Sara Leticia Araiza Terrazas

Expediente 3236/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3236/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Anabel Vargas Castillo
  • Sara Leticia Araiza Terrazas y Otros.
  • Bianka Yaneth Chacon Mendez
  • Mayra Alejandra López Gutiérrez
  • Sara Leticia Araiza Terrazas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que al expediente electrónico correspondiente a este juicio de amparo se encuentra vinculado el amparo en revisión 2238/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por lo que en obvio de mayores dilaciones y de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se descarga del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la resolución dictada en dicho medio de defensa, atento a ello, se ordena integrarla a los autos para que obre como corresponda. Ahora, del contenido de la resolución de cuenta se advierte que el tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "[.] Por lo expuesto y fundado; se resuelve, PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado del conocimiento y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. [.]" (lo resaltado es propio) De lo anterior, se toma conocimiento. En ese orden, solicítese respetuosamente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, informe el destino de los autos originales del juicio de amparo 412/2019 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ahora 3226/2019 de la estadística de este juzgado de Distrito, para estar en posibilidad de acordar lo conducente. Asimismo, se solicita al juzgado de origen, que de no tener inconveniente informe si cuenta con los autos originales del juicio de amparo 412/2019 de su índice, promovido por Sara Leticia Araiza Terrazas y otras, y de ser el caso los remita a este órgano a la brevedad posible, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México al que adjunta el diverso oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que informó el aplazamiento de la resolución en el recurso de revisión 318/2017, de lo que únicamente se toma conocimiento y se agrega a los autos, dado que en acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de cuatro de octubre de dos mil veintidós de dicho recurso. Notifíquese.

  3. Principal

    *****Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo concedido en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y tomando en consideración que a la fecha en que se actúa la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida y que resulta evidente que la autoridad responsable ha sido omisa en acatar los efectos de la sentencia, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta y antes de hacer efectivos los apercibimientos decretados en autos, al director general de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el plazo de diez días contado a partir de notificación de este acuerdo, remita las constancias con pleno valor probatorio con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entre lo cual se encuentra el pago al quejoso por la cantidad de ********************), por concepto de las diferencias generadas por la determinación de aguinaldo a que tiene derecho. Debiendo acreditar el cumplimiento ante este órgano jurisdiccional, remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten el pago de la cantidad antes citada. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora, la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del mismo plazo de tres días le ordene a sus subordinados cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento de la ejecutoria; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por la sentencia. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento de la ejecutoria, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007912, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 7, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 11, décima época, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.***

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la quejosa, a través del cual desahoga la vista ordenada en auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés y al efecto manifiesta su inconformidad con el cumplimiento que las autoridades responsables aducen han realizado. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 196 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que las ejecutorias de amparo son de orden público y que esta juzgadora está obligada a velar por su cumplimiento, de conformidad con la primera parte, del párrafo primero del artículo 192 de la referida ley, se procede a resolver si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, o no lo está. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós se tuvo por recibida copia del testimonio de la resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión 355/2020 de su índice, ejecutoria en la cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En lo que es materia de la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los artículos 237, primer párrafo, 245, fracción I, y 290, de la Ley General de Salud. TERCERO. Se concede el amparo a ********************, respecto de los artículos 235 Bis, 235, último párrafo, en la porción normativa que indica "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; 245, fracciones II, IV y V, segundo párrafo; 247, último párrafo en la porción normativa que indica "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", preceptos todos de la Ley General de Salud, así como el numeral 198, último párrafo, del Código Penal Federal, en la porción normativa que señala "fines médicos y científicos en los términos y condiciones de"; para los efectos precisados en este fallo. CUARTO. Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca de lo que es materia de su competencia en los términos de lo señalado en el apartado respectivo de esta sentencia." Así las cosas, del análisis de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 355/2020, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó conceder la protección constitucional para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. En mérito de lo expuesto, lo que se impone es conceder la protección constitucional solicitada en contra del sistema de prohibiciones analizado, consistente en los artículos 235 Bis; 235, último párrafo, en la porción normativa que indica "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; 245, fracciones II, IV y V, segundo párrafo; 247, último párrafo, en la porción normativa que indica "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", preceptos todos de la Ley General de Salud; así como el numeral 198, último párrafo, del Código Penal Federal, en la porción normativa que señala "fines médicos y científicos en los términos y condiciones de". Concesión que solo estriba en que la quejosa obtenga la autorización para la siembra cultivo y cosecha de cáñamo, siempre y cuando garantice que la planta produzca concentraciones iguales o menores al 1% y bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad que la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones técnicas, estime convenientes para proteger la salud y orden público. En la inteligencia de que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la porción normativa precisada del artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, realizada en esta sentencia: a) en lo concerniente a la quejosa, conforme al principio de relatividad del juicio de amparo, estos se encuentran acotados específicamente a los señalados en el párrafo que precede y; b) por lo demás, es importante aclarar que esta declaratoria de inconstitucionalidad no podrá tener como efecto el que se permita, de manera irrestricta, la siembra, cultivo y cosecha de cannabis, en cualquiera de sus variedades, ya que su finalidad es, exclusivamente, remover el obstáculo jurídico para que la COFEPRIS pueda emitir autorizaciones para la realización de dichas actividades, no sólo para los fines médicos y científicos que ya señalaba la ley, sino también para otros fines lícitos que estén previstos en la ley o reconocidos en una eventual sentencia firme, como es el caso de los fines industriales a que alude el último párrafo del artículo 245 de la Ley General de Salud. En este sentido, no será punible la realización de esas actividades, únicamente, cuando estén avaladas por una autorización de la autoridad competente, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma, en la inteligencia de que las conductas previstas en la porción normativa citada seguirán siendo delictivas y punibles fuera de estos casos. Protección que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el oficio ********************, de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y únicamente en lo atinente a los puntos de la solicitud relacionados exclusivamente con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis (cáñamo) en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales." Asimismo, en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se recepcionó el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 458/2019, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia competencia de este tribunal colegiado, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, conforme a lo determinado en el considerando octavo de esta ejecutoria. TRECERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en los términos y para los efectos precisados en el considerando noveno de esta ejecutoria." En ese sentido, del análisis de la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado revisor, se advierte que determinó conceder la protección constitucional en los siguientes términos: "En ese orden, este tribunal colegiado, estima pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente el oficio reclamado. b) Dicte otro, en el que se analice la solicitud presentada por la quejosa de manera congruente con los lineamientos establecidos por la Primera Sala del Alto Tribunal que se relacionan con el punto de la solicitud relacionado exclusivamente con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis (cáñamo) en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales; y, respecto de los puntos relacionados con el procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de TCH (sic) para la extracción de cannabidiol (CBD); la comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales y la importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores a 1% de THC, resuelva lo conducente, con base en la normatividad aplicable, incluyendo, los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de las mismas.", y, en su caso, autorice la realización de las actividades citadas por la quejosa, únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la mismas (sic) y que tengan amplios usos industriales y estén avaladas por una evaluación sanitaria emitida por autoridad competente, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establecen las leyes respectivas y las autoridades administrativas con el fin de preservar y resguardar el orden público, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma, en la inteligencia de que las conductas no previstas en las autorizaciones seguirán siendo delictivas y punibles fuera de estos casos." Expuesto lo anterior, se tiene que los efectos de la concesión de amparo son claros al establecer que la protección constitucional solo estriba en que a la quejosa se le otorgue la autorización para la siembra cultivo y cosecha de cáñamo, siempre y cuando garantice que la planta produzca concentraciones iguales o menores al 1% y bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad que