Sara Moreno Angeles
Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Sara Moreno Angeles
Actuaciones
- Principal
Mesa VI CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, no fue recurrido por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo en comento conforme a su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el presente asunto (artículo 21, inciso a), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Citatorio parte quejosa se hace efectivo el apercibimiento y se notificaciones por lista el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en el que. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Vale de Toluca, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias. PRUEBAS. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la responsable. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Sara Moreno Ángeles, reclamó de la Junta Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral J2/237/2020. Ahora bien, de la copia certificada anexada al oficio de cuenta, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Vale de Toluca a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que el trece de septiembre de dos mil veintidós se dictó el laudo correspondiente dentro del expediente laboral J2/237/2020. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veintidós; así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y al físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Vale de Toluca, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias. PRUEBAS. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la responsable. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Sara Moreno Ángeles, reclamó de la Junta Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral J2/237/2020. Ahora bien, de la copia certificada anexada al oficio de cuenta, remitido por la Presidenta de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Vale de Toluca a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que el trece de septiembre de dos mil veintidós se dictó el laudo correspondiente dentro del expediente laboral J2/237/2020. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veintidós; así como todas las medidas y determinaciones decretadas con motivo de su tramitación. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Moreno Ángeles Sara, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1388/2022-VI ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se obtiene que se reclama la omisión de la responsable de dictar el laudo en el expediente laboral J2/237/2020. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual, también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los oficios SEPLE/GEN./001/125/2022 y SEPLE/158/2022, y anexos correspondientes. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que integran el expediente de donde deriva el acto reclamado; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada, telegrama o al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no rendir su informe ni remita las constancias señaladas que lo justifiquen, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y APERCIBIMIENTO DE MULTA. Asimismo, con apoyo en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En el presente asunto se estima que no existe tercero interesado, pues la contraparte del quejoso también está interesada en que se concluya el juicio de origen; de ahí, que no se ubique en el supuesto del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo la Jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Toda vez que se refiere a la Ley de Amparo abrogada y en el presente caso, prevalece el derecho a la administración de una justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 17 Constitucional DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 26 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tienen por autorizados a José Manuel Morales Molina, Lucero Viviana Arellano Juárez, Alfredo Molina Fierro, Jaime Morales Molina y Lucero Cadena Hernández en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto cuente con el registro electrónico de sus cédulas profesionales, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." PRUEBAS. Ahora bien, respecto de las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental pública de actuaciones, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. En cuanto a la documental referente al juicio laboral de origen, resérvese proveer sobre dicho medio de convicción hasta en tanto obre en autos el informe que se solicitó a la autoridad responsable. Sin que resulte necesario requerir dichas constancias pues como se dijo en párrafos precedentes la autoridad responsable al momento de emitir su informe justificado deberá remitir copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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