Sara García Ardavin

Expediente 50/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
50/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Sara García Ardavin
  • Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ***, por medio del cual solicita la devolución del oficio número 007.300.302.3519/17, de siete de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la copia certificada de la cedula de afiliación e identificación, las cuales anexó a su escrito inicial de demanda. Al efecto, se acuerda: Atento a lo solicitado y toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se ordena la devolución de los documentos solicitados, autorizando a las personas que señala en su ocurso de cuenta, previa toma de razón y firma de recibo que deje en autos.

  2. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: En tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. A. Archivo. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. Valoración del expediente. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además de que se desechó el presente juicio de amparo. C. Incidentes de suspensión. No se formó incidente de suspensión, toda vez que se desechó la demanda de amparo. D. Registros correspondientes. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. E. Documentos para devolver a las partes. Toda vez que de autos se advierte documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en los atestados de matrimonio y defunción, de veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y veintidós de julio de mil novecientos ochenta y tres, respectivamente, y por haberlo solicitado la parte quejosa en su escrito de demanda, de lo que se reservó en el auto de desechamiento. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que acuda a este Juzgado Federal dentro del término de tres días, debidamente identificada en día y hora hábil a recoger los documentos citados con antelación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, dichos documentos seguirán la suerte del presente juicio.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Sara García Ardavin, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 50/2018-V, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causa de improcedencia. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación con lo anterior, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no observó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de garantías, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. La norma legal a estudio regula el principio de definitividad respecto de actos materialmente administrativos previstos en el artículo 107, fracción IV, constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa; no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regula. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. En ese sentido, debe puntualizarse que para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora, el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señala lo siguiente: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Luego, si la parte quejosa acude al juicio de garantías sin haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, es evidente que, atendiendo al principio de definitividad que rige la materia, el juicio se tornaría improcedente. En la especie, el artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, porque al establecerse en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho medio de impugnación, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Luego, si la parte quejosa señaló como acto reclamado -como ya se dijo- El oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis; es inconcuso que en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estaba obligada a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; medio de impugnación con el cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Además, en el presente asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto. Lo anterior es así, dado que dentro del juicio de amparo 957/2017, promovido por la quejosa, del índice de este Juzgado, se advierte que el contenido del oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis; el cual de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgador. Al respecto, cobra aplicación el principio jurídico contenido en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que enuncia: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Lo antes expuesto, permite concluir que el acto no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un medio de defensa en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto combatido. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Domicilio y autorizados En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Moguel Palacios, por así haberlo solicitado la quejosa y por estar su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona en el mismo. Solicitud de devolución de documentos Respecto a su solicitud de devolver los atestados de matrimonio y defunción que anexó a su escrito de demanda; resérvese proveer hasta en tanto se declare firme el presente auto. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Transparencia y Acceso a la Información Pública De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Sara García Ardavin, por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 50/2018-V, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causa de improcedencia. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación con lo anterior, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: El oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no observó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de garantías, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. La norma legal a estudio regula el principio de definitividad respecto de actos materialmente administrativos previstos en el artículo 107, fracción IV, constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa; no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regula. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. En ese sentido, debe puntualizarse que para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora, el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señala lo siguiente: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Luego, si la parte quejosa acude al juicio de garantías sin haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, es evidente que, atendiendo al principio de definitividad que rige la materia, el juicio se tornaría improcedente. En la especie, el artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, porque al establecerse en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho medio de impugnación, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Luego, si la parte quejosa señaló como acto reclamado -como ya se dijo- El oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis; es inconcuso que en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estaba obligada a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; medio de impugnación con el cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Además, en el presente asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto. Lo anterior es así, dado que dentro del juicio de amparo 957/2017, promovido por la quejosa, del índice de este Juzgado, se advierte que el contenido del oficio 007.300.302.3519/17, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene y Subdelegado de Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual decretó improcedente su solicitud de otorgar la pensión por viudez solicitada, presentado ante las responsables el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis; el cual de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este juzgador. Al respecto, cobra aplicación el principio jurídico contenido en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que enuncia: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. Lo antes expuesto, permite concluir que el acto no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un medio de defensa en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto combatido. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Domicilio y autorizados En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo Moguel Palacios, por así haberlo solicitado la quejosa y por estar su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona en el mismo. Solicitud de devolución de documentos Respecto a su solicitud de devolver los atestados de matrimonio y defunción que anexó a su escrito de demanda; resérvese proveer hasta en tanto se declare firme el presente auto. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Transparencia y Acceso a la Información Pública De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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