la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones técnicas, estime convenientes para proteger la salud y orden público, precisando que los efectos conferidos a la concesión del amparo no pueden soslayar la deferencia técnica que se debe a la autoridad competente para emitir las medidas que considere pertinentes para el ejercicio de los derechos en comento. Puntualizando que la declaratoria de inconstitucionalidad de la porción normativa precisada del artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, emitida en la citada ejecutoria establece lo siguiente: a) En lo concerniente a la quejosa, conforme al principio de relatividad del juicio de amparo, estos se encuentran acotados específicamente a los señalados en el párrafo que precede y; b) Que la declaratoria de inconstitucionalidad no podrá tener como efecto el que se permita, de manera irrestricta, la siembra, cultivo y cosecha de cannabis, en cualquiera de sus variedades, ya que su finalidad es, exclusivamente, remover el obstáculo jurídico para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pueda emitir autorizaciones para la realización de dichas actividades, no sólo para los fines médicos y científicos que ya señalaba la ley, sino también para otros fines lícitos que estén previstos en la ley o reconocidos en una eventual sentencia firme, como es el caso de los fines industriales a que alude el último párrafo del artículo 245 de la Ley General de Salud. Aunado a lo anterior, el tribunal colegiado del conocimiento estableció que los efectos de la concesión de amparo estriban específicamente en: 1. Que se analice la solicitud presentada por la quejosa de manera congruente con los lineamientos establecidos por la primera sala del alto tribunal que se relacionan con el punto de la solicitud relacionado exclusivamente con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis (cáñamo) en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales y, respecto de los puntos relacionados con el procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de TCH (sic) para la extracción de cannabidiol (CBD), la comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales y la importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores a 1% de THC. 2. Resuelva lo conducente, con base en la normatividad aplicable, incluyendo, los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de las mismas.", y, en su caso, autorice la realización de las actividades citadas por la quejosa, únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de las mismas y que tengan amplios usos industriales. 3. Que dichas actividades estén avaladas por una evaluación sanitaria emitida por autoridad competente, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establecen las leyes respectivas y las autoridades administrativas con el fin de preservar y resguardar el orden público, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma. Para ser precisos, la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por el máximo tribunal del país, tiene como finalidad primordial y exclusiva, remover el obstáculo jurídico para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pueda emitir autorizaciones para la realización de dichas actividades, no sólo para los fines médicos y científicos que ya señalaba la ley, sino también para otros fines lícitos que estén previstos en la ley o reconocidos en una eventual sentencia firme, como es el caso de los fines industriales a que alude el último párrafo del artículo 245 de la Ley General de Salud. Ahora bien, una vez que ha sido removido el obstáculo jurídico para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pueda otorgar la autorización sanitaria solicitada por la quejosa, la autoridad responsable está obligada a resolver lo conducente con base en la normatividad aplicable, incluyendo, los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de las mismas.", resolución que deberá avalar a través de una evaluación sanitaria emitida por autoridad competente, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establecen las leyes respectivas y las autoridades administrativas con el fin de preservar y resguardar el orden público, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma. En ese contexto, en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado en representación de la subdirección ejecutiva de legislación y consulta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la coordinación general jurídica y consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de los cuales se exhibió copia certificada del oficio ********************, de diez de octubre de dos mil veintidós, en el cual se observa que dejó insubsistente el oficio ******************** de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho e informó que la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional es la comisión de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que únicamente se limitó a sugerir a la sociedad quejosa que presentara la solicitud respectiva ante dicha autoridad, "mediante los formatos y requisitos establecidos en el ACUERDO por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de enero de 2011 y sus posteriores modificaciones". Así, en el referido acuerdo se requirió al comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos establecidos en la resolución emitida en el recurso de revisión 355/2020 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la diversa ejecutoria dictada en el amparo en revisión 458/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, efectos que ya han quedado precisados en párrafos precedentes. Posteriormente, en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado en representación de las autoridades responsables y de la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, a través del cual exhibió