Sara Landeros Pajarito
Expediente 946/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2022
Partes del expediente
- Sara Landeros Pajarito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio el once de julio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el once de julio de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el expediente obren documentos aportados por las partes que por sus características deban ser devueltos. Asimismo, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en las carátulas de los expedientes, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes de la vista otorgada en proveídos de diez y catorce de junio de dos mil veintidós, en relación con los recursos de queja interpuestos contra de la interlocutoria de uno de junio de dos mil veintidós. En esas condiciones, por medio del oficio que se envíe con los datos necesarios del presente asunto, al correo, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, turne dichos recursos de queja; a efecto de que en su momento, sean remitidos al órgano que corresponda conocer del mismo, y entonces pueda vincularse este expediente para su consulta. Igualmente, se ordena al Oficial Judicial A adscrito a este órgano jurisdiccional, que una vez realizado lo anterior, lleve a cabo las gestiones necesarias para que esté disponible el presente expediente, para la superioridad. Con independencia de lo anterior y toda vez que la interposición de dichos recursos de queja no suspende el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el presente juicio, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que ocurra la legal notificación de este proveído, realice el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso con motivo de la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, esto es de la cantidad ................. Lo anterior una vez que se realice el cálculo que deberá enterarse por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente, así como la retención de las aportaciones de seguridad social que corresponden al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, préstamos, faltas o diversos impuestos. Lo cual deberán demostrar fehacientemente ante este juzgado de distrito, remitiendo copia certificada, ordenada, completa y legible de las constancias que así lo acrediten. Hágase saber a la autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que el Tribunal Pleno ha determinado que en los casos en que en acatamiento a una sentencia de amparo se deba restituir o pagar a los quejosos una determinada cantidad de dinero, las autoridades legalmente facultadas para disponer de los recursos presupuestales autorizados por el órgano competente para ello, deben realizar las acciones necesarias para efectuar el pago relativo aun cuando esos recursos no estén destinados para tal fin, sin que ello implique violación alguna al artículo 126 constitucional, en cuanto prevé que no se podrá hacer ningún pago que no esté expresamente previsto en el presupuesto de egresos, ya que esta disposición no puede oponerse a la ejecución de una sentencia de amparo, dado que es la propia Constitución General de la República la que determina la exigibilidad inmediata de su cumplimiento, al señalar en su artículo 107, fracción XVI, que en caso de que ello no suceda y su incumplimiento sea inexcusable, las autoridades responsables serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda. Asimismo, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el artículo 126 de la Constitución acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. El anterior aserto, encuentra sustento en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo XV, Abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO" Por otra parte, de conformidad con el artículo 37, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos pueden solicitar al Congreso del Estado las ampliaciones que a su juicio ameriten las leyes de ingresos ya aprobadas. Y, en términos del diverso numeral 23 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, los entes públicos municipales pueden adquirir financiamiento con previa autorización del Congreso del Estado, para lo cual deberá haber aprobado la contratación del financiamiento o de la obligación financiera por mayoría de sus integrantes. Sin embargo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el hecho de que las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector puedan solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal, al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, no obsta para que empleen los mecanismos legales previstos para la transferencia o adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado. Ello es así, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, en ese supuesto, únicamente podría sustentarse en la inexistencia de recursos presupuestales disponibles, la cual debe acreditarse fehacientemente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN". Se apercibe a las autoridad en comento que, de no cumplir con el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, sus integrantes se harán acreedores a una multa...................; establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, así como la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere también al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de dichas autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, ordene al Tesorero Municipal o a quien corresponda, a que de cumplimento a la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa ............................... Hágasele del conocimiento de dicha autoridad, en su carácter de superior jerárquico, que, para dar cumplimiento a lo anterior, no basta que emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones antes mencionadas. Notifíquese, y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco y al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco.
- Principal
Requiérase de nueva cuenta a la Jueza Décimo Tercera de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el término de diez días informe si ya realizó el estudio socioeconómico del denunciante (aquí quejoso), o en su caso, las gestiones que se encuentra realizando para ello. Lo cual deberá acreditar con copia certificada, completa, ordenada y legible de las actuaciones correspondientes, bajo apercibimiento. Por lo tanto, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere y en su lugar, se señalan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en atención a lo requerido, remítase a la Superioridad el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 965/2021-VII del índice de este Juzgado, para la debida integración y substanciación de la revisión incidental.
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