Sara María Vega Salas
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara María Vega Salas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente.********************En atención a su contenido, se tiene informando que el Juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************; formándose el expediente 1286/2023.********************En consecuencia, toda vez que por auto de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, se reservó el acuerdo de diversas promociones y en concordancia de lo antes acordado, remítanse a la homóloga federal para que obren, surtan los efectos legales correspondientes y se provea sobre su contenido en el juicio de amparo antes indicado.********************Háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto, al tratarse de un cuaderno auxiliar, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso b) del ordenamiento en cita.******************** Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmado electrónicamente por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando sobre las gestiones tendentes a la diligenciación del exhorto 179/2023-E/V/AC (orden 865/2023) del índice de este juzgado, por lo tanto, estese en espera dentro de un plazo prudente para la remisión del mismo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la demanda presentada en línea y autorizada con la firma electrónica de Sara María Vega Salas, en favor de 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, de nacionalidad Cubana, contra actos del 1. Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California, y otra autoridad; dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro electrónica de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 962/2023. INCOMPETENCIA En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto los directos quejosos 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta. Ahora, la norma que regula la competencia de un Juzgado de Distrito, está contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La trascripción anterior establece las hipótesis para que se surta la competencia a favor de los Juzgados de Distrito en la tramitación de los juicios de amparo indirecto, de las cuales, la primera de ellas, otorga competencia al Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Así, tratándose de actos que requieren ejecución material, como es el caso, la competencia del juez de Distrito para conocer del asunto no queda a voluntad del peticionario de amparo, dejando en ella la opción de elegir ante qué Juzgado desea promover su demanda, sino que, como ya se dijo, la competencia se surte en favor del Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado, ya sea porque deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en ese lugar; por ende, es de concluirse que, en la especie, se actualiza la primera de las hipótesis que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la detención y/o la privación de la libertad que se realizó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California, así como la deportación y/o expulsión, y la incomunicación a la que es sometida la parte quejosa. Por tanto, debe decirse que los aludidos actos reclamados tienen ejecución en Tijuana, Baja California, ya que la promovente de amparo refiere, bajo protesta de decir verdad que los directos quejosos fueron detenidos y se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, la cual se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, reformado por Acuerdo General 6/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós. Luego, resulta evidente que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio, pues el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, es el órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados, por lo que se considera competente para conocer del escrito constitucional promovido por Sara María Vega Salas, en favor de 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta. Sirve de apoyo la tesis 1.15o.A.41 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Asimismo, apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." De igual forma sirve de apoyo la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACION ANALOGICA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO." En esa virtud, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa establece lo siguiente: "XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana." Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, debiéndose remitir vía interconexión, mediante atento oficio y sin demora, la demanda de amparo que se atiende, incluso a través de la Oficina de Correspondencia Común, para el turno correspondiente, y para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo; ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Conforme a lo anterior, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obstante, dado que la demanda de amparo se promueve en términos de los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo, del citado artículo 48, de la ley de la materia, a continuación se provee lo conducente. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". Por su parte, el artículo 22 Constitucional, proscribe en su primer párrafo, las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda, se tiene que la promovente reclama la privación de la libertad y/o detención, así como la incomunicación y la posible deportación y expulsión, que refiere están siendo objeto los directos quejosos, 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta; por tanto, ya que dichos actos se ubican en el supuesto del artículo 126 de la Ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL. En caso de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y NO tenga relación con la comisión de un delito, dicha suspensión se concede para que la parte quejosa sea puesta en libertad, según las precisiones siguientes. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en relación a la comisión de un delito, para que los directos quejosos 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, queden a disposición de éste Juzgado, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público competente, a fin de que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional. En el supuesto de que la privación de la libertad y/o detención haya sido ordenada por el Ministerio Público, para que los directos quejosos, 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, queden a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, y para que el detenido sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Asimismo, en el supuesto de que la privación de la libertad de los directos quejosos emane de una eventual situación irregular en una estación migratoria, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo, al tratarse de una detención efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público (autoridades del Instituto Nacional de Migración) que no tenga relación con la comisión de algún delito, la suspensión tendrá el EFECTO DE QUE, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS TREINTA Y SEIS HORAS, A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO FUE INGRESADO AL CENTRO DE MIGRACIÓN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DECRETEN Y EJECUTEN A SU FAVOR SU INMEDIATA LIBERTAD; lo anterior, en atención a lo resuelto por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022. En la inteligencia de que, la indicada autoridad responsable, deberá implementar los mecanismos que estime pertinentes dentro de sus facultades para que atiendan el desarrollo del procedimiento administrativo migratorio que al efecto se siga, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Lo anterior, toda vez que, se precisa, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano los actos reclamados a fin de que el directo quejoso goce del libre tránsito en territorio nacional; así, para el caso de que se encuentre bajo los efectos de un procedimiento administrativo, la suspensión no puede otorgarse para el efecto de que el quejoso deambule libremente en el País; puesto que, de conformidad con lo establecido por los artículos 97, 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Lo anterior, en el entendido de que esta determinación puede ser modificada por el Juez de Distrito que conozca de la demanda de amparo, incluso fijar algún otro requisito. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, y el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación que es o puedan estar siendo objeto los directos quejosos, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal que pudiera afectar la integridad física o mental de 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables, quienes deberán informar a este Juzgado de Distrito, de manera inmediata, sobre el cumplimiento dado a esta medida, sin perjuicio de la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se siga en relación con el directo quejoso. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN. Dado que la deportación se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, transcrito, y toda vez que en el caso se trata de actos que afectan la libertad personal fuera de procedimiento; consecuentemente, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, derivado de la detención que sufren los directos quejosos, 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, posiblemente en las instalaciones de la Estación del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, no sean deportados ni se lleven a cabo actos tendentes a deportarlos, y para que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún otro acto que se encuentre prohibido por el artículo 22 Constitucional. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Lo anterior, comuníquese sin demora a las autoridades responsables por los medios más eficaces que permitan lograr su inmediato cumplimiento. Se apercibe a las autoridades responsables a que cumplan con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo incurrirán en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales conducentes; debiendo informar a este Juzgado, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO VÍA EXHORTO En ese contexto, toda vez que, como se dijo, los directos quejosos, 1. José Carlos Laviña Castellón, 2. Claudia Ojeda Torreño, 3. Carlos Roberto Suárez García, y 4. Diana Laura Peña Acosta, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Tijuana, Baja California, cuyo domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en los artículos 1, fracción VIII, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, utilizando la firma electrónica para tal efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva designar personal de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y/o en la Estación Migratoria de dicha ciudad, para que haga entrega de los oficios dirigidos a las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1. Representante del Instituto Nacional de Migración 2. Titular y/o Encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California TIJUANA, BAJA CALIFORNIA Así mismo, se faculta al juzgado exhortante para que, en caso de que varíen las denominaciones de las mencionadas autoridades responsables, sean entregadas a las autoridades con las denominaciones correctas. Con apoyo en la parte final del artículo 21 de la Ley de Amparo, se solicita al juez exhortado habilite horas y días inhábiles para la práctica de la diligencia ordenada; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, dado que el propio sistema lo genera, peticionando atentamente, una vez cumplida la encomienda, lo devuelva a la brevedad posible.
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