Sara Flores Sánchez
Expediente 790/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Sara Flores Sánchez
Actuaciones
- Principal
.HA CAUSADO ESTADO EL AUTO A TRAVÉS DEL CUAL DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.. AL NO EXISTIR ACTUACIÓN QUE PRACTICAR EN EL PRESENTE JUICIO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL MISMO Y SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCIÓN.M-V
- Principal
VISTA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR SARA FLORES SÁNCHEZ, CONTRA ACTOS DEL JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO Y ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN, QUE HACE CONSISTIR EN LA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O ADEUDO Y/O ORDEN DE EMBARGO DICTADA EN SU CONTRA Y/O EN BIENES DE SU PROPIEDAD, EN EL EXPEDIENTE 64/1996. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, AL ADVERTIRSE QUE EN EL CASO, RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, SE ACTUALIZA DE MANERA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, RELATIVA A QUE LOS MISMOS FUERON CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. EN EFECTO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL ESTABLECE: ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: (.) XIV. CONTRA NORMAS GENERALES O ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, ENTENDIÉNDOSE POR TALES AQUÉLLOS CONTRA LOS QUE NO SE PROMUEVA EL JUICIO DE AMPARO DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS (.). A SU VEZ, LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECEN: ARTÍCULO 17. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO ES DE QUINCE DÍAS, SALVO: I. CUANDO SE RECLAME UNA NORMA GENERAL AUTOAPLICATIVA, O EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN, EN QUE SERÁ DE TREINTA DÍAS; II. CUANDO SE RECLAME LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA EN UN PROCESO PENAL, QUE IMPONGA PENA DE PRISIÓN, PODRÁ INTERPONERSE EN UN PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS; III. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVA CONTRA ACTOS QUE TENGAN O PUEDAN TENER POR EFECTO PRIVAR TOTAL O PARCIALMENTE, EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, DE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O DISFRUTE DE SUS DERECHOS AGRARIOS A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL, EN QUE SERÁ DE SIETE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE QUE, DE MANERA INDUBITABLE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFIQUE EL ACTO A LOS GRUPOS AGRARIOS MