Sara Reyes Cuevas

Expediente 573/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
573/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Sara Reyes Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Firme desechamiento. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por ******, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración documental.**** Destino del expediente, es destruible en tres años. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruible en el plazo de tres años. **** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general.*** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, *****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Juez Segundo Civil de Partid de Acámbaro, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 573/2022-I, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en el expediente *****, del índice de la responsable; en la cual se confirmó el auto de veinticuatro de marzo del año en curso, en el que entre otras cosas se determinó dejar a disposición de la ahora quejosa certificado de depósito endosado, en el entendido que queda a su cargo el pago de los impuestos ocasionados por la venta de bien inmueble, de conformidad con el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:*** A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*** Improcedencia por no ser última resolución en ejecución de sentencia. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo.**** Análisis del caso concreto. De lo reseñado en la demanda constitucional se desprende que ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Acámbaro, Guanajuato, la quejosa fue demandada por la división de la cosa común respecto del inmueble ubicado en ***** de tal municipio, correspondió el número de expediente ***. Seguido el procedimiento, se dictó sentencia que determinó la procedencia de la acción instaurada; inconforme, la ahí accionante interpuso recurso de apelación, correspondió tramitarlo a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, radicado como toca ****, revocó la sentencia impugnada y determinó que, al no permitir el inmueble cómoda división, debía en consecuencia ponerse a venta judicial a venta judicial. La aquí quejosa, promovió el juicio de amparo directo ****del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Guanajuato, negó la protección constitucional solicitada. El once de octubre de dos mil veintiuno, se verificó diligencia de venta judicial de inmueble, se declaró legal la postura ofertada por la actora inicial (a quien correspondía el setenta por ciento del inmueble) y, depositó en cheque la cantidad restante; derivado de solicitud, se determinó que de la cantidad avalada por el referido documento, debía retenerse la cantidad relativa al impuesto sobre la renta; frente a esa determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación, se resolvió en contraposición a su aspiración. Luego, la referida ****, solicitó el endoso del cheque aludido (que avala el valor del **** por ciento del inmueble), a lo que recayó el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, determinó favorable tal solicitud con la premisa que estará a su cargo el pago del impuesto sobre la renta que generó la venta del bien raíz materia de la controversia. Contra a ese proveído, interpuso recurso de revocación, mismo que se resolvió el dos de mayo actual, confirmó la determinación debatida. Resolución que constituye el reclamo constitucional en el presente asunto y no resulta ser la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco resulta ser un auto que ordena el archivo definitivo del expediente. Por lo que, el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, tan es así que no se ha tirado todavía la escritura pública respectiva, incluso, el expediente principal no se ha remitido al notario Público; y la determinación recurrida, resulta ser una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma y no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución.*** Lo anterior pone en evidencia además que, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.*** Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Consulta del expediente físico previa cita que se genere en el sistema.

  3. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, *****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Juez Segundo Civil de Partid de Acámbaro, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 573/2022-I, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en el expediente *****, del índice de la responsable; en la cual se confirmó el auto de veinticuatro de marzo del año en curso, en el que entre otras cosas se determinó dejar a disposición de la ahora quejosa certificado de depósito endosado, en el entendido que queda a su cargo el pago de los impuestos ocasionados por la venta de bien inmueble, de conformidad con el artículo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:*** A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*** Improcedencia por no ser última resolución en ejecución de sentencia. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo.**** Análisis del caso concreto. De lo reseñado en la demanda constitucional se desprende que ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Acámbaro, Guanajuato, la quejosa fue demandada por la división de la cosa común respecto del inmueble ubicado en ***** de tal municipio, correspondió el número de expediente ***. Seguido el procedimiento, se dictó sentencia que determinó la procedencia de la acción instaurada; inconforme, la ahí accionante interpuso recurso de apelación, correspondió tramitarlo a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, radicado como toca ****, revocó la sentencia impugnada y determinó que, al no permitir el inmueble cómoda división, debía en consecuencia ponerse a venta judicial a venta judicial. La aquí quejosa, promovió el juicio de amparo directo ****del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Guanajuato, negó la protección constitucional solicitada. El once de octubre de dos mil veintiuno, se verificó diligencia de venta judicial de inmueble, se declaró legal la postura ofertada por la actora inicial (a quien correspondía el setenta por ciento del inmueble) y, depositó en cheque la cantidad restante; derivado de solicitud, se determinó que de la cantidad avalada por el referido documento, debía retenerse la cantidad relativa al impuesto sobre la renta; frente a esa determinación, la ahora quejosa interpuso recurso de apelación, se resolvió en contraposición a su aspiración. Luego, la referida ****, solicitó el endoso del cheque aludido (que avala el valor del **** por ciento del inmueble), a lo que recayó el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, determinó favorable tal solicitud con la premisa que estará a su cargo el pago del impuesto sobre la renta que generó la venta del bien raíz materia de la controversia. Contra a ese proveído, interpuso recurso de revocación, mismo que se resolvió el dos de mayo actual, confirmó la determinación debatida. Resolución que constituye el reclamo constitucional en el presente asunto y no resulta ser la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco resulta ser un auto que ordena el archivo definitivo del expediente. Por lo que, el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, tan es así que no se ha tirado todavía la escritura pública respectiva, incluso, el expediente principal no se ha remitido al notario Público; y la determinación recurrida, resulta ser una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma y no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución.*** Lo anterior pone en evidencia además que, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera). Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.*** Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. 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