Sara Grey Chávez

Expediente 794/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
794/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Sara Grey Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer su destino. Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable juez Primero Mercantil de la capital, con sede en esta ciudad. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 11054 con anexos que se adjuntan y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, el dieciséis de mayo del año en curso, dentro del amparo en revisión civil 38/2018. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías 794/2017 promovido por Sara Grey Chávez, contra los actos de las autoridades preciadas en el resultando primero de la presente ejecutoria por las razones y fundamentos contenidos en la sentencia recurrida. [.]". En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; toda vez que ya transcurrieron los seis meses a que se refiere el aludido apartado se ordena su destrucción. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable juez Primero Mercantil de la capital, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. EMVG

  2. Principal

    El dos de febrero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con folio 2015. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por la actuaria judicial adscrito al Tribunal Colegido del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada bajo el folio 887 y anexos que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Sara Grey Chávez, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la que sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente a la Superioridad para la substanciación del aludido recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 794/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Sara Grey Chávez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas. - Actuario adscrito a la central de actuarios de los juzgados civiles, familiares y mercantiles del distrito judicial referido. ACTO RECLAMADO: - El emplazamiento del juicio ejecutivo mercantil 785/2012 y todo lo actuado con posterioridad. Acto que consideró violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 40 a 44), se registró el juicio con el expediente 794/2017, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes con justificación, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito, se mandó emplazar a la parte tercero interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (foja 131), se informó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. La audiencia constitucional inició el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede (foja 144); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: a) Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 785/2012 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas (promovido por Samuel Zesati Rodarte contra Carlos Belmonte Romo), a partir de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. b) El embargo trabado en dicho procedimiento sobre un inmueble y un vehículo propiedad de su cónyuge; y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas aceptó la existencia del juicio ejecutivo mercantil natural y del embargo reclamado (foja 55). Además, dicha juzgadora remitió las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 785/2012; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el jefe de la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital aceptó que personal de dicha depedendcia intervino en las actuaciones judiciales del juicio natural (foja 49). Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos doce ante la Oficialía de Partes del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiara directa, Juan Francisco Robles García y José Pérez Hernández, endosatarios en procuración de Samuel Zesati Rodarte, demandaron de Carlos Belmonte Romo, el pago de ochocientos setenta y cinco mil pesos por concepto de suerte principal, derivados del pagaré base de la acción (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas. 2. En auto de trece de julio de dos mil doce, el Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas registró la demanda con el expediente 785/2012, la admitió a trámite y emitió mandamiento de ejecución para que el demandado fuera emplazado al juicio (fojas 5 y 7 del tomo de pruebas). 3. El veinte de agosto siguiente, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenada. En esta actuación, en lo conducente, el acturario judicial asentó haber sido atendido directamente por el demandado y trabó embargo sobre el inmueble ubicado en la calle Mexicapan 1368, sección 3, cuartel 4, manzana 8, lote 3B en la ciudad de Zacatecas y sobre el vehículo marca Chrysler, Avenger, SXT, modelo dos mil ocho, color negro brillante, placas ZHL 96-42, número de serie 1B3KC56K38N588465 (foja 12 del cuaderno citado). 