Sara Jocelin Ruiz Marín

Expediente 1962/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1962/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Sara Jocelin Ruiz Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede y toda vez que de autos se aprecia que por oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el ocho de noviembre de la presente anualidad (fojas 61 a 62), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Presidente Árbitro, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, por auto de once de noviembre del presente año (foja 63), se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento aludido, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución pronunciada en el presente sumario de amparo el treinta de septiembre de la presente anualidad (fojas 47 a 54), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] se concede el amparo solicitado para el efecto de que, en caso de que la demanda laboral presentada por la aquí quejosa el treinta y uno de mayo de la anualidad en cita cumpla con los requisitos de procedibilidad establecidos en el estatuto que rige al acto reclamado, en observancia del principio de justicia pronta, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, señale fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit [.]". Luego, seguido el juicio en sus demás trámites legales, a través del oficio y anexo recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el ocho de noviembre de la presente anualidad (fojas 61 a 62), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Presidente Árbitro, en cumplimiento al fallo protector, remitió el auto de siete de noviembre del año en curso, dictado en el juicio laboral 297/2019 de su índice, en el que le dio trámite al escrito de demanda presentado por la parte quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, del que se advierte procedió a su admisión y citó a las partes a las diez horas del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para la audiencia de conciliación respectiva; sin que sea óbice a lo anterior, que no se hayan remitido las constancias de notificación practicadas a las partes, pues al haber sido notificadas por este Órgano Jurisdiccional, se dieron por enteradas de dicho cumplimiento. Es aplicable al respecto por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: En ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita por los motivos que expone, se le envíe copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo número 2376/2016 del índice de este juzgado; por lo tanto, agréguese el oficio de mérito a los presentes autos y en atención a lo solicitado, envíesele las copias certificadas que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ********************Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por ***, mediante el cual realiza manifestaciones en relación a la vista del proveído de treinta de octubre del año en curso y solicita:********************Se requiera a la moral "Colinas Country Club", Sociedad Anónima de Capital Variable, para que remita el acta general ordinaria de accionistas de cuatro de enero de dos mil dieciocho, pues no existe excusa para su cumplimiento, ya que no se suspendió el procedimiento del juicio con motivo del recurso de queja interpuesto en contra de dicho requerimiento; además de que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del recurso de queja 343/2018, de su índice, determinó que la admisión de las prueba que hoy impugna el administrador único de dicha moral, no trae aparejada como consecuencia necesaria un perjuicio grave e irreparable del quejoso, pues la única consecuencia que acarrea es que tales pruebas sean desahogadas y en todo caso, se analicen en sentencia; y********************Se requiera a la moral Colinas Country Club", Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio procesal que tiene en autos, a fin de que informe el domicilio en que en que encuentran los libros de dicha sociedad que se requieren para el desahogó de la prueba de inspección judicial ofrecida por sus representados.****************************************En consecuencia, téngase por realizadas las manifestaciones de la parte promovente, sin perjuicio de tomarse en cuenta por el órgano competente que resuelva el recurso de queja interpuesto por el administrador único de la citada persona moral.****************************************Por otra parte en relación al inciso a), dígasele al promovente que no ha lugar a promover de conformidad a lo solicitado y deberá de estarse a lo acordado en el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se le indicó que lo relativo a la remisión del acta de asamblea solicitada, se determinaría una vez que se resolviera el medio de impugnación interpuesto en su contra; por lo que por en este momento procesal resulta improcedente solicitar tales documentales.****************************************Finalmente, en relación al inciso b), como lo solicita el promovente de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la moral "Colinas Country Club", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente lo represente, en su domicilio procesal ubicado en calle Mar de Bering, número sesenta, colonia Valle del Country, en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación correspondiente, informe el domicilio donde se encuentran los libros de dicha sociedad, a fin de llevar el desahogo de la prueba de inspección judicial en los términos en que fue admitida por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho; lo anterior, atendiendo a que la referida persona moral es la que tiene pleno conocimiento sobre la ubicación de los libros que se requieren, al tener la obligación de tenerlos bajo su resguardo en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.****************************************Apercibida que en caso de no cumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento legal que tuviera para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme lo establece el dispositivo 237, fracción I de la Ley aplicable; para lo cual se le remite copia simple del pago efectuado de su parte respecto de dicho instrumento, a fin de facilitar su localización. ****************************************En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.****************************************NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA MORAL INDICADA

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado el veintidós de mayo, veintisiete de junio, diecinueve de julio y dieciséis de octubre, todos del año en curso (fojas 450 a 452, 470 a 507, 512 a 520 y 533 a 536), el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dieciséis de octubre del año en curso (foja 543), se dio vista a la parte agraviada, así como a los terceros interesados con el referido cumplimiento, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual el quejoso Gary Steven Foster realizó diversas manifestaciones respecto al acatamiento dado por la autoridad responsable, como se desprende de la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 202 a 218), se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio y por otra, conceder al quejoso Gary Steven Foster, el amparo y protección de la Justicia de la Unión; sin embargo, mediante ejecutoria de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 398 a 445), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en el recurso de revisión 62/2019 (auxiliar 270/2019), interpuesto por el quejoso Gary Steven Foster y los terceros interesados Jorge Alcalde López y José Antonio Dau Daou, determinó, desechar el recurso