copia certificada del oficio ********************, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido por el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el que pretendió dar cumplimiento a la sentencia constitucional. Así las cosas, de una lectura integral del oficio ********************, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido por el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se desprende que la autoridad oficiante determinó que la solicitud de autorización sanitaria presentada por la quejosa resultó improcedente, argumentando que, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 35 y 36 de los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma.", el trámite de solicitud respectivo incumple con la normatividad sanitaria aplicable en el momento en que fue presentado, esto es, en la fecha en la que se encontraban vigentes y aplicables los lineamientos, a lo que, en el mismo acuerdo se determinó que, en el caso, no existe una normatividad vigente y aplicable para la obtención de la autorización sanitaria para la siembra, cultivo, y cosecha únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales, por tanto, se concluyó que no existe impedimento legal o requisito alguno que la quejosa deba de cumplir para obtener la autorización sanitaria solicitada. En razón de lo anterior, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables. En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado en representación de la Subdirección Ejecutiva de Legislación y Consulta, del comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del comisionado de Autorización Sanitaria, todos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través del cual exhibieron copia certificada del oficio ********************, de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el que aduce dar cumplimiento a la sentencia constitucional, oficio y constancia con las cuales se ordenó dar vista a la quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga, desahogando la vista respectiva a través del escrito de cuenta y en el cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por las autoridades. Así las cosas, de una lectura integral del oficio ********************, de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se desprende que la autoridad oficiante determinó que no era procedente otorgar la autorización sanitaria solicitada, debido a que, aduce, que la quejosa no acreditó que la planta que pretende sembrar, cultivar y cosechar, produzca concentraciones iguales o menores al 1% de THC. Expone, que la quejosa fue omisa en atender lo que establecen los artículos 19 y 20 del "REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO PARA LA PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y USO MEDICINAL DE LA CANNABIS Y SUS DERIVADOS FARMACOLÓGICOS". En ese sentido, tomando en consideración los elementos anteriores, esta juzgadora considera que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida. Lo anterior, ya que los efectos de la sentencia de amparo consistieron en: a) Que la quejosa obtenga la autorización para la siembra cultivo y cosecha de cáñamo, siempre y cuando garantice que la planta produzca concentraciones iguales o menores al 1% y bajo las condiciones de monitoreo, control y seguridad que la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones técnicas, estime convenientes para proteger la salud y orden público. b) Deje insubsistente el oficio reclamado. c) Dicte otro, en el que se analice la solicitud presentada por la quejosa de manera congruente con los lineamientos establecidos por la Primera Sala del Alto Tribunal que se relacionan con el punto de la solicitud relacionado exclusivamente con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis (cáñamo) en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales; y, respecto de los puntos relacionados con el procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de TCH (sic) para la extracción de cannabidiol (CBD); la comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales y la importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores a 1% de THC, resuelva lo conducente, con base en la normatividad aplicable, incluyendo, los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de las mismas.", y, en su caso, autorice la realización de las actividades citadas por la quejosa, únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales y estén avaladas por una evaluación sanitaria emitida por autoridad competente, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establecen las leyes respectivas y las autoridades administrativas con el fin de preservar y resguardar el orden público, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma, en la inteligencia de que las conductas no previstas en las autorizaciones seguirán siendo delictivas y punibles fuera de estos casos. Y del oficio ********************, de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se desprende que la autoridad oficiante determinó que no era procedente otorgar la autorización sanitaria solicitada, debido a que, aduce, que la quejosa no acreditó que la planta que pretende sembrar, cultivar y cosechar, produzca concentraciones iguales o menores al 1% de THC. De lo expuesto, se colige que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de la sentencia constitucional, han sido omisas en acatar en sus términos las ejecutorias de amparo, aunado a que es evidente que insisten en realizar acciones dilatorias en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues, no han otorgado la autorización sanitaria solicitada por la quejosa para la siembra cultivo y cosecha de cáñamo atendiendo a los puntos expuestos en dicha solicitud, los cuales se transcriben a continuación: "a) Importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC. b) Procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de