4. En proveído de cinco de septiembre de dos mil doce, se tuvo perdido el derecho para contestar la demanda (foja 20 del tomo en referencia). 5. En sentencia de siete de noviembre de dos mil doce, el juez del conocimiento consideró fundada la acción ejercida y condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 50 a 55). 6. En acuerdo de nueve de enero de dos mil trece, se declaró que la sentencia había causado ejecutoria (foja 79). 7. El veintitrés de enero de dos mil catorce, se adjudicó el automóvil embargado en favor del actor (foja 228). 8. El seis de noviembre de dos mil catorce, se declaró fincado el remate del inmueble embargado en favor de Samuel Zasati Rodarte (fojas 353 y 354) 9. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó remitir el expdiente al Notario Público Siete del Estado de Zacatecas para que otorgara la escritura de la adjudicación anterior (foja 418). 10. El quince de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó requerir al demandado para que desocupara voluntariamente el inmueble rematado en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento que se procedería a la ejecución forzosa (foja 431). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo, acto reclamado identificado con el inciso a (todo lo actuado en el juicio natural). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio, en conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Debe sobreseerse en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. En el caso concreto, la tramitación del juicio natural, en general, no produce ningún agravio o perjuicio a la quejosa, ya que se ostenta persona extraña a dicho procedimiento, en virtud de la afectación del derecho de propiedad que defiende, por lo que no constituye parte demandada. Además, se advierte que la materia del procedimiento se concretó en el ejercicio de la acción de pago de pesos derivada del pagaré base de la demanda natural. De manera que el derecho de propiedad defendido no es materia de la litis de origen, pues lo reclamado se trata de una acción personal de pago, por lo que lo decidido no determina directamente a aquél. Así, la posible afectación que resiente la quejosa se concreta en que se hubiera embargado el bien inmueble que defiende para garantizar el pago de la condena que se determinó y, por ende, en la ejecución que se pretenda de ese gravamen. Por lo que, en su caso, la concesión del amparo implicaría que se desincorporaran los bienes defendidos del litigio natural, pero no conllevaría la reposición del procedimiento para que se llamara a juicio a la amparista. Luego, al no formar parte de la relación jurídica procesal integrada en virtud del juicio referido, es incuestionable que ningún agravio le causan los autos, decretos, resoluciones y sentencias dictadas en éste, pues sólo vinculan a las partes en litigio. Es sustento de lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Novena Época, página mil quinientos trece, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". Así como, por analogía, la tesis II.2o.C.T.20 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, página 648: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 785/2012, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XII del numeral 61 de dicho ordenamiento. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo, acto reclamado identificado con el inciso b (embargo trabado en dicho procedimiento sobre un inmueble y un vehículo propiedad del demandado; y su ejecución). Debe sobreseerse en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. En efecto, como se consideró, tratándose de actos jurisdiccionales, es necesario acreditar un interés jurídico para promover el juicio de amparo en su contra; legitimación que se integra por la titularidad de un derecho individual y la afectación o perjuicio de esa prerrogativa. Por tanto, se reitera, la persona que se ostenta persona extraña a un juicio debe acreditar fehacientemente ser titular del derecho subjetivo que defiente y que éste es afectado en tal procedimiento. En ese contexto, en relación con los regímenes de propiedad de los matrimonios celebrados en el Estado de Zacatecas, el numeral 135 del código familiar para dicha entidad federativa dispone: "ARTÍCULO 135 El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, bajo el de separación de bienes, o bien régimen mixto". El precepto anterior establece tres regímenes patrimoniales del matrimonio, a saber, sociedad conyugal, separación de bienes y mixto. En términos del artículo 149 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, el régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes, a efecto de integrar una persona jurídica desde la celebración del matrimonio. La administración de la sociedad corresponde a ambos cónyuges, salvo que se pacte que tal función atañe a uno solo, en conformidad con el numeral 151 de la codificación en referencia. Por su parte, con fundamento en los numerales 164 y 165 del código familiar en estudio, en el régimen de separación de bienes, los consortes conservan la propiedad de los bienes que singularmente les pertenecen, por lo que serán del dominio exclusivo del dueño. Este régimen puede ser total o parcial. De la posibilidad de que el régimen anterior sea parcial, se infiere el sistema mixto, pues de acuerdo con lo que pacten los esposos, sobre una parte del patrimonio exitirá comunidad y sobre la otra separación. Por su parte, el numeral 136 del código familiar en comento establece: "ARTÍCULO 136 El hombre y la mujer, al celebrar el matrimonio, conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan; por consiguiente todos los frutos y accesiones de dichos bienes, no serán comunes sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquéllos correspondan, salvo lo establecido por esta Ley respecto a los gananciales matrimoniales". Del precepto anterior se deduce que la separación de los bienes es la regla general en los matrimonios regulados por la legislación en referencia, pues se advierte que los cónyuges conservan el dominio exclusivo de sus bienes. Por tanto, si no se pacta lo contrario al celebrar el matrimonio, los esposos conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan. Esto, salvo lo regulado respecto de los gananciales matrimoniales. En efecto, los numerales 139, 140 y 141 de la codificación familiar en referencia disponen: "ARTÍCULO 139 Se llaman gananciales matrimoniales o concubinarios, a los frutos y provechos que se obtienen con el esfuerzo común de los cónyuges o concubinos, en la administración de los bienes comunes o personales, que sirven para el sostenimiento del hogar, y cuidado y educación de los hijos, sin perjuicio de que la propiedad y posesión de tales bienes la conserve quien tiene derecho a ello". ARTÍCULO 140 La comunidad de gananciales empieza el día en que se celebre el matrimonio o se inicie el concubinato, salvo convenio en contrario. ARTÍCULO 141 Se presume que forman parte de la comunidad legal de gananciales: I. Los frutos de cualquier especie de los bienes comunes, o de los bienes personales, en los que haya habido administración y trabajo comunes; II. Las mejoras que los bienes de la comunidad hayan experimentado durante la vida en común. Las donaciones hechas a ambos o a cada uno de ellos en consideración al matrimonio o al concubinato; III. Los bienes adquiridos con fondos o bienes comunes, o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo de ambos. El precepto anterior contempla un derecho matrimonial común desde el inicio del matrimonio, entre otros supuestos, respecto de los bienes adquiridos con fondos o bienes conjuntos o que sean el resultado del trabajo y esfuerzo de ambos. En consecuencia, existe la posibilidad de que, aun bajo el régimen de separación de bienes y respecto de las propiedades que correspondan a uno solo de los cónyuges, el otro tenga derecho a una parte de tal patrimonio, en particular, en el supuesto destacado. De lo expuesto se desprende que los gananciales únicamente tienen efectos entre los cónyuges, pues no se trata de una sociedad con personalidad jurídica (como la sociedad conyugal), al precisarse que tal comunidad es sin perjuicio de que la propiedad y posesión de tales bienes la conserve quien tiene derecho a ello. Es decir, los efectos de los gananciales no son hacia el exterior, sino al interior. De tal suerte que frente a terceros cada cónyuge es el único titular de los bienes adquiridos por él, individualmente, en el régimen de separación de bienes. Por tanto, la comunidad en gananciales es un simple derecho económico matrimonial y no una sociedad con personalidad jurídica o un régimen patrimonial especial. Lo anterior es así, pues de otra manera no tendría sentido que se estableciera que cada cónyuge conserva la posesión y propiedad de tales bienes. Es decir, si la intención del legislador hubiera sido establecer una sociedad con personalidad jurídica propia en relación con los gananciales, así lo hubiera establecido expresamente y no se hubiera precisado que el dominio correspondía al cónyuge titular. Sostener lo contrario implicaría que no existiría forma para saber si un bien propiedad de un cónyuge corresponde a su dominio exclusivo o no, pues los ganaciales integran un supuesto interno de comunidad en los bienes; siendo que, como se expuso, existe la presunción de que, al tratarse de un régimen de separación de bienes, la propiedad corresponde únicamente al esposo titular. Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 81/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de dos mil uno, página 24: "SOCIEDAD LEGAL. SUPUESTOS EN LOS QUE UNO DE LOS CÓNYUGES TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO HIPOTECARIO ENTABLADO EN CONTRA DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO). La anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal sostuvo el criterio de que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal prevista por la legislación sustantiva civil del Estado de Jalisco, vigente hasta el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba en contrario, por lo que el cónyuge que invoque la propiedad de un bien que se encuentre en este supuesto no está obligado a demostrar que fue adquirido a costa del caudal común. Partiendo de la base de que el inmueble hipotecado es común, habrá que tomarse en cuenta que los artículos 226 y 228 del citado Código Civil para la referida entidad federativa disponen que las acciones que afecten bienes sociales deberán dirigirse contra ambos cónyuges y que los bienes inmuebles comunes no podrán ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro, principios que vinculan a los acreedores y deudores hipotecarios, pues será necesario el consentimiento de ambos consortes, como parte deudora, para que el contrato de garantía sea válido y, en su caso, demandar a ambos para hacer efectivo su crédito. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que ha sustentado la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, en el sentido de que la sociedad legal es un simple régimen económico matrimonial y no una sociedad con personalidad jurídica, de ahí que sus efectos no sean hacia el exterior, sino al interior, de suerte que, frente a terceros, cada cónyuge puede ostentarse como el único titular de los bienes adquiridos por él, individualmente, salvo que hiciera del conocimiento de aquéllos la situación jurídica del bien. En este orden de ideas, resulta inconcuso que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 226 y 228 del Código Civil del Estado de Jalisco, en el sentido de que debe demandarse en juicio a ambos consortes, se deben cumplir dos presupuestos, a saber: a) Que el inmueble objeto del juicio hipotecario sea social y, b) Que el acreedor tenga conocimiento del estado civil de casado del contratante. Para conocer lo anterior, el acreedor puede recurrir a diversas fuentes, como son, ejemplificativamente, las declaraciones que otorgó el deudor hipotecario en el contrato principal o en la propia escritura constitutiva de la hipoteca, la documentación e información que éste haya suministrado al acreedor de manera previa a la contratación, las generales que asiente el notario en la escritura respectiva, o bien, de lo que se asiente, en su caso, en el propio Registro Público de la Propiedad, el cual, aun cuando por su propia normatividad y cualidades, es el medio idóneo para evidenciar esta situación jurídica, no es el único elemento del que se puede valer el acreedor para informarse sobre el estado civil de su deudor hipotecario. Así las cosas, para poder determinar si el cónyuge puede o no considerarse como tercero extraño al juicio hipotecario que se siga contra su consorte, deberá atenderse a las circunstancias particulares del caso, pues pueden presentarse diversos supuestos: a) Que el acreedor hipotecario no haya tenido conocimiento del estado civil de casado de su deudor hipotecario, o bien, b) Que haya tenido dicha información. En el primer supuesto, si de ninguno de los medios lógicos y razonables en un proceso de contratación se advirtió que el contratante estaba casado, así como tampoco se desprendió de la información registral obtenida, dicho desconocimiento no le puede resultar reprochable al acreedor hipotecario, al que beneficia tanto el principio de buena fe contractual, como los efectos publicitarios del registro inmobiliario, en cuyo caso, el cónyuge que no participó en la contratación y que, por ende, no fue demandado, no puede ser considerado tercero extraño al juicio hipotecario, en cambio, si a pesar de lo que arroje el citado registro, se prueba que el acreedor hipotecario tuvo acceso de algún modo a la información relativa al estado civil del deudor hipotecario, percatándose de que éste era casado, tampoco sería legítimo que abusara de esta equivocación u omisión registral y al amparo de ella enderezara su acción solamente en contra del cónyuge otorgante de la hipoteca, por lo que debe considerarse al otro cónyuge como tercero extraño