Sara María Ramírez Ramírez
Expediente 773/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- SARA MARÍA RAMÍREZ RAMÍREZ y Otros.
- Sara María Ramírez Ramírez
Actuaciones
- Principal
MESA III. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional recibió los autos originales del juicio de amparo 773/2022; asimismo, comunica que se avoca al conocimiento del presente sumario. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido. (...)
- Principal
MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil en esta ciudad y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 773/2022. INCOMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para establecerla, el juez de Distrito no solo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en los términos siguientes: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si este tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil se encuentra prevista en el numeral 60 de la citada ley orgánica, que a continuación se trascribe: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil. En este caso, con la finalidad de fijar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa plantea como actos reclamados los siguientes: El ilegal requerimiento, embargo y su inscripción, así como el emplazamiento de los quejosos al juicio especial hipotecario *** del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil en esta ciudad, así como todas las actuaciones posteriores. La sentencia definitiva dictado en el citado juicio y su ejecución. El remate del inmueble embargado. De lo anterior, se desprende que los actos reclamados no son propiamente hechos que se consideren constitutivos de delito, ni derivan de un procedimiento penal -averiguación previa o carpeta de investigación, seguido en su contra-, no emanan de autoridades judiciales del orden penal, tampoco afectan la libertad personal de los promoventes, y menos aún importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este Juzgado, cuya naturaleza como puede observarse es meramente civil, actos que no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA, dado que dichos actos reclamados en la presente instancia son de naturaleza FORMAL y MATERIALMENTE CIVIL, ya que no se ubican en alguno de los supuestos arábigo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero sí en el diverso 57. En consecuencia, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal por razón de materia; debiendo remitirse los autos originales de este expediente, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que dentro del plazo legal manifieste si acepta o no la incompetencia planteada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene como autorizado a ***. Asimismo, en términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento a Osvaldo García Cisneros, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Ali Christian Duval Espejel por así haberlo solicitado. Lo anterior, hasta en tanto encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". De igual manera, se tiene el correo electrónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020 se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción, practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo."
- Principal
MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil en esta ciudad y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 773/2022. INCOMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Sobre el tema de la competencia por materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para establecerla, el juez de Distrito no solo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, con los elementos de prueba, de manera que sea posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determina la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en los términos siguientes: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De dicho precepto se advierte que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si este tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Contra el incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil se encuentra prevista en el numeral 60 de la citada ley orgánica, que a continuación se trascribe: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Los numerales anteriores ponen de manifiesto que es competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil conocer, entre otros, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil. En este caso, con la finalidad de fijar los actos reclamados en el presente juicio de amparo, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juzgador de amparo al analizar la demanda de amparo, debe interpretarla en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la quejosa plantea como actos reclamados los siguientes: El ilegal requerimiento, embargo y su inscripción, así como el emplazamiento de los quejosos al juicio especial hipotecario *** del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto de lo Civil en esta ciudad, así como todas las actuaciones posteriores. La sentencia definitiva dictado en el citado juicio y su ejecución. El remate del inmueble embargado. De lo anterior, se desprende que los actos reclamados no son propiamente hechos que se consideren constitutivos de delito, ni derivan de un procedimiento penal -averiguación previa o carpeta de investigación, seguido en su contra-, no emanan de autoridades judiciales del orden penal, tampoco afectan la libertad personal de los promoventes, y menos aún importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar que la competencia para conocer de los actos en cita radica en este Juzgado, cuya naturaleza como puede observarse es meramente civil, actos que no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL ASUNTO POR CUESTIÓN DE MATERIA, dado que dichos actos reclamados en la presente instancia son de naturaleza FORMAL y MATERIALMENTE CIVIL, ya que no se ubican en alguno de los supuestos arábigo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero sí en el diverso 57. En consecuencia, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal por razón de materia; debiendo remitirse los autos originales de este expediente, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que dentro del plazo legal manifieste si acepta o no la incompetencia planteada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene como autorizado a ***. Asimismo, en términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento a Osvaldo García Cisneros, en virtud de que no cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Ali Christian Duval Espejel por así haberlo solicitado. Lo anterior, hasta en tanto encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". De igual manera, se tiene el correo electrónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020 se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción, practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.
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