Sara Hernández Macías

Expediente 3367/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3367/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Sara Hernández Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. ...este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de depuración; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, se precisa que este asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, Sara Hernández Macías, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que será precisado en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado federal, la cual fue admitida por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló alegato ministerial (foja 16 a 18); se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento inició a las once horas del día de hoy y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Al haber sido analizada la demanda en su integridad, en un sentido congruente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado al: Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: ? La omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 1615/2016-F2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del Pleno de dicho órgano (fojas 21 a 35). Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con el acto materia de la Litis constitucional y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, se procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Refiere la quejosa que la responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, toda vez que, dicha autoridad no ha proveído la ejecución del laudo definitivo en la citada contienda laboral. El motivo de queja resulta fundado pero inoperante. El artículo 17 constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Esta disposición pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable . Al respecto, resulta pertinente establecer que los artículos 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios dispone que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal despachará auto con efectos de mandamiento y que notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los treinta días siguientes. Del análisis a las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el laudo se dictó con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho. Sin embargo, contra dicho laudo la aquí quejosa también presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, la que proveyó el veintitrés de noviembre siguiente, y se remitió con los autos del juicio laboral, a la Oficina de Correspondencia común de los Tribunales Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo turno tocó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo que se advierte de las constancias certificadas que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, en las que consta el oficio por el que se remite al Tribunal Colegiado y la papeleta de turno (fojas 23 a 35). En tales circunstancias, para estar en posibilidad de ejecutar un laudo se requiere que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, lo que en el caso no ha sucedido. Entonces, la omisión reclamada no es violatoria de garantías en sí misma, pues, se reitera, en la especie, no es jurídicamente posible ejecutar un laudo que ha sido reclamado en una demanda de amparo directo, por la propia actora, aquí quejosa, por cuestionar que no está conforme con el resultado del laudo, de ahí que está pendiente de resolverse incluso sobre aspectos que de proceder a su ejecución le depararían un perjuicio. Por tanto el acto reclamado no viola lo previsto en el artículo 17 constitucional. En efecto, la falta de ejecución del laudo en el expediente 1615/2016-F2, por ahora está justificada, desde el momento en que se acredita que el estado procesal que guarda el expediente de referencia no permite la ejecución del laudo que ahí se emitió. En consecuencia, ante lo jurídicamente ineficaz del concepto de violación, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Finalmente, por lo que respecta al alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, indíqueseles que deberán estarse a lo resuelto en este fallo. R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sara Hernández Macías, contra la autoridad y el acto precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con la licenciada Dolores Araceli Navarro Huerta, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: 3667/2018. Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, Sara Hernández Macías, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que será precisado en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado federal, la cual fue admitida por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló alegato ministerial (foja 16 a 18); se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento inició a las once horas del día de hoy y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Al haber sido analizada la demanda en su integridad, en un sentido congruente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado al: Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La omisión de ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 1615/2016-F2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del Pleno de dicho órgano (fojas 21 a 35). Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con el acto materia de la Litis constitucional y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, se procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Refiere la quejosa que la responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, toda vez que, dicha autoridad no ha proveído la ejecución del laudo definitivo en la citada contienda laboral. El motivo de queja resulta fundado pero inoperante. El artículo 17 constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Esta disposición pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. Al respecto, resulta pertinente establecer que los artículos 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios dispone que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal despachará auto con efectos de mandamiento y que notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los treinta días siguientes. Del análisis a las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el laudo se dictó con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho. Sin embargo, contra dicho laudo la aquí quejosa también presentó demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, la que proveyó el veintitrés de noviembre siguiente, y se remitió con los autos del juicio laboral, a la Oficina de Correspondencia común de los Tribunales Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo turno tocó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, lo que se advierte de las constancias certificadas que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, en las que consta el oficio por el que se remite al Tribunal Colegiado y la papeleta de turno (fojas 23 a 35). En tales circunstancias, para estar en posibilidad de ejecutar un laudo se requiere que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, lo que en el caso no ha sucedido. Entonces, la omisión reclamada no es violatoria de garantías en sí misma, pues, se reitera, en la especie, no es jurídicamente posible ejecutar un laudo que ha sido reclamado en una demanda de amparo directo, por la propia actora, aquí quejosa, por cuestionar que no está conforme con el resultado del laudo, de ahí que está pendiente de resolverse incluso sobre aspectos que de proceder a su ejecución le depararían un perjuicio. Por tanto el acto reclamado no viola lo previsto en el artículo 17 constitucional. En efecto, la falta de ejecución del laudo en el expediente 1615/2016-F2, por ahora está justificada, desde el momento en que se acredita que el estado procesal que guarda el expediente de referencia no permite la ejecución del laudo que ahí se emitió. En consecuencia, ante lo jurídicamente ineficaz del concepto de violación, se impone negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Finalmente, por lo que respecta al alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, indíqueseles que deberán estarse a lo resuelto en este fallo. R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sara Hernández Macías, contra la autoridad y el acto precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con la licenciada Dolores Araceli Navarro Huerta, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH/fgm

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco; mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector, por los motivos que en el mismo expone. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Director General de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de diez días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, -plazo razonable y estrictamente determinado-, lleve a cabo todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria , quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/jacobo

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