Sara Lidia Matus Ruiseco

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México
  • Sara Lidia Matus Ruiseco

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa---------------, no interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a la parte quejosa el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, por el cual --------- desahoga la prevención realizada en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno; en atención a lo anterior, glósese a los presentes autos el escrito que se atiende, para que surta los efectos legales a que haya lugar y se provee lo relativo a la demanda de amparo promovida por la citada quejosa. En tales circunstancias, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ---------, contra actos del Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México, la cual quedó registrada con el número de amparo indirecto 278/2021-IV. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, así como al escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La sentencia interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente 217/2020, en la que desestimó la excepción de improcedencia de la vía propuesta por la ahora quejosa. En virtud de lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.".; Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte agraviada. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 189, visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Así como la tesis: I.5o.C.8 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)." De lo anterior se establece, que si la parte quejosa por esta vía reclama la sentencia interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 217/2020, en la que el Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México, desestimó la excepción de improcedencia de la vía, dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), constitucional. Lo anterior es así, pues, resulta innegable que la resolución reclamada, no quebranta en su perjuicio, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto que carece de una consecuencia de imposible reparación, que en todo caso podrá constituir violación dentro del juicio. A mayor abundamiento, si la sentencia de origen le resultara favorable a la demandada, la afectación que pudo haber resentido por haberse desestimado su excepción, desaparecería por completo al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental, lo que demuestra que dicha afectación no trascendería a derechos sustantivos en tanto que no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado. En caso contrario, esto es, si la sentencia fuese adversa a los intereses del demandado entonces, podría impugnar la sentencia definitiva mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 108/2005 de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página doscientos noventa y cuatro, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Asimismo, es aplicable por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 12/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de dos mil dieciocho, Tomo I, Página 6, cuyo texto dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. "Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." De igual manera, cabe resaltar que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 13/2011, en sesión de ocho de enero de dos mil trece, sostuvo lo siguiente: "De las disposiciones constitucional y legales antes transcritas, se desprende, para lo que al caso interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Como se ve, en el juicio de amparo directo, el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento, sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Es importante apuntar aquí, que los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar sentencia en los juicios de amparo directo en los que se hubiesen planteado violaciones procesales, deben resolver sobre todas ellas y, en caso de que opere la suplencia de la queja, tienen que pronunciarse sobre todas las que adviertan de oficio. Esta obligación resulta de especial trascendencia toda vez que el derecho a controvertir las violaciones procesales está sujeto a la preclusión dado que conforme al transcrito artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General, si dichas violaciones no se invocaron en un primer juicio de amparo ni el Tribunal Colegiado las hizo valer de oficio en los casos en que deba suplirse la deficiencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo ulterior. Lo expuesto en el párrafo anterior, revela que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. En efecto, este principio tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, es claro que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio toda vez que el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones. Con tal forma de proceder se garantiza la concentración de tales violaciones al poderlas resolver simultáneamente en una sola sentencia. De lo afirmado en el párrafo precedente, se sigue que el Constituyente Permanente trató de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por alguna de las partes. Además, para salvaguardar los derechos de los justiciables, estableció como regla excepcional, la posibilidad de que impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, cuestión que se justifica pues, si como se vio, tal afectación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, es claro que ningún caso tendría que esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. Sentado lo anterior, lo que procede ahora determinar, es la naturaleza de la afectación que produce la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía. Al respecto, debe decirse que la improcedencia de la vía constituye una acción dilatoria (en tanto que no destruye la pretensión) que no es impeditiva dado que, en caso de que se declare fundada, el actor conserva el derecho para hacer valer nuevamente su pretensión en la vía jurídicamente adecuada. Lo anterior revela que la resolución que confirma la diversa de primera instancia que desestima la excepción de improcedencia de la vía no genera una afectación de imposible reparación a derechos sustantivos, pues la única consecuencia es que el juicio se sustancie y culmine con una sentencia. Cabe precisar, que si ésta le resultara favorable al demandado, la afectación que pudo haber resentido por haberse desestimado incorrectamente su excepción desaparecería por completo al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental, lo que demuestra que dicha afectación no trascendería a derechos sustantivos en tanto que no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del interesado. En caso contrario, esto es, si la sentencia fuese adversa a los intereses del demandado entonces, una vez agotado el recurso procedente, podría impugnar la sentencia definitiva mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal. No pasa inadvertido para este cuerpo colegiado, que en el escrito mediante el cual se solicita la modificación de jurisprudencia, se aduce que la imposibilidad de impugnar la resolución que confirma la diversa de primera instancia, que desestima la improcedencia de la vía, implica que el demandado debe someterse a un juicio cuya tramitación podría resultar ociosa, en el supuesto de que se determinara que la vía fue incorrecta, lo que generaría una afectación "en grado predominante", en tanto que se obligaría a las personas a someterse a un juicio que podría dejarse insubsistente. Así, esa afectación en grado predominante, es lo que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sobre el particular, debe decirse que el argumento expuesto en el párrafo precedente no es obstáculo para adoptar la conclusión relativa a que la resolución que confirma la diversa de primera instancia que desestima la excepción de improcedencia de la vía no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto. En efecto, según se vio, el fundamento para impugnar los actos dentro de juicio a través del amparo indirecto, está contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional. Este precepto establece de manera clara, que tales actos son impugnables a través del amparo indirecto únicamente cuando tengan una ejecución de imposible reparación, sin que de su lectura se aprecie que aluda a actos que sin tener una ejecución de tal naturaleza causen una afectación "en grado predominante", "superior", "de gran entidad" o algún otro concepto análogo. En congruencia con lo anterior, es claro que estos últimos conceptos carecen de sustento constitucional, de manera que no pueden servir de fundamento para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de un procedimiento. Aunado a lo anterior, es inexacto, que la incorrecta desestimación de la excepción de improcedencia de la vía, tenga como consecuencia que se sujete al demandado al "desarrollo ocioso e innecesario de un procedimiento bajo normas equivocadas", lo que produce una afectación en "grado predominante o superior". Se dice que ello es inexacto porque, con independencia de que los conceptos "afectación en grado predominante" o "afectación superior", no están previstos ni en la Constitución General ni en la Ley de Amparo como requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro del procedimiento (en tanto que la Ley Fundamental alude a una afectación "de imposible reparación"), lo cierto es, que si la sentencia fuese favorable a los intereses del demandado, la afectación que pudo haberle ocasionado la incorrecta desestimación de su excepción desaparecería por completo, de manera que dicha sentencia produciría, los efectos legales correspondientes, lo que demuestra que el procedimiento del que emanó no sería ocioso e innecesario. No escapa a la atención de este Tribunal Pleno, que los efectos de una sentencia de amparo que declara fundado un concepto de violación de naturaleza procesal consisten, por regla general, en dejar insubsistente la sentencia reclamada y ordenar la reposición del procedimiento a partir del momento en que tal violación tuvo lugar, lo que implica que las partes deban sujetarse nuevamente al procedimiento natural a partir de la etapa procesal correspondiente. Al respecto, debe decirse, que ello es una consecuencia natural del principio de concentración antes expuesto y se actualiza con cualquier violación procesal que haya trascendido al sentido del fallo, con independencia del grado de afectación (leve o grave) que produzca. Luego, al ser la reposición del procedimiento, una consecuencia necesaria y lógica del amparo que se concede por una violación procedimental, es claro que el hecho de que las partes se sujeten nuevamente al procedimiento natural, no constituye un elemento jurídico que permita adoptar la conclusión relativa a que tales violaciones puedan ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto. Estimar lo contrario, es decir, considerar que algunas violaciones procesales -que no tienen una ejecución de imposible reparación- son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto por producir una "afectación en grado predominante" o "afectación superior" generaría inseguridad jurídica, dado que daría lugar a hacer interpretaciones subjetivas (ante la indeterminación de estos últimos conceptos) para establecer casuísticamente los actos dentro de juicio susceptibles de combatirse mediante el amparo indirecto." De lo anterior, se concluye que el acto reclamado, al ser un acto intraprocesal no hace procedente el juicio de amparo indirecto; sino que, el perjuicio podrá actualizarse como violación procesal en el amparo directo que procede contra la sentencia definitiva, y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si se agravió a la parte quejosa, esto es, si la violación de que ahora se duele trascendió al resultado del fallo. Entonces, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo que promueve --------, por los motivos expuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, por el cual el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto derivado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se encomendó notificar a la parte quejosa, el auto emitido el catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 2° numeral de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, contra actos del Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 278/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo se dará lugar a la postergación de su apertura"." De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al tramitarse en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, razón por la cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- El escrito inicial de demanda contiene irregularidades. 2.- Si se hubiere omitido en él alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, consistentes en: "ARTICULO 108.- La demanda de amparo de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que expresara: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlos así bajo protesta de decir verdad. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, el quejoso deberá señalaras con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; Los conceptos de violación." 3.- Si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 4.- Si no se hubieren exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo. 5.- Si el escrito de demanda contiene tales requisitos pero éstos fueren deficientes. Después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la quejosa ---------- para que dentro del plazo de CINCO DIAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito, realice lo siguiente: 1). Aclare el acto que reclama en esta instancia constitucional, toda vez que en el capítulo correspondiente, refiere que lo constituye la sentencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Mercantil de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del expediente número 217/2020. Sin embargo del punto tres de la narrativa de antecedentes del acto reclamado, precisa que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó sentencia interlocutoria declarando la improcedencia de la excepción planteada. Por lo que no se tiene la certeza si el acto reclamado, lo constituye la sentencia definitiva o la resolución interlocutoria emitida en el expediente número 217/2020, por lo que deberá precisar, si la excepción se resolvió conjuntamente con la sentencia definitiva, o bien, en la resolución reclamada únicamente se analizó la excepción que planteó la quejosa; lo anterior, a fin de no dejarla en estado de indefensión y fijar correctamente la litis. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54 del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. 2). De igual forma, a efecto de contar con mayores elementos para proveer sobre la demanda de amparo, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional únicamente cuenta con la información proporcionada por la parte quejosa en su escrito inicial, deberá precisar la cuantía a la que asciende el negocio principal en el juicio ejecutivo mercantil del cual deriva el acto reclamado. 3). Asimismo, deberá exhibir tres copias de su escrito de desahogo, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto, de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio público adscrito y una para la parte tercera interesada. Es de aplicarse al caso, la Jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos veinticinco, tomo XIII, abril dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con éstas copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el presente proveído, dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ---------, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México. En tales circunstancias, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio de la quejosa --------, y le notifique la presente determinación.---- De igual forma, deberá requerirla para que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este juzgado; apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendado, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este órgano jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación respectiva. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema lo emite al momento del envió, por ello, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse únicamente a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Asimismo, se autoriza a Silvia Morales Cota y Juan Rodríguez Alanis, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y respecto a las restantes, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema aludido. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente por exhorto a la parte quejosa.

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