Sara Miriam Flores Robles
Expediente 719/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sara Miriam Flores Robles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el nueve de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por --- no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve --------------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 719/2016-VI, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, primeramente es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1.- ------------, en su carácter de endosatario en procuración de ----------------, demandó en la vía ejecutiva mercantil, a la quejosa ----------, las siguientes prestaciones: - Por concepto de suerte principal la cantidad de ciento cincuenta mil pesos. 2.- El Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, admitió la demanda, la cual registró como juicio ejecutivo mercantil bajo el número ------------. 3.- El seis de julio de dos mil dieciséis, la aquí quejosa dio contestación a la demanda referida, ofertando diversos medios de prueba. 4.- El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, determinó entre otras cuestiones, no admitir la prueba pericial grafoscopica a cargo de -----------, presunción legal y humana e instrumental de actuaciones, toda vez que no reúne los requisitos del numeral 1198, del Código de Comercio en relación al artículo 1203, del citado cuerpo de leyes -determinación que ahora constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En este apartado, debemos precisar que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinticinco de agosto del presente año, emitido por el Juez Cuarto Civil de Partido Judicial, de esta ciudad, dentro del expediente ejecutivo mercantil ----------, por el cual determinó no admitir la prueba pericial grafoscopica a cargo de -----------, presunción legal y humana e instrumental de actuaciones, ofertadas por la hoy quejosa en el juicio de origen, toda vez que no reunían los requisitos del numeral 1198, del Código de Comercio en relación al artículo 1203, del citado cuerpo de leyes. Atento a lo anterior, se obtiene que dada la naturaleza de la determinación reclamada, es inconcuso que el promovente se encontraba en aptitud de impugnarla a través del recurso ordinario que para tal efecto establece el artículo 1334 del Código de Comercio, como en la especie lo es el recurso de revocación, conforme a las reglas que para tal efecto señala el diverso numeral 1335 de ese propio ordenamiento legal. El mencionado artículo 1334, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." Se afirma lo anterior, en razón de que la resolución reclamada en esta instancia constitucional puede ser modificada, revocada o nulificada, por lo que al no haber hecho valer el recurso respectivo previamente a la interposición del juicio constitucional, deviene improcedente su demanda de garantías, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose en el caso a estudio, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente. En efecto, cuando la ley establece un recurso, como en la especie acontece, implícitamente reconoce que con su interposición podrá revisarse el acto que se impugna, por constituir un medio legal a través del cual se combaten las resoluciones judiciales que las partes en un juicio estiman les causan agravios, con independencia de la denominación que tenga el recurso de que se trate. Además, generalmente, salvo disposición expresa de la propia ley, el referido medio legal de defensa lleva implícita la posibilidad de que la determinación judicial impugnada quede sin efecto, pues de otra manera no podría justificarse la existencia del mismo; de tal suerte que, con la resolución que se dicte en el recurso de revocación se podrá revocar total o parcialmente el acto impugnado. En consecuencia, cuando la ley consigna que en contra de un determinado acto judicial existe un medio de defensa legal mediante el cual pueda obtenerse alguno de los resultados antes indicados, ello será suficiente para que la parte que se considera agraviada tenga la obligación de agotar el recurso previsto en la ley ordinaria, como en el caso lo es el recurso de revocación, antes de acudir a esta instancia constitucional, en atención al invocado principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, mismo que establece la procedencia de este medio extraordinario de defensa únicamente respecto de actos definitivos; es decir, contra aquellos que no admitan recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la especie, el acuerdo combatido en esta vía, no es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, habida cuenta que el artículo 1340 del Código de Comercio, en lo conducente establece que el recurso de apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto por concepto de suerte principal sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), luego, si la suerte principal del juicio de origen asciende a la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), según se desprende en el capítulo de antecedentes que señala la parte quejosa en su demanda de amparo, y se corrobora con las documentales anexas a la misma, por lo que, se concluye que resulta improcedente el recurso de apelación previsto en la legislación mercantil, contra la resolución que se combate. Por lo tanto, el auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el que determinó no admitir la prueba pericial grafoscopica a cargo de -------------------, presunción legal y humana e instrumental de actuaciones, ofertadas por la hoy quejosa en el juicio de origen, toda vez que no reunían los requisitos del numeral 1198, del Código de Comercio en relación al artículo 1203, del citado cuerpo de leyes, es impugnable a través del recurso de revocación en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, que en lo conducente dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. En consecuencia, al no haber hecho uso en su oportunidad el peticionario de garantías del recurso ordinario que se encuentra contemplado en el artículo 1334 del Código de Comercio, no observó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y por tanto, la demanda que se plantea resulta improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió haber agotado el medio de defensa legal a que se ha hecho mérito; empero, al no hacerlo dejó de acatar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por ------------. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a ---------- y ----------, en razón de que sí cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho inscrita en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que al resto, en términos restringidos del numeral referido. Así, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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