Sara Quiroz Chapa

Expediente 1205/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1205/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2016

Partes del expediente

  • Sara Quiroz Chapa

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, mediante el cual comunica la recepción del oficio 34231/2016, por el que este Juzgado de Distrito le remitió copia certificada de la ejecutoria emitida en la sesión celebrada el catorce de abril de dos mil dieciséis, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de revisión 59/2015; asimismo, remite copia simple del acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, en el recurso de revisión 68/2014-09 de su estadística, circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Atento a la certificación de cuenta y toda vez que la parte quejosa no desahogó la prevención realizada en auto de dieciocho de agosto del año en curso (fojas 16 a 18), en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por tanto se procede a proveer lo conducente, respecto a la demanda de amparo promovida por Sara Quiroz Chapa, por propio derecho, contra actos del Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura integra al escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en: La emisión del oficio JCEM/CDV/112, por el Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se le invita al propietario o representante legal de "Maxicable" a acudir a las oficinas de la Unidad Jurídica y Consultiva de dicho Organismo, para llevar a cabo la actualización de toda la información necesaria para la regularización de las obligaciones derivadas de la instalación y permanencia de estructuras con anuncios informativos de su marca, comercio y/o razón social, cruzamiento e instalaciones marginales, accesos y salidas a la infraestructura vial primara libre de peaje. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En relación con las nociones de agravio y de legitimación para interponer un medio de defensa o recurso contra la resolución el acto que lo ocasiona, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas de orden teórico: Para Hernando Devis Echandía por recurso o medio de defensa se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el propio juez que profirió una providencia, su superior o quien por ley deba hacerlo la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El citado autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores del juez que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto y actual respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo -concluye- puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En cuanto al tema, Hugo Alsina dice que los recursos o medios de defensa son aquellos que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponerlos constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, aquéllos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, en consecuencia, a ellas corresponde su deducción; pero hay casos en que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. En consecuencia, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso y por eso se concede aun a los que no siendo partes en el proceso sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, sin que proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte. Por su parte, Eduardo Pallares sostiene al respecto que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un "agravio" por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor ha enseñado que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los medios de impugnación son los que otorga la ley a las partes o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, incluso, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine su revocación o modificación, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para interponerlo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa, lo que ha producido el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso". Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que la promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que el acto reclamado no le causa agravio material en su esfera jurídica, pues el que oficio JCEM/CDV/112, emitido por el Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, va dirigido a una persona moral cuya representación y/o propiedad no acredita la quejosa, por lo que resulta evidente que el acto que aquí reclama la promovente no le causa un agravio personal y directo, en razón de que el acto reclamado no está dirigido a su persona. Lo anterior, sin que obste que la promovente manifieste ser la propietaria de la moral Maxicable, sin embargo, no exhibe documento fehaciente que así lo acredite, no obstante que por auto de de dieciocho de agosto del año en curso, se le concedió el término de cinco días hábiles, a fin de que manifestará si acudía a la esta vía constitucional únicamente por propio derecho, o bien como representante legal de la moral en cita, sin que al efecto haya desahogado dicha prevención, por tanto, no basta que la recurrente se considere agraviada, sino que es necesario, además, que esté legitimada para interponer el juicio de amparo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa. Por tanto, lo que al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Con independencia de lo anterior, aun y cuando en el caso la promovente del amparo hubiere presentado la demanda en representación de "Maxicable", se afirma que en el acto reclamado relativo al oficio JCEM/CDV/112, emitido por el Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México; no le causa perjuicio en razón de que del oficio de referencia se advierten las siguientes consideraciones: 1) Se trata de un oficio o carta invitación emitida por el Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México. 2) Se comunica al destinatario que la responsable se encuentra actualizando el Registro de establecimientos, por cuanto al uso y aprovechamiento del derecho de vía en la infraestructura vial primaria libre de peaje. 3) Se invita al destinatario acudir a las Oficinas de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, con sede en Ixtapan de la Sal, para llevar a cabo la actualización de toda la información necesaria para la regularización de las obligaciones derivadas de la instalación y permanencia de estructuras con anuncios informativos de su marca, comercio y/o razón social, cruzamientos e instalaciones marginales, accesos y salidas a la infraestructura vial primaria libre de peaje. En este tenor, se aprecia del análisis del oficio reclamado, que este constituye una carta invitación emitida por la autoridad responsable para que el destinatario regularice sus obligaciones derivadas de la instalación y permanencia de estructuras con anuncios informativos de su marca, comercio y/o razón social, cruzamientos e instalaciones marginales, accesos y salidas a la infraestructura vial primaria libre de peaje. Como se aprecia, la carta invitación no genera un perjuicio al destinatario traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque solamente se le comunica que la autoridad responsable se encuentra actualizando el Registro de establecimiento, por cuanto al uso y aprovechamiento del derecho de vía en la infraestructura vial primaria libre de peaje, por lo que se le invita a acudir a las Oficinas de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, con sede en Ixtapan de la Sal, para llevar a cabo la actualización de toda la información necesaria para la regularización de las obligaciones derivadas de la instalación y permanencia de estructuras con anuncios informativos de su marca, comercio y/o razón social, cruzamientos e instalaciones marginales, accesos y salidas a la infraestructura vial primaria libre de peaje; empero además se le indica que en caso de encontrarse al corriente deberá hacer caso omiso a tal oficio; por lo cual se advierte que no se establece sanción o consecuencia jurídica desfavorable alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, ese documento verdaderamente constituye un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del gobernado, causándole perjuicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por Sara Quiroz Chapa, por propio derecho, contra actos del Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México por notoriamente improcedente. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.

  3. Principal

    IV.-Visto el oficio de cuenta signado por el Delegado del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al proveído de doce de agosto actual, manifiesta su imposibilidad para remitir las constancias que le fueron peticionadas, a saber: 1. Acta de asamblea de fecha cinco de marzo de dos mil once. 2. Acta de asamblea de veintinueve de marzo de dos mil quince. Pues al efecto refiere, que por lo que atañe a la identificada con el arábigo 1, no localizó ingreso y/o inscripción de acta de asamblea de dicha fecha; y por lo que atañe a la referida en el numeral 2°, refiere que a ésta le recayó calificación registral negativa y por ende, su contenido no fue inscrito en el protocolo de dicha delegación, anexado copia certificada de la constancia con la que aduce acreditar su dicho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, agréguese a los autos y téngase por vertidas sus manifestaciones para los efectos legales correspondientes, asimismo, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito. Por otro lado, visto el estado procesal del sumario, del cual se advierte que mediante proveído de dieciocho de agosto actual, se ordenó dar nuevamente vista por tres días al Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepexoyuca reconocido en autos, esto es, a través de Marcelino Pascual Narváez de la O, Armando González Corona y Apolinar Gómez Mejía, en su respectivo carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al incidente de personalidad aperturado en autos; sin que al efecto hubiese transcurrido el citado término perentorio; razón por la cual, se ordena diferir la audiencia relativa al citado incidente de personalidad prevista para celebrarse el día de hoy, por lo que se fija como nueva fecha las nueve horas con treinta minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, para su verificativo.

  4. Principal

    IV.-Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte que no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes tengan a la vista las constancias remitidas por el Juez Supernumerario del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, se dejó a la vista de las partes para que se impusieran de él, el cual se notificó por medio de lista el nueve siguiente; en consecuencia, para dar margen a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.

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