que se materializa el supuesto de improcedencia de la demanda que se deduce del artículo 61, fracción XXIII de la Ley, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas disposiciones jurídicas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." El primero de los artículos transcritos no establece un supuesto de improcedencia en específico, pero constituye el fundamento de las hipótesis de inejercitabilidad que pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia ley. Esta consideración tiene sustento, por afinidad en la tesis 2a. LXXXVI/99, la cual interpreta la fracción XVII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO"." El precepto constitucional establece dentro del catálogo de derechos que tiene la víctima u ofendido de un delito, el impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación; así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte el artículo 109, siendo congruente con el texto constitucional, prevé como derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones en que incurra la representante social en el desempeño de sus funciones de investigación. Mientras que el precepto 258 establece el medio de defensa que podrán instar las partes en el procedimiento penal cuando impugnen la determinación del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción. Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica y funcional, es posible afirmar que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede no sólo contra las determinaciones del Ministerio Público ahí establecidas, sino también contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto es así, pues de los artículos mencionados es posible concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora están sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad, lo que resulta congruente con el derecho constitucional reconocido en el artículo 20, inciso C), fracción VII, de nuestra carta fundamental, así como lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del referido código. Bajo esa consideración es válido sostener que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no está limitado taxativamente a las determinaciones ahí previstas (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que también comprende las omisiones a las que alude el artículo 20, inciso c), fracción VII, constitucional; por ello se afirma que sí es posible cuestionar cualquier actuación u omisión del representante social que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Esto es así, porque la interpretación realizada en ese sentido es conforme con el derecho reconocido a nivel constitucional y legal de facultar a la víctima u ofendido para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, lo que coincide con la finalidad del Juez de Control de revisar la actuación del Ministerio Público en el curso de una investigación, para, en su caso, conminarlo a que reanude la investigación y practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Luego, interpretados estos artículos en unión del diverso 61, fracción XXIII, de la Ley, es dable concluir que la víctima u ofendido debe impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el citado numeral 258 de la legislación en comento, antes de acudir al juicio de amparo, de lo contrario, éste resultará improcedente, atento al principio de definitividad. Con base en estas consideraciones, es dable afirmar que si el acto reclamado consiste en el retraso indebido y la falta de inmediatez en las investigaciones respecto a los hechos denunciados en la carpeta de investigación 1422/2018 del índice de la fiscal responsable, iniciada en el año dos mil dieciocho, en la que figura como ofendida la quejosa se actualiza la causa de improcedencia invocada, en razón de que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las omisiones de la autoridad ministerial durante el desempeño de la investigación. Es aplicable al caso concreto las Jurisprudencias 27/2018 y 28/2018, sustentadas respectivamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, en virtud de que fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo del año en curso, bajo el rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". En tales condiciones, procede desechar de plano la demanda, con base en el artículo 113, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo; como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente al licenciado Ángel Albino Yépez Zamudio, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que menciona, por no acreditar estar facultados en el mencionado sistema, ni proporcionar número de cédula profesional. Asimismo, téngase a la quejosa proporcionando el correo electrónico adjuridicointegral@hotmail.com y número telefónico 22-92-79-64-30, en donde puede ser localizada en caso de ser necesario establecer contacto. Lo anterior, en consideración a la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por correo electrónico, toda vez que dicho medio de comunicación aún no se encuentra autorizado en alguna disposición oficial para tal efecto, únicamente como ya se dijo para establecer contacto de ser necesario. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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