Sara Lourdes Aguilar Morales

Expediente 1502/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1502/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Sara Lourdes Aguilar Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1502/2018-VIlI. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos, se observa que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Ahora bien, analizada la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: El auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, en esta ciudad, en el expediente laboral ****, en el que determinó que no ha lugar a proveer de conformidad la petición de la promovente, es decir, que se haga la entrega y pago de la cantidad de $1,253,362.19 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional) a la aquí quejosa Sara Lourdes Aguilar Morales. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;(.)" El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. En el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se determina que el acto reclamado se hace consistir en el contenido del auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, en esta ciudad, en el expediente laboral ****, en el que determinó que no ha lugar a proveer de conformidad la petición de la promovente, es decir, que se haga la entrega y pago de la cantidad de $1,253,362.19 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional) a la aquí quejosa ****. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo 1398/2017-VIII, del índice de este juzgado, se advierte que la aquí quejosa previamente a este juicio constitucional, promovió el juicio antes citado, por el mismo acto y autoridades responsables. Lo anterior se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima época, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 10, con registro electrónico 2017123, cuyo rubro y texto son los siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Lo anterior es así, pues al examinar las constancias del citado juicio de amparo se advierte lo siguiente: En la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 1398/2017-VIII, radicado ante este juzgado, se estableció que se reclamó al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, lo siguiente: "I. El auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 92/B/2010, del índice del Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se ordena destrabar el embargo sobre la cuenta bancaria ***, de la Institución Bancaria denominada ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, a nombre de la demandada ***. II. La omisión de hacer entrega de la cantidad embargada en la cuenta bancaria ***, de la Institución Bancaria denominada ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero, a nombre de la demandada S***, en atención a lo acordado en el diverso auto de veintiuno de marzo de año en curso". En la referida sentencia constitucional de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, primordialmente porque se había acreditado que el embargo recayó sobre una cuenta de nómina, lo que implicaba que su inmovilización privara del derecho a los trabajadores de obtener su salario, por lo que, atendiendo a la naturaleza de la cuenta bancaria de nómina resultaba jurídicamente correcta la determinación de la responsable de levantar el embargo. Además, que la quejosa podría solicitar la ampliación del embargo pues en el caso la cuenta bancaria contiene dinero inembargable. Contra dicha sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resulto en sesión de quince de junio de dos mil dieciocho por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, residente en Culiacán, Sinaloa, en la que se confirmó la sentencia dictada por este juzgado; destacándose que dicho tribunal de alzada estableció que el hecho que la responsable hubiese actuado de oficio resultaba legal, pues debía vigilar que se cumpliera las disposiciones legales en etapa de ejecución de laudo. En ese orden, estableció que la determinación de este Juzgado de Distrito era acertada, ya que en el procedimiento de ejecución de los juicios burocráticos la responsable debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, dentro de ellas las que prohíben la afectación de bienes de uso común, la prestación de servicios púbicos de las dependencia de gobierno y los derechos de terceros ajenos a la controversia laboral. Además, precisó lo siguiente: "En el contexto anotado, se puede arribar a la conclusión que los fondos que destina la ***, con el fin de remunerar al personal que contrata para la realización de los estudios, conducción, planeación, ejecución y desempeño de las atribuciones, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, tienen la naturaleza de bienes de dominio del poder público, específicamente de los destinados a un servicio público y, por ende, les revisten las características de inalienables e imprescriptibles, pues su afectación solamente puede darse bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en la legislación aplicable. Luego, en el caso, según se relató en párrafos precedentes, el tribunal laboral advirtió que en la cuenta bancaria número *** de la institución bancaria ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, cuya titularidad recae en la *** en el Estado de Chiapas, se encuentran los fondos destinados al pago de salarios del personal adscrito a esa dependencia demandada. En ese entendido, es que, como lo determinó el juez de distrito, resulta acertado que la autoridad responsable ordenara levantar el embargo sobre los fondos existentes en la cuenta de referencia y, en consecuencia, no afectar el numerario que en ella se localizó, precisamente porque esos montos son los destinados a remunerar al personal que labora para la dependencia demandada, los cuales son esenciales para que ésta pueda llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones de administración que debe desplegar, pues sin esos recurso humanos sería imposible llevarlas a cabo, lo que implicaría que se ocasionaran problemas para satisfacer las necesidades básicas de los gobernados. Además, el aseguramiento del recurso económico localizado en esa cuenta cuyo fin último es pagar los sueldos y salarios de los trabajadores de la secretaría demandada, trae consigo la afectación en los derechos de terceros ajenos al procedimiento laboral. En otras palabras, resultó legal que la autoridad responsable ordenara levantar el embargo de la cuenta bancaria número *** registrada ante la institución bancaria ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, cuya titularidad recae en la dependencia demandada, dado que son