Sara Guadalupe Pérez López

Expediente 2714/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2714/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Sara Guadalupe Pérez López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento que se pretende dar al fallo protector, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos, en razón de que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada. Cabe señalar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el once de mayo de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por resolución de la superioridad, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión 523/2017, resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida, de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto número 909/2017, que concedió el amparo solicitado.". Por tanto el efecto concesorio de amparo, fue el siguiente: [.] se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de la cantidad de $43,991.34 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional) y $27,708.00 (veintisiete mil setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), contenidas en los recibos oficiales números 338699 y 2259142AA, que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre unos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete); a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en artículos 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 46, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. [.] Ahora bien mediante oficio registrado con número 31143, se advierte que la autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, remite copia certificada de la constancia de notificación y entrega del cheque resultante a favor de la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo, constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, no se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, haya dado emitido el cheque resultante a favor de la parte quejosa, mismo que se advierte por oficio ACDEV-IP1400/2018/T-0544-B, por lo que, en esas condiciones, resulta claro que LA SENTENCIA DE AMPARO NO HA QUEDADO CUMPLIDA, en su totalidad. Requerimiento. En consecuencia con fundamento en los artículos 192 y 193 de ley de la materia, requiérase por última ocasión a la autoridad denominada Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación: Acredite ante este Juzgado Federal, con constancia fehaciente, que el título de crédito resultante a favor de la parte quejosa, se encuentran a su disposición, o que el mismo, ya fueron notificados o en su caso entregados a la misma. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 100 a 102); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se negó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. I. Califica impedimento. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en sesión celebrada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del impedimento 29/2018, derivado del recurso de revisión incidental 178/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se califican de legales los impedimentos planteados por los señores Magistrados René Olvera Gamboa, y Jaime C. Ramos Carreón. SEGUNDO. Remítanse los autos del recurso de revisión incidental a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que sean turnados a este órgano jurisdiccional." Testimonio que se ordena agregar a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes. Acúsese recibo de estilo. II. Recurso de queja. Visto el escrito signado por el autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se le indicó que se estuviera a lo ordenado en auto de diecisiete de junio de dos mil diecisiete, en relación a la negativa de fijar contragarantía solicitada, respecto a la medida cautelar decretada. III. Trámite del Recurso. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso c), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del aludido auto. Asimismo, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena notificar del presente recurso de queja a las partes, para que dentro del plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a quien resuelva la materia de la queja; una vez transcurrido el citado término a las partes, remítase el original y copia del escrito de agravios, así como copias certificadas de las constancias que integran el incidente de suspensión en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno; y ríndase el informe sobre la materia, para la substanciación del recurso que se hace valer, previo desglose que se efectúe del escrito materia del recurso y copia de este. IV. Apertura del cuaderno de antecedentes. Sin que haya lugar a formar nuevo cuaderno de antecedentes en virtud de que el mismo se integró con motivo de los diversos recursos interpuesto en el presente asunto, además, de ser los autos en lo que se actúa. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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