y, en cumplimiento de un deber de probidad procesal, deberá entablarse el juicio contra ambos". Lo considerado resulta conforme con la finalidad que respecto de la regulación de los gananciales, se plasmó en los considerandos del decreto que dio origen al código familiar en anális, en el sentido de que: ".En relación con las gananciales del matrimonio y del concubinato, debe estimarse equitativo y justo que cuando se obtienen con el esfuerzo común y sólo uno de los cónyuges aparece como titular de ese patrimonio, el otro tiene derecho al cincuenta por ciento de aquéllas, debiendo ocurrir lo mismo respecto de las concubinas. Por idénticas razones, cuando la mujer vive dedicada únicamente a la atención de su hogar, haya o no haya hijos, y no trabaje o colabore con el marido, tiene derecho a esos gananciales.". De lo anterior se deduce que la finalidad de los gananciales consiste en reconocer, por razones de equidad, el derecho del cónyuge al patrimonio del otro, cuando colabore en la adquisición de los bienes o se dedique al hogar. En consecuencia, es evidente que no se trata de un régimen económico matrimonial, sino de un derecho al patrimonio conformado por el otro consorte durante el matrimonio. Por tanto, los derechos que surgen entre los cónyuges en la comunidad de gananciales son personales, en oposición a reales, porque el dominio continúa correspondiendo al cónyuge titular de la propiedad; de tal suerte que el otro consorte únicamente cuenta con la facultad de exigir la parte que le corresponde a su cónyuge pero no cuenta con la posibilidad de oponer frente a terceros tal prerrogativa. Con todo, el artículo 2481 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, que regula: "Artículo 2481 Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero, si no consta inscrita en el registro relativo a dichos inmuebles y derechos. Salvo los casos en que se demuestre que los bienes no inscritos fueron adquiridos con posterioridad a la fecha del matrimonio en que se hubiese convenido que se regiría por el régimen de sociedad conyugal. Las mismas normas se aplicarán respecto de los concubinos. Cualquiera de los cónyuges u otros interesados tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezca a la sociedad conyugal y aparezca inscrito a nombre de uno sólo de aquéllos". Del precepto anterior se deduce que la sociedad conyugal no podrá surtir efectos contra terceros, en relación con cualquier derecho inscribible, si no está registrado dicho régimen en los inmuebles adquiridos con anterioridad al inicio del matrimonio. Del normativo citado se induce un principio de publicidad respecto de los bienes que no fueron adquiridos dentro de la sociedad conyugal, a efecto de que puedan ser considerados parte de ésta respecto de terceros; lo que revela la necesidad de que exista certeza sobre los derechos de los cónyuges en relación con los bienes, a efecto de que no permanezcan ocultos en detrimento de terceros. Es decir, al tratarse de bienes que no podrían considerarse en automático parte de la sociedad conyugal (pues se adquirieron con anterioridad al surgimiento de ésta), la ley exige que, en su caso, se inscriba que forman parte de tal régimen, a efecto de que pueda surtir efectos frente a terceros respecto de cualquier derecho registrable. Lo que es acorde con la regla general que establece el numeral 2477 del código civil citado, en tanto establece que los documentos que siendo registrables no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen. Por tanto, en todo caso, la figura de los gananciales no podría surtir efectos frente a terceros en un sentido general, pues es evidente que tendría que operar la regla de publicidad aplicable a los bienes adquiridos con anterioridad a la sociedad conyugal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia XXVII.3o. J/12 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1665: "COMUNIDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. ES INOPONIBLE FRENTE A LOS TERCEROS QUE PRETENDAN U OBTENGAN LA DECLARACIÓN, RECONOCIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES SUPUESTAMENTE GANANCIALES EN UN JUICIO SEGUIDO CONTRA UNO DE LOS CÓNYUGES, POR LO QUE EL OTRO CONSORTE CARECERÁ DE INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA RECLAMAR LOS CORRESPONDIENTES ACTOS U OMISIONES JURISDICCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Conforme a los artículos 5o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra los actos jurisdiccionales que no afecten real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del quejoso. Por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Todo derecho subjetivo requiere de la concurrencia de dos tipos de facultades: i. La relativa