Sara María Vega Salas
Expediente 1203/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara María Vega Salas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, en representación de las autoridades 1. y 2., recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. En atención a su contenido y en cumplimiento al requerimiento realizado por las misivas 34068 y 34069 de fecha veintiuno de noviembre de la presente anualidad, rinde su informe sobre la suspensión de plano concedida en este asunto. De igual forma, se tiene por recibido la misiva remitida en línea signado de manera electrónica por el secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene devolviendo DILIGENCIADO el exhorto 541/2023-E/III/AADM (número de orden 1964/2023) que se libró a efecto de que entregaran los oficios a las autoridades con residencia en el domicilio del juzgado exhortado. Dese de baja el exhorto de mérito, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico correspondiente. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el escrito enviado en línea, signado de manera electrónica por la licenciada ********************, y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que el directo quejoso fue puesto en libertad, por lo que se desiste del juicio de amparo. En esas condiciones y toda vez que de autos se advierte que el veintiuno del mes y año en curso este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, por tanto, una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que le correspondió conocer de dicha demanda, se acordará lo procedente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco del actual, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. Por otra parte, atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente asunto promovido por Mario Alberto Torres Martínez en su carácter de asesor jurídico de Sebastián Axel Quiróz Márquez. Inconforme con dicha determinación el solicitante de amparo interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta localidad, el cual en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, revocó la sentencia para en su lugar conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".. I. Deje insubsistente la resolución reclamada II. Fije una nueva audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta en la que decrete el cese de la prisión preventiva como justificada en contra del aquí accionante constitucional. III. Otorgue oportunidad a las partes de que se debata la imposición de cualquier otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (con excepción de la prisión preventiva justificada por los mismos motivos considerados en esta ejecutoria, ni tampoco la oficiosa por ser inconvencional), conforme con lo establecido en los artículos 161 y demás aplicables de dicho código procesal; y, en su caso, se desahoguen los medios de prueba que se presenten por las partes. IV. Resuelva nuevamente sobre la revisión de la medida cautelar aplicable al imputado. Lo anterior, en el entendido de que conforme con lo señalado en el propio numeral 155 de la legislación procesal en cita, atendiendo a lo que expongan las partes, el Juez de control responsable estará en facultad de imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en las fracciones I a XIII, del citado dispositivo legal, que considere adecuadas y razonables para garantizar la comparecencia del imputado, aquí quejoso, al proceso penal acusatorio de origen, así como la protección de las víctimas para dictar las órdenes necesarias que garanticen su cumplimiento." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Titular del Juzgado de Control de Procesos y Procedimiento Penal Oral, Sala B, en el Distrito Judicial de Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de seis de noviembre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior en atención al oficio número 1593/2023, signado por la Juez de Control y enjuiciamiento adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral del XVII Distrito Judicial Sala "B" en Veracruz, Veracruz, informó que emitió el auto de dieciséis de octubre del año en curso, en el cual fijó las diecisiete horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, solicitada en autos del proceso penal 59/2022 en contra del directo quejoso Sebastián Axel Quiróz Márquez, por su probable intervención en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de Mirna Lortia Zamudio. Posteriormente, con oficio número 1675/2023, la Juez responsable, informó lo acontecido en la audiencia celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a fin de justificar dicho acto jurídico, remitió copia del audio y video que contiene la referida audiencia, de la cual se desprende los siguientes argumentos y conclusiones: En acatamiento a la ejecutoria federal señaló fecha y hora para celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar, en ese mismo acto ordenó dejar sin efectos la medida impuesta anteriormente de prisión preventiva oficiosa (minuto 7:32) Acto seguido en uso de la voz, la Fiscal cito los artículo, 1°, 8° 14°, 16°, 19°, 20°, 21°, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como los diverso 153°, 154°, 155° fracción XIII y 161° y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y solicitó como medida cautelar el resguardo domiciliario del imputado Sebastián Axel Quiróz Márquez, en el domicilio ubicado en calle cerro colorado, número noventa y nueve, entre calle Popocatépetl e Iztaccíhuatl del Fraccionamiento lomas del coyol en Veracruz, Veracruz, por el delito de violencia física y psicológica (minuto 9:41). En ese sentido, continuó argumentando motivos y justificaciones a fin de obtener la medida cautelar solicitada, en lo conducente ante el temor de la víctima directa y el riesgo de interrumpir la investigación en caso de substraerse de la acción de la justicia; máxime que al encontrarse el proceso penal en fase