cannabidiol (CBD). c) Comercialización de aceite CBD como insumo para procesos industriales. d) Importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC." Lo anterior no significa que ese derecho no se encuentre supeditado a que se cumplan con las especificaciones indicadas, esto es, que los productos relacionados en la solicitud, garanticen que la planta contenga concentraciones del 1% o menores de THC. En esta parte, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 19 y 20 del "REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO PARA LA PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y USO MEDICINAL DE LA CANNABIS Y SUS DERIVADOS FARMACOLÓGICOS", mismos que fueron invocados por la autoridad responsable para determinar cómo improcedente el otorgamiento de la autorización sanitaria solicitada por la quejosa: "CAPÍTULO II DE LA PRODUCCIÓN ARTÍCULO 19. El permiso de siembra de la Cannabis para los fines de investigación y fabricación a los que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 2 del presente Reglamento, debe tramitarse ante el SENASICA, para lo cual se deberá adjuntar la autorización del Protocolo de Investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este Reglamento, o el registro sanitario para el Medicamento que se pretenda producir. ARTÍCULO 20. Los permisos de siembra de especies o variedades autorizadas de la Cannabis, se otorgarán para las actividades de siembra, cultivo y cosecha, así como para la investigación para la salud, y para la fabricación de Derivados Farmacológicos y Medicamentos." En ese orden de ideas, si bien es cierto, los efectos de la concesión de amparo estriban en que el otorgamiento de la autorización sanitaria solicitada por la quejosa, queda supeditada al cumplimiento de los requisitos que establezca la normatividad aplicable, incluyendo, los "Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma.", únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales y estén avaladas por una evaluación sanitaria emitida por autoridad competente, previo cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que para tal efecto establecen las leyes respectivas y las autoridades administrativas con el fin de preservar y resguardar el orden público, para la realización de fines lícitos, y dentro de los límites y términos estrictos de la misma cumplimiento de los requisitos de la normatividad, también lo es, que los preceptos legales en los cuales la autoridad oficiante fundamenta su determinación se refieren a la siembra, cultivo y cosecha de la cannabis para fines de investigación para la salud y para la producción de derivados farmacológicos y medicamentos, no así, para la importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC, como en el caso acontece, es decir, el citado cuerpo normativo, regula aspectos distintos a la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para usos industriales. Para robustecer lo anterior, conviene precisar que, respecto del tipo de producto sobre el que la quejosa solicitó la autorización no implica ningún riesgo a la salud, pues como consta de las actuaciones estamos frente a cáñamo para usos industriales con 1% o menos de THC, lo que se traduce en que la planta carece de propiedades psicoactivas y, por lo tanto, no representa un problema de salud pública. Asimismo, cobra relevancia que si bien la legislación sanitaria y penal, trataban con cierta identidad a la "cannabis", con la planta de "marihuana", lo cierto es que el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, generó un sistema jurídico más flexible que permite distinguir ahora entre distintas variantes de la referida especie herbácea, lo que se infiere del artículo 245, último párrafo de la Ley General de Salud vigente, del tenor literal siguiente:. "Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria." A partir de ese contexto, se acepta que variantes de la planta de cannabis que tienen nula o mínima concentración de THC del uno por ciento o menores, adquieran un tratamiento distinto al de variantes con concentraciones mayores. Dicha distinción se advierte con mayor claridad del proceso legislativo que derivó en la citada reforma legislativa, en donde, de forma general, se reconoció que el cáñamo y en general, las variantes de la cannabis, que tienen nula o mínima concentración de THC, no representan un riesgo para la salud. Así, el hecho de que la Ley General de Salud, permita la comercialización, exportación e importación de productos que contengan derivados de la cannabis, en concentraciones del uno por ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, permite entender que la referencia parte de lo genérico, esto es, del uso de término cannabis vinculado a la especie herbácea, pero acotado a variantes de dicha planta que tienen concentraciones nulas o mínimas de THC, como lo es el cáñamo. Aunado a lo anterior, si en este momento procesal existe una prohibición jurídica y material para llevar a cabo la siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales, debido a la negativa de la autoridad responsable para otorgar la autorización sanitaria para la realización de los fines solicitados, la quejosa está imposibilitada para acreditar el extremo que impone la autoridad, consistente en acreditar que la planta produzca concentraciones iguales o menores al 1% de THC, pues tendría que llevar a cabo un ciclo de cosecha para estar en condiciones de obtener la muestra del producto y, en consecuencia, llevaría a cabo la comisión de un delito, ya que no cuenta con la autorización sanitaria correspondiente para comprobar dicho requisito. Así las cosas, para estar en condiciones de acreditar que la planta que la quejosa pretende sembrar, cultivar y cosechar produce concentraciones iguales o menores