a la conducta propia, es decir, la potestad de hacer u omitir lícitamente lo que la norma objetiva permite (facultas agendi o facultas omitendi); y, ii. La correspondiente a la conducta ajena, esto es, el poder de exigir a los sujetos pasivos el cumplimiento de las obligaciones correlativas a las facultades del sujeto activo (facultas exigendi). En este contexto, aunque el quejoso demuestre que una norma objetiva le atribuye cierta facultad de hacer u omitir, carecerá de interés jurídico si esa potestad resulta inoponible al sujeto frente al cual se pretende hacer valer. Ahora bien, el artículo 720 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo establece que el acta de matrimonio debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad por cuanto hace al régimen patrimonial estipulado. Por su parte, el artículo 3168 del mismo ordenamiento dispone que los actos jurídicos inscribibles que no se registren sólo producirán efectos entre los otorgantes, pero no en perjuicio de terceros (salvo los actos cuya inscripción sea constitutiva -operaciones inmobiliarias-, los cuales no producirán efectos ni siquiera entre las partes). Así pues, si el régimen de comunidad conyugal no es inscrito en el registro mencionado, sólo producirá efectos entre los contrayentes, pero no en perjuicio de los terceros que pretendan u obtengan el reconocimiento, la declaración o la constitución de derechos reales sobre los bienes supuestamente gananciales, en un juicio seguido contra uno de los consortes. Por tanto, el otro cónyuge, cuyos derechos gananciales han permanecido ocultos, carecerá de interés jurídico para reclamar los respectivos actos u omisiones judiciales pues, debido a la falta de publicidad de la sociedad conyugal, no contará con la facultad de exigencia (facultas exigendi) necesaria para que se le reconozca como titular de un derecho subjetivo defendible a través del amparo". Por tanto, el cónyuge, cuyos derechos gananciales han permanecido ocultos, carecerá de interés jurídico para reclamar los respectivos actos u omisiones judiciales pues no contará con la facultad de exigencia necesaria para que se le reconozca como titular de un derecho subjetivo defendible a través del amparo frente a terceros. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama el gravamen que se realizó sobre bienes de su cónyuge, siendo que sobre éstos tenía derecho a gananciales matrimoniales. De lo anterior se sigue que el interés jurídico de la amparista descansa en el derecho a gananciales matrimoniales establecido en el Código Familiar para el Estado de Zacatecas, pues de la copia certificada del acta de matrimonio que se exhibió como sustento de tal legitimación (foja 14), se advierte que tal acto jurídico fue celebrado en la ciudad de Zacatecas, bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Sin embargo, pese a que pudieran corresponder a la quejosa ganaciales respecto de los bienes defendidos, como se consideró, tal prerrogativa únicamente tiene efectos dentro del matrimonio, es decir, en relación con los cónyuges, pero no constituye un derecho oponible frente a terceros, al no tratarse de un régimen patrimonial, sino únicamente de un derecho personal. Con todo, en autos no consta que se hubiera dado publicidad al derecho base de la demanda de amparo, en particular, respecto del inmueble defendido, ya que del análisis integral del contrato de adquisición (foja 39), se advierte que fue adquirido por el demandado a título personal; sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que se hubiera precisado que la quejosa comparecía a brindar su anuencia conyugal, pues de ello no se sigue que adquirió derecho real alguno al no figurar como parte compradora, sino que se advierte que, en todo caso, se le vinculó al acto jurídico para efectos de la eficacia del contrato de mutuo con garantía hipotecaria con el que se adquirió. Por tanto, al tratarse de un derecho personal, que por su naturaleza permanece oculto y que, por ende, no resulta oponible frente a terceros, la quejosa carece de la legitimación necesaria (interés jurídico) para combatir los actos reclamados del juicio natural, porque no cuenta con un derecho que permita exigir de personas diversas a su cónyuge la propiedad de los bienes defendidos. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XII, de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sara Grey Chávez contra los actos reclamados del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas y actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, consistentes en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 785/2012, el embargo trabado en ese procedimiento y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano