Sara Luisa Figaredo Nieda
Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sara Luisa Figaredo Nieda
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el veintidós de diciembre actual feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de dos de diciembre pasado, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
En esta fecha se notifica por listas de acuerdos a la parte quejosa el auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que dice: "...Boca del Río, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que Sara Luisa Figaredo Nieda, promovió el presente juicio de amparo en representación de su menor hija de iniciales S. T. F., contra actos del 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, de quienes reclamó: ". La omisión para vacunar contra el virus SARS-Cov-2 a un adolescente de 15 años años, ejerciendo actos discriminatorios en razón de su edad, violando el derecho a la salud, a la educación, así como diversas violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la publicación del documento Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-Cov-2." (sic) Al respecto, el suscrito estima se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio el perfil oficial de Twitter de la Secretaria de Salud, del que se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el diecinueve de noviembre siguiente, se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: / / Además, de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el pre registro para que tanto los adolescentes de 15 y 17 años de edad sin comorbilidades, como los menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: / Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que la directa quejosa de iniciales S. T. F., cuenta con una edad de quince años (lo que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a la demanda de amparo); es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en estancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de dieciocho años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplica dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares, han cesado en sus efectos, puesto que la menor quejosa, a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de quince años o más sin comorbilidades, y de doce a diecisiete años con comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa menor quejosa. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin que sea óbice lo anterior, que la menor quejosa de iniciales S.T.F., se le haya fijado fecha para la aplicación de la primera dosis de vacuna BNT162B2 PFIZER-BIONTECH, contra el SARS-CoV-2, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, tal como lo informó la Jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz en representación del Secretario de Salud, con sede en Xalapa, en cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la menor quejosa, y que si bien no obra la constancia de que así haya ocurrido; lo cierto es que actualmente se encuentra contemplada en el programa del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el 4. Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del 6. Secretario de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo su INFORME JUSTIFICADO; en consecuencia, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual forma se le tiene designando delegados en términos del artículo 9 de la ley en cita, y domicilio en donde oír y recibir notificaciones. Autorizando como medio alternativo para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto, el correo electrónico dir.asuntosjuridicos@gmail.com. El cual se autoriza en forma extraordinaria en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, debiendo la servidora pública encargada de realizar la notificación, efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía, ante la persona autorizado por la misma. Por otra parte, en atención a que en proveído de ocho de noviembre pasado, se requirió a la autoridad oficiante mediante oficio 28818, para el efecto de que se pronuncie sobre el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el presente asunto, el suscrito juzgador queda en espera de un plazo prudente para ello, o en su caso, contar con el acuse de recibo correspondiente, a efecto de acordar lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense sin mayor proveído el oficio y el telegrama remitido por el Director de Procesos y Amparos, en representación de la 7. Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, ya que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre pasado, se proveyó lo conducente a un oficio que rindió previamente en términos análogos. Notifíquese en términos de ley.
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