Sara Lopez Muñoz
Expediente 1986/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1986/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Sara Lopez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito firmado por Ada López Muñoz, por el que pretende dar cumplimiento a lo requerido por este juzgado en proveído de catorce de agosto del año en curso; al respecto se acuerda: Hágase del conocimiento de la promovente que no es procedente tener por cumplida la prevención indicada en proveído inicial, toda vez que en el referido acuerdo, únicamente, se le tuvo como autorizada para imponerse de autos por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, que la acreditara como licenciada en derecho y por ende, no tiene las facultades amplias que otorga para tal caso el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, no puede comparecer al juicio de amparo en que se actúa en representación de la totalidad de los quejosos, ya que solamente fue autorizada por Sara López Muñoz y José Castellanos Molina, y los restantes agraviados nombraron a autorizados distintos. Sin que sea obstáculo a lo anterior que las demandas de amparo hayan sido acumuladas, ya que esa situación es solamente para la agilización del trámite, pero cada demanda es analizada individualmente. Además, no es procedente tener por cumplida la prevención indicada en proveído de catorce de agosto del presente año, toda vez que no exhibe las copias del escrito de cuenta, que se le requirieron para correr traslado a las partes en su totalidad. Por lo que, es patente que al advertirse dicha particularidad, es dable afirmar que no se cumple con la prevención que marca la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo y en consecuencia, continúa transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa, el cual se vio interrumpido, por esta única ocasión, con la presentación del escrito que se provee, y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, pues resulta lógico que en ese lapso la parte quejosa no estará en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encontrará en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que, a pesar de su intento, no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención que inicialmente le fue decretada. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 39/2012, publicada en la página 400, del Libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vistas las demandas de amparo promovidas por Sara López Muñoz, José Castellanos Molina, Sandra Luz Peralta Aguilar, María Esperanza Pérez Bamaca, María de Jesús Barillas Páez, María de la Luz Conde Ramírez, Martha Roblero de León, Alejandro Pérez Escobar, Ernestina Jara Contreras, Sonia Gómez López, Virginia Espinoza Lazos, Francisco Reyes Guzmán, Guadalupe Molina Pérez, Flor de María Rodríguez Ruiz, Celita León Chandomi, Úrsula Cristian Pinto Trujillo, Ebenidia Yolanda Pérez Barrera, Miguel Carpio Carpio, Eulalio Eliud Pérez Gutiérrez, Adriana García Hernández, Margarita Concepción Lan Villalobos y América Monzón Hernández; fórmense los expedientes respectivos y regístrense en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo los juicios de amparo indirecto 1986/2019, 1987/2019, 1988/2019, 1989/2019, 1990/2019, 1991/2019, 1992/2019, 1993/2019, 1994/2019, 1995/2019, 1996/2019, 1997/2019, 1998/2019, 1999/2019, 2000/2019, 2001/2019, 2002/2019, 2003/2019, 2004/2019, 2005/2019, 2006/2019 y 2007/2019, respectivamente. Ahora bien, atento al contenido de la certificación de cuenta de la que se desprende que en las demandas de amparo relacionadas, se reclama de manera coincidente el cobro excesivo del suministro de agua potable y los cortes masivos del referido servicio, atribuidos a la autoridad responsable Presidente Municipal de esta ciudad, y otras autoridades; por lo que con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el objetivo de concentrar los juicios en los que se reclaman idénticos actos reclamados, con el fin de privilegiar la pronta impartición de justicia y la concentración de los procedimientos; en obvio de mayores dilaciones, procede la acumulación de los juicios de amparo 1987/2019, 1988/2019, 1989/2019, 1990/2019, 1991/2019, 1992/2019, 1993/2019, 1994/2019, 1995/2019, 1996/2019, 1997/2019, 1998/2019, 1999/2019, 2000/2019, 2001/2019, 2002/2019, 2003/2019, 2004/2019, 2005/2019, 2006/2019 y 2007/2019 al 1986/2019, del índice de este Juzgado, conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que se trata de asuntos promovidos contra las mismas autoridades y actos reclamados, siendo distintos los quejosos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, Libro 22, Tomo I, septiembre de dos mil quince, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. Sentado lo anterior, con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: 1.- Exhiba tres copias de la demanda de amparo y sus anexos para correr traslado a cada una de las partes, toda vez que dos son para la formación de los cuadernos incidentales, una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y tres para las autoridades responsables que señala expresamente; conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P./J. 36/2001, visible a página 79, XIII Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. 2.- Asimismo, con respecto de los quejosos María de la Luz Conde Ramírez, Martha Roblero de León, Alejandro Pérez Escobar, Ernestina Jara Contreras, Francisco Reyes Guzmán, Miguel Carpio Carpio y Eulalio Eliud Pérez Gutiérrez, se advierte de la lectura de su respectivo escrito de demanda, que las mismas no están impresas de manera correcta, toda vez que la ilación de las ideas de la foja cuatro a la cinco, no tienen un orden cronológico, ni congruencia con el párrafo siguiente, por lo que los ocursantes deberán hacer las correcciones necesarias, a fin de proveer lo conducente a lo que solicita. 3.- Asimismo, en lo que respecta a los quejosos Sara López Muñoz, José Castellanos Molina, Sandra Luz Peralta Aguilar, María Esperanza Pérez Bamaca, María de Jesús Barillas Páez, Sonia Gómez López, Virginia Espinoza Lazos, Guadalupe Molina Pérez, Flor de María Rodríguez Ruiz, Celita León Chandomi, Úrsula Cristian Pinto Trujillo, Ebenidia Yolanda Pérez Barrera, Adriana García Hernández, Margarita Concepción Lan Villalobos y América Monzón Hernández, deberán precisar si la redacción de su demanda no contempla el capítulo VI, pues del V de los hechos o abstenciones, continúa el capítulo VII de conceptos de violación, lo que denota imprecisión e incongruencia en su lectura. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, así como los actos reclamados y autoridad responsable en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que la promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Además debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a ocho, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, que son siete y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberán realizar los promoventes, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que se indica en las demandas de amparo y únicamente se autorizada para imponerse de autos, a las personas que indican, toda vez que no cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial de la Federación, que los acredite como licenciados en derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, nombren a un representante común, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, se tendrá con tal carácter a Sara López Muñoz. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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