Sara Rodríguez Ferrales
Expediente 1272/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/12/2022
Partes del expediente
- Sara Rodríguez Ferrales
- Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, residente en Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del expediente administrativo migratorio instruido a la quejosa Sara Rodríguez Ferrales del que se advierte que se expidió a la referida quejosa documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con el cual fue puesta en completa libertad el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, se advierte que el presente juicio resulta improcedente de manera notoria, manifiesta e indudable por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." En sustento, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie Sara Rodríguez Ferrales, señaló como actos reclamados a las autoridades responsables los siguientes: "I. ACTOS RECLAMADOS: 1. RECLAMO LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS MIGRANTES Y DE LA QUEJOSA EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INSCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $25,000.00 (VIENTICINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A LA QUEJOSA, PARA PODER SALIR AMPARADA BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACION. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE LA QUEJOSA HA SIDO OBJETO, SIN QUE HAYA COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUE LLAMADA A JUICIO, NI EMPLAZADA, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HA SIDO PRIVADA DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LE OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LA AMPARISTA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLE A LA QUEJOSA, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LA QUEJOSA PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD CUBANA. 7. RECLAMAMOS LA ACTUAL E INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O REPATRACIÓN ASISTIDA O ''POR RAZONES HUMANITARIAS'' AL PAÍS DE ORIGEN DE LA QUEJOSA SIN SU CONSENTIMIENTO. 8. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE TAMBIÉN RECLAMAMOS EL ACTUAL E INMINENTE RIESGO DE QUE LA QUEJOSA SEA TRASLADADA A UNA ESTACIÓN MIGRATORIA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRA EN (MEXICALI, B.C.), DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. PRACTICA QUE ACTUALMENTE REALIZAN LAS RESPONSABLES, ADSCRITAS A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR LO TANTO, ES UN TEMOR FUNDADO, ESTE ACTO QUE SE RECLAMA. 9. ACTUALMENTE, LA AQUÍ QUEJOSA SE ENCUENTRA DETENIDA, RETENIDA, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADA, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." Sin embargo, de las constancias antes señaladas, se desprende que al ser irregular la situación migratoria de la impetrante de nacionalidad cubana, en el territorio nacional, se le instruyó un procedimiento administrativo migratorio, en el que el dieciocho de agosto del año en curso, se le expidió documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, con una vigencia de cuarenta y cinco días, para efecto de que prosiguiera con la regularización de su situación migratoria en libertad, por lo que en esa data egresó de la Estación Migratoria en la que se encontraba en calidad de alojada. Documentales públicas a las que asiste valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2°. En esa virtud, se pone en evidencia que con el egreso de la amparista de la Estación Migratoria en la que se encontraba alojada, bajo el amparo del documento aludido, a fin de continuar su trámite migratorio en libertad, han cesado los efectos de los actos reclamados, por lo que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de las supuestas violaciones constitucionales, como si los actos reclamados no hubieran invadido su esfera jurídica, lo que motiva el sobreseimiento en este juicio, ya que al haber quedado en libertad la quejosa, desaparecieron los efectos de los actos reclamados antes citados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad a la que se atribuyen deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos de los actos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al advertirse la actualización de la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, respecto de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que tendría verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, funge como nuevo titular de este órgano el licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez; de conformidad con la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, según oficio SEADS/670/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en remitir copia certificada de las constancias relativas al expediente administrativo de migración que en su caso se haya formado a la quejosa SARA RODRÍGUEZ FERRALES, requeridas por este juzgado, no obstante de estar debidamente notificada para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA a la autoridad Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de la quejosa Sara Rodríguez Ferrales, a fin de resolver en definitiva el presente juicio; o informe el impedimento legal que tengan para ello. En la inteligencia, que de hacer caso omiso a lo aquí solicitado en el término que para tal efecto se le concede, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con fundamento en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen de que acontezca lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades Sub representante del Instituto Nacional de Migración, y encargado de la Estación Migratoria en Mexicali, ambas con sede en esta ciudad, fueron omisas en remitir copia certificada de las constancias relativas al expediente administrativo de migración que en su caso se haya formado relativo a la quejosa Sara Rodríguez Ferrales, requeridas por este juzgado, no obstante de estar debidamente notificada para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA a la autoridad Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al procedimiento administrativo migratorio instaurado en contra de la quejosa Sara Rodríguez Ferrales, a fin de resolver en definitiva el presente juicio; o informe el impedimento legal que tengan para ello. En la inteligencia, que de hacer caso omiso a lo aquí solicitado en el término que para tal efecto se le concede, se le impondrá una multa de CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, con fundamento en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen de que acontezca lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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