intermedia no se violenta el principio de presunción de inocencia al contar actualmente con la calidad de acusado; sin soslayar los temas relevantes de perspectiva de género, así como valorar las circunstancias de los hechos y en estricto cuidado de los testigos ante el temor de sufrir atentados a su persona (minuto 14:48 a 15:56). Posteriormente, a fin de justificar lo narrado la Fiscal exhibió datos de pruebas, consistentes en dictamen psicológico realizado a la víctima Mirna Lortia Zamudio, en el cual la psicóloga adscrita a la Delegación de Servicios Periciales en Veracruz, realizó valoración de la víctima determinando que sufre de temor por los hechos sucedidos, e insegura de los actos que pueda realizar el acusado, y requiere de terapia psicológica, así como al considerar oficio PM/5413/2023, en el cual los elementos de la Policía Ministerial, se dieron a la tarea de cerciorar el domicilio del imputado en el cual solicitó el resguardo domiciliario, así también citó el oficio SSP/DGPRS/SMC/ERP/3883/2023, relativo a la opinión técnica de riesgos procesales signado por la Jefa de Medidas Cautelares, donde manifestó el grado de riesgo para la victima directa al obtener una medida cautelar diversa, y en caso de resultar favorable una temporalidad de seis meses de dicha medida cautelar (minuto 20:40). En uso de la voz la Asesora Jurídica, manifestó encontrarse de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscal y aceptó la misma bajo el estudio del dictamen psicológico donde fue valorada la victima directa y fue diagnosticada con secuelas psicológicas y temor por el acusado (minuto 21:10 a 22:40). Seguidamente en uso de la voz, el defensor del aquí quejoso bajo el principio de contradicción solicitó diversa medida cautelar siendo la firma periódica y una medida económica, al no existir elementos para presumir supuestos actos futuros de violencia hacía la víctima o testigos (minuto 23:00). En ese orden de ideas, la Juez responsable procedió al debate de dichas manifestaciones concediendo el uso de la voz a la Fiscal, quien manifestó inconformidad en la medida solicitada por la defensa del acusado; toda vez que fue omiso en motivar dicha solicitud, así como el hecho de omitir la temporalidad de la firma periódica y el monto de la reparación económica (minuto 25:26 a 25:50). Acto seguido, en uso de la voz la defensa de la víctima, manifestó que lo expuesto por la defensa del acusado resultan meras manifestaciones subjetivas sin fundamento alguno ni motivación; máxime que omitió citar la temporalidad de la medida solicitada consistente en firma periódica, así como el monto a cubrir por concepto de medida económica sin dejar de observar el audio y video de los hecho ocurridos y de las manifestaciones en sentido violento; por lo que imponer diversa medida no asegura la protección de las víctimas y solicitó no tomar en cuenta los argumentos del defensor del imputado (26:17 a 30:00). Posteriormente, se aprecia que la Juez de Control declaró cerrado el debate y procedió a resolver respecto a la solicitud de la medida cautelar, en términos del artículo 67 párrafo segundo fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, y revisó la medida cautelar, tomando en cuenta el delito por el cual se vinculó a proceso, así como lo ordenado por la Superioridad en el amparo en revisión, y en términos del numeral 155 del Código Nacional, analizó el catálogo de medidas, excluyendo la prisión preventiva oficiosa y justificada al resultar inconvencional en términos del arábigo 161 del citado cuerpo normativo (minuto 33:30). Por consiguiente, la medida solicitada en el domicilio del acusado resultó proporcional al tratarse del delito de violencia psicológica y física, relacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos, y el riesgo procesal, la seguridad de las víctimas y testigos, asegurar la presencia del acusado y al encontrarse pendientes audiencias que celebrarse, determinó que ninguna medida serviría para garantizar la presencia del imputado. Igualmente, y en estrecha relación con la perspectiva de género, la vulnerabilidad que sufre la victima por ser mujer y considerando los datos de pruebas de la carpeta de investigación a los cuales otorgó valor probatorio y credibilidad, relacionados con el artículo 155 fracción XIII, consideró acertado lo solicitado por la Fiscalía (minuto 38:51 a 40:58). Por lo que respecta a los argumentos vertidos por la defensa del acusado, respecto a imponer como medida la firma periódica y medida económica, resultó insuficiente para garantizar la asistencia del imputado, así como al resultar omiso en fundar y motivar dicha solicitud al dejar de expresar el tiempo y cantidad de dichas medidas (minuto 41:04 a 42:22). En ese sentido, consideró idóneo y suficiente el resguardo domiciliario del acusado en su propio domicilio, por lo que ordenó girar instrucciones para el traslado del justiciable al domicilio donde será vigilado y custodiado por elementos de seguridad pública, asimismo, precisó que la duración de dicha medida consiste en seis meses contados a partir de la fecha de la audiencia de estudio hasta el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro (minuto 42:39 a 47:34). Por lo antes expuesto, se aprecia que la ejecutoria de amparo, se formalizó con las acciones de la Juez de Control, al señalar fecha y hora para celebrar audiencia en donde se revisó la medida cautelar impuesta al acusado, y una vez finalizado el debate de las partes consideró idóneo y suficiente imponer el resguardo domiciliario en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de la prisión preventiva justificada y oficiosa por ser inconvencional, conforme con lo establecido en los artículos 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en fecha dos de junio de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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