al 1% de THC, tendría que llevar a cabo las actividades para las cuales solicita la autorización, lo que traería como consecuencia que se actualizara la comisión de un delito, debido a que dichas conductas siguen siendo delictivas y punibles de conformidad con el artículo 198, último párrafo, del Código Penal Federal, hasta en tanto, la autoridad responsable otorgue la autorización sanitaria solicitada por la quejosa, autorización que ha sido materia de la litis y que además, adquiere el carácter de cosa juzgada. En razón de lo expuesto, se insiste que, si en el caso no existe una normatividad vigente y aplicable para la obtención de la autorización sanitaria para la siembra, cultivo, y cosecha únicamente, cuando se trate de cáñamo en concentraciones del 1% o menores de THC, para la elaboración de productos derivados de la misma y que tengan amplios usos industriales, es dable concluir, que no existe impedimento legal o requisito alguno que la quejosa deba de cumplir para obtener la autorización sanitaria solicitada. En ese sentido, considerando que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que las autoridades están constreñidas indefectiblemente a cumplirlas sin dilaciones ni pretextos, en los términos perentorios de los que disponen, además de que esta juzgadora está obligada a vigilar su acatamiento, y aunado a que la sentencia de amparo adquiere el carácter de cosa juzgada; con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo, que establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, se requiere por última ocasión y antes de hacer efectivos los apercibimientos decretados en autos a Natán Enríquez Ríos, comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, para que en el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo cumpla con las ejecutorias de amparo, en los términos establecidos en la resolución emitida en el recurso de revisión 355/2020 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la diversa ejecutoria dictada en el amparo en revisión 458/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para lo cual deberá realizar lo siguiente. - Conceder la autorización sanitaria para realizar las actividades solicitadas por la quejosa, atendiendo a los incisos a), b), c) y d) de su escrito de solicitud, que establecen lo siguiente: a) Importación, siembra, cultivo y cosecha de cannabis sativa L (cáñamo) con fines industriales y que contengan concentraciones menores al 1% de THC. b) Procesamiento del cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC para la extracción de canabidiol (CBD) c) Comercialización de aceite de CBD como insumo para procesos industriales. d) Importación y/o adquisición en territorio nacional de semillas para la siembra, cultivo y cosecha de cáñamo con concentraciones menores al 1% de THC. Asimismo, deberá tomar en consideración que al otorgar la autorización sanitaria solicitada, habrá de establecer de manera clara, precisa y debidamente fundada y motivada, las obligaciones que, en su caso, la quejosa deba cumplir, evitando generar cargas arbitrarias que traigan como consecuencia una obstrucción de acceso a una tutela judicial efectiva y principalmente atendiendo a los lineamientos establecidos en las ejecutorias de amparo. En el entendido de que, a efecto de acreditar que la planta motivo de la solicitud de autorización de siembra, cultivo y cosecha produce 1% o menos de THC, deberá concederle un plazo prudente, tomando en consideración el ciclo de cosecha propio de la planta, para lo cual deberá fijar de manera clara y precisa el tiempo y forma en la cual deberá demostrar el porcentaje requerido ya sea a través de dictámenes periciales en la materia respectiva o mediante cualquier medio probatorio establecido por la ley, sin que se deje de observar que hasta la fecha no existe una legislación aplicable al caso concreto, precisando que la comprobación del porcentaje requerido deberá ser acreditado por cada ciclo de cosecha. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, lleve a cabo visitas de inspección para constatar que el producto de la siembra, cultivo y cosecha se utiliza exclusivamente para fines industriales, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a Alejandro Ernesto Svarch Pérez, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable; para que en el mismo plazo de tres días le ordene a su subordinado a cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento de la sentencia; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por la sentencia. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007912, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 7, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 11, décima época, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." En otro orden de ideas, atendiendo a las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos, se imponga a las autoridades responsables las multas respectivas, se determine que la sentencia de amparo no está cumplida y en consecuencia se remitan los autos a la superioridad para los efectos que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, dígasele que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente, debido a que, es de explorado derecho que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido lineamientos, que son de observancia obligatoria, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, en los cuales estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: "1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." En ese sentido, una vez que se lleven a cabo todas las etapas del procedimiento del cumplimiento de la sentencia, en su caso, se procederá en los términos que establece el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese, y vía electrónica a la quejosa.

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