de revisión planteado por el tercero Jorge Alcalde López y, modificar la sentencia impugnada y en su lugar la Justicia de la Unión amparó y protegió a la parte quejosa, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto de los actos reclamados a ésta, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, en la parte que adjudicó de manera directa el inmueble hipotecado así como todo lo actuado con posterioridad con sustento en esa determinación, inclusive la orden de escrituración del inmueble hipotecado y la orden de poner en posesión provisional del mismo al actor, ambas determinaciones contenidas en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, así como su ejecución. b) En su lugar, emita un auto en el que referente a la petición del ejecutante, sobre la adjudicación directa, acorde con lo explicado en este fallo, resuelva en consecuencia. c) Lo anterior, sin perjuicio de que la actora esté en aptitud de solicitar la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a las formalidades previstas para tal efecto en la legislación adjetiva civil aplicable.". De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: Dejar insubsistente el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, en la parte que adjudicó de manera directa el inmueble hipotecado, así como todo lo actuado con posterioridad con sustento en esa determinación, inclusive la orden de escrituración del inmueble hipotecado y la orden de poner en posesión provisional del mismo al actor, ambas determinaciones contenidas en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, así como su ejecución. Emitir un auto en el que referente a la petición del ejecutante, sobre la adjudicación directa, acorde con lo explicado en dicho fallo, resolviera en consecuencia, sin perjuicio de que la actora estuviera en aptitud de solicitar la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a las formalidades previstas para tal efecto en la legislación adjetiva civil aplicable. Luego, a través de los oficios y anexos recibidos en este juzgado el veintidós de mayo, veintisiete de junio, diecinueve de julio y dieciséis de octubre, todos del año en curso (fojas 450 a 452, 470 a 507, 512 a 520 y 533 a 536), el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector. Es decir, para acreditar dicha situación, la responsable de mérito remitió copia certificada de las constancias siguientes: Oficios 782/2019 y 784/2019, dirigidos al Notario Público número 4 de la Primera Demarcación Territorial y Jefe o Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de que cancelaran el instrumento público "18,883" de seis de abril de dos mil diecisiete, asentada en el Libro 1,251, de la Sección I, Serie A, bajo partida número 34. Auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 494 y 495), dictado en el contradictorio materia del acto reclamado, en el cual se tuvo al citado notario cancelando el aludido instrumento público. Acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 515 a 519), en el que dejó insubsistente el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, en la parte que adjudicó de manera directa del bien inmueble ubicado en la calle Mariposas, número sesenta y siete (67), así como lo construido en el condominio Maestro Paradise Village Golf & Country Club, localizado en Boulevard Nayarit, Número Uno, del fraccionamiento Náutico Turístico Nuevo Vallarta, del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, así como todo lo actuado con posterioridad con sustento en esa determinación, inclusive la orden de escrituración del inmueble hipotecado y la orden de poner en posesión provisional del mismo al actor, ambas determinaciones contenidas en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, así como su ejecución; ordenó la restitución de la posesión del quejoso Gary Steven Foster; y se pronunció respecto de a la petición del ejecutante, sobre la adjudicación directa, acorde con lo explicado en el fallo protector. Acta de posesión de inmueble de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 535 y 536), en la cual se hizo constar la entrega del inmueble materia del acto reclamado al quejoso. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Por otro lado, el quejoso Gary Steven Foster, en atención a la vista otorgada en proveído de dieciséis de octubre del año en curso (foja 543), manifestó que no se había dado cumplimiento al fallo protector, pues aduce que aún siguen surtiendo efectos las diligencias de desposesión y escrituración ordenadas por el juez responsable de sus bienes a favor del tercero interesado Jorge Alcalde López, en virtud de que, a su parecer la concesión del amparo consistía en dejar insubsistente todo lo actuado con posterioridad al acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, pues estima que no excluye acto alguno. Sin embargo, los argumentos sintetizados son infundados, pues el amparo únicamente se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, en la parte que adjudicó de manera directa el inmueble ubicado en la calle Mariposas, número sesenta y siete (67), así como lo construido en el condominio Maestro Paradise Village Golf & Country Club, localizado en Boulevard Nayarit, Número Uno, del fraccionamiento Náutico Turístico Nuevo Vallarta, del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, así como todo lo actuado con posterioridad con sustento en esa determinación; y, contrario a lo que señala el quejoso, la concesión del amparo sí distingue cuales son los actos que tenían que dejarse sin efectos, pues se refiere a todo lo actuado con posterioridad con sustento en la determinación veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el juicio especial hipotecario 598/2010, es decir, todo lo actuado con posterioridad que fuera consecuencia a la adjudicación de manera directa del citado inmueble; por lo que, tiene a su disposición los medios de impugnación que considere procedentes para combatir la presente determinación, pues contrario a su apreciación, este juzgado federal considera que el fallo protector se encuentra cumplido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en el artículo vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad exhibió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, agréguese para los efectos legales correspondientes el escrito de cuenta signado por Luis Manuel Reséndiz Sánchez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual promueve incidente de inejecución de la sentencia de amparo; al respecto, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que en los párrafos que anteceden se determinó que quedó cumplimentado el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en razón de que el sistema de ejecución de sentencias contenido en la Ley de Amparo consiste en impedir la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria y como medida para lograr esta pronta actuación se prevén determinadas sanciones a imponer con el propósito de lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, sin que su principal objetivo sea enjuiciar a las autoridades responsables. Entonces, si el incidente de inejecución de sentencia tiene como fin verificar la regularidad del procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, para determinar si éste no se ha acatado y, en su caso, si el incumplimiento está o no justificado, la determinación de negar su apertura no causa perjuicio a la quejosa, pues a nada practico llevaría su tramitación en virtud de que en autos se sostuvo el acatamiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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