fondos que se emplean para cubrir el gasto corriente que representa el pago de los sueldos y salarios, y con ello concretar las actividades ordinarias de la dependencia". Y concluyó que el derecho de toda persona a lograr la ejecución de las resoluciones dictadas en su favor, tiene como límite constitucional que no se afecten derechos de terceras personas ajenas a la controversia natural; así como que de acuerdo a la ley que rige el procedimiento laboral burocrático, cuenta con los medios necesarios para la ejecución del laudo dictado a su favor, como el señalamiento de diversos bienes que sí sean embargables. Lo antes expuesto revela que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en el contenido del auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, en esta ciudad, en el expediente ***, en el que determinó negarle la entrega y pago de la cantidad de $1,253,362.19 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional) a la aquí quejosa ****, fue materia de análisis en el juicio de amparo 1398/2017-VIII, del índice de este juzgado, promovido por la misma quejosa (S****, contra la misma autoridad responsable, y por el mismo acto reclamado, que en esencia es la negativa de entregar y pagar la cantidad embargada de $1,253,362.19 (un millón doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional) a la aquí quejosa ***. Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador, que el auto del que se duele la quejosa en esta instancia constitucional es el de cinco de octubre de dos mil dieciocho, el cual en sentido estricto no es el mismo analizado en la ejecutoria reseñada. Sin embargo, la causa de improcedencia invocada se actualiza también cuando lo reclamado verse o involucre un tema jurídico que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, como acontece en el caso en concreto, en que ya se estableció que era legal el levantamiento del embargo, pues la cuenta era de nómina y por lo mismo inembargable e imprescriptible. Además, que de lo contrario se afectarían derechos de terceros, a saber el salario de diversos trabajadores, lo que no era permisible legalmente; y que la quejosa contaba con los medios necesarios para la ejecución del laudo dictado a su favor, como el señalamiento de diversos bienes que sí sean embargables. Lo que acredita la causa de improcedencia analizada, pues en esencia se trata del mismo tema jurídico analizado en la ejecutoria citada, ya que existe identidad en los elementos, en cuanto a la solicitud, autoridad responsable, número de expediente y la cantidad del cual se pide el pago, misma que es de una cuenta de nómina. Lo que ya fue analizado y resuelto mediante sentencia ejecutoriada; es decir, lo aquí reclamado versa o involucra un tema jurídico que fue materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por la propia quejosa; por lo cual, al existir identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada. En tal orden jurídico, no procede volver analizar el aludido acto reclamado en este juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el juicio 1398/2017-VIII, donde se negó la protección constitucional solicitada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, tomo IV, marzo de 2017, página 2647, número de registro 2013820, cuyo contenido es: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE EXTRADICIÓN POR VICIOS PROPIOS, Y EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR YA FUE ANALIZADA LA LEGALIDAD DE DICHA ORDEN. La figura de cosa juzgada, no sólo se actualiza cuando, en sentido estricto, se trata específicamente del mismo acto reclamado, pues además de que así no se establece textualmente en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cierto es que de la interpretación armónica y sistemática del mencionado numeral con la diversa fracción X, se concluye que en la causal mencionada se establece que la acción de amparo será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un tema jurídico, que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso. En ese sentido, si el quejoso reclama la ejecución de la orden de extradición por vicios propios, y en un juicio de amparo anterior ya fue analizada la legalidad de dicha orden, el juicio de amparo resulta improcedente por existir cosa juzgada, pues si bien puede haber afectaciones en esta etapa (entendida como posterior al acto de extradición), de considerar que éstas pueden analizarse en el juicio de amparo, se estimaría que una causa, de existir, superveniente, es previo a las de improcedencia, lo que jurídicamente no es permisible, pues el núcleo principal que ahora se busca someter a la jurisdicción constitucional, es la extradición que pesa sobre el quejoso, que ya fue analizada constitucionalmente, incluso en revisión, esto es, la ejecución impugnada involucra necesariamente al diverso acto en el juicio de amparo previamente resuelto mediante sentencia ejecutoriada, cuyo tema materia de pronunciamiento adquiere entonces el carácter de cosa juzgada, consistente en la orden de extradición del quejoso "entendiéndose incluido todo el proceso y su ejecución". Asimismo, lo anterior se corrobora con la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, noviembre de 2004, página 1770, número de registro 180202, que dispone lo siguiente: "AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO LA PARTE QUEJOSA ÚNICAMENTE PLANTEA EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ARGUMENTOS QUE YA FUERON ANALIZADOS EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE NO SEAN SIMILARES EN ESTRUCTURA Y REDACCIÓN. Si en el juicio de garantías tramitado en la vía directa, los motivos de disenso sólo tienden a combatir aspectos de una resolución dictada por la responsable en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada con anterioridad por un Tribunal Colegiado de Circuito, esto es, sin la expresión de argumentos sobre distintos temas en los que haya quedado plenitud de jurisdicción, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo y procede sobreseer en el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 de la propia legislación, en tanto que los planteamientos propuestos ya fueron materia de estudio en diversa ejecutoria dictada por un órgano del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los conceptos de violación de las respectivas demandas no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad; asimismo, se tienen como autorizados de la promovente con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa; sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente.

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