Sara María Suruy Rodriguez
Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Sara María Suruy Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del Luis Arturo Guillén León, por medio del cual, refiere que desconoce la localización y no tiene comunicación con la directa quejosa, por tanto, solicita se deje sin efectos el apercibimiento decretado en acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, ya que el promovente carece de legitimación para seguir promoviendo en el presente juicio de amparo, en razón de que en diligencia de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la directa quejosa Sara María Suruy Rodríguez, ratificó la demanda de amparo presentada en su nombre y señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que señaló quien promovió la demanda en su nombre, sin que hiciera pronunciamiento de autorizar a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que a partir de ese instante, quedó extinta la facultad que en su momento otorgaba el artículo 15 de la mencionada ley, pues ésta era únicamente para promover el presente juicio de amparo en nombre de la quejosa y hasta su ratificación, pero no para seguir con su prosecución. Se afirma lo anterior, pues uno de los principios que rige a la acción de amparo es el de instancia de parte agraviada que se contiene en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, el juicio de amparo se "seguirá" siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por quien haya sufrido un agravio personal y directo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: iudad del Carmen, Campeche, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio INM/ORECAM/RL/CDC/435/2022, del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, informa que desde el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, fecha en la cual, la quejosa Sara María Suruy Rodríguez, fue puesta en libertad, y a la fecha no se ha presentado a esa estación migratoria, ni ha proporcionado domicilio en el cual pueda recibir notificaciones; por lo que, solicita se deje sin efecto la suspensión otorgada a la quejosa. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 2 necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 892/2022-IV 3 decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Luis Arturo Guillen León, en representación de Sara María Suruy Rodríguez, mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, promovió demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Migración Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y otras autoridades, contra los actos de detención, deportación, expulsión e incomunicación de la quejosa. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y se ordenó la ratificación de demanda por parte de la directa quejosa, quien se encontraba alojada en la Estación Migratoria de Ciudad del Carmen, Campeche. Por consiguiente, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al haber sido ratificada la demanda de amparo por la directa quejosa Sara María Suruy Rodríguez, se admitió a trámite y se solicitó los informes justificados. Asimismo, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la Estación Migratoria de Ciudad del Carmen, Campeche, para que informara si la quejosa Sara María Suruy Rodríguez, aún se encontraba alojada en esa oficina migratoria y en caso negativo remitiera copia certificada de las constancias relacionadas con la puesta en libertad de la agraviada. 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 4 Mediante oficio INM/ORECAM/RL/CDC/435/2022 del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, remitió copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Ciudad del Carmen, Campeche, determinó otorgar a la quejosa la salida de esa instancia. Ahora bien, toda vez que la salida de la directa quejosa de la Estación migratoria se dio en cumplimiento con la condición de que debían firmar en los libros de gobierno los días lunes o martes de cada semana en un horario de 9:00 horas a 15:00 horas, en esa oficina de representación migratoria y se les otorgó un plazo de quince días naturales a partir de esa fecha para que informarán el domicilio donde permanecerían en definitiva mientras durara el procedimiento administrativo; determinación que fueron signadas por los impetrantes, en la que se aprecia su conformidad con la determinación de salida. Bajo ese contexto, al haber la autoridad responsable puesto en libertad a la directa quejosa bajo las condiciones establecidas en el procedimiento administrativo INM/ORECAM/RL/CDC/207/2022, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, específicamente la detención de los quejosos ante la autoridad migratoria, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 892/2022-IV 5 resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, glósese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio INM/ORECAM/RL/CDC/437/2022, del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio INM/ORECAM/RL/CDC/435/2022, del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, informa que desde el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, fecha en la cual, la quejosa Sara María Suruy Rodríguez, fue puesta en libertad, y a la fecha no se ha presentado a esa estación migratoria, ni ha proporcionado domicilio en el cual pueda recibir notificaciones; por lo que, solicita se deje sin efecto la suspensión otorgada a la quejosa. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 2 necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 892/2022-IV 3 decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Luis Arturo Guillen León, en representación de Sara María Suruy Rodríguez, mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, promovió demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Migración Campeche, con sede en Ciudad del Carmen y otras autoridades, contra los actos de detención, deportación, expulsión e incomunicación de la quejosa. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y se ordenó la ratificación de demanda por parte de la directa quejosa, quien se encontraba alojada en la Estación Migratoria de Ciudad del Carmen, Campeche. Por consiguiente, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, al haber sido ratificada la demanda de amparo por la directa quejosa Sara María Suruy Rodríguez, se admitió a trámite y se solicitó los informes justificados. Asimismo, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la Estación Migratoria de Ciudad del Carmen, Campeche, para que informara si la quejosa Sara María Suruy Rodríguez, aún se encontraba alojada en esa oficina migratoria y en caso negativo remitiera copia certificada de las constancias relacionadas con la puesta en libertad de la agraviada. 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 4 Mediante oficio INM/ORECAM/RL/CDC/435/2022 del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, remitió copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Ciudad del Carmen, Campeche, determinó otorgar a la quejosa la salida de esa instancia. Ahora bien, toda vez que la salida de la directa quejosa de la Estación migratoria se dio en cumplimiento con la condición de que debían firmar en los libros de gobierno los días lunes o martes de cada semana en un horario de 9:00 horas a 15:00 horas, en esa oficina de representación migratoria y se les otorgó un plazo de quince días naturales a partir de esa fecha para que informarán el domicilio donde permanecerían en definitiva mientras durara el procedimiento administrativo; determinación que fueron signadas por los impetrantes, en la que se aprecia su conformidad con la determinación de salida. Bajo ese contexto, al haber la autoridad responsable puesto en libertad a la directa quejosa bajo las condiciones establecidas en el procedimiento administrativo INM/ORECAM/RL/CDC/207/2022, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, específicamente la detención de los quejosos ante la autoridad migratoria, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez Juicio de amparo indirecto 892/2022-IV 5 resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, glósese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio INM/ORECAM/RL/CDC/437/2022, del Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante oficio INM/ORECAM/RL/CDC/381/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, informó que la quejosa Sara María Suruy Rodríguez, se encontraba alojada en las instalaciones de dicha dependencia y que daría cabal cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional (foja 64). Por consiguiente, requiérase al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional si la quejosa Sara 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez 2 María Suruy Rodríguez, aún se encuentra alojada en esa oficina migratoria; en caso negativo, remita copia certificada de las constancias relacionadas con la puesta en libertad de la agraviada. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes, y por oficio a la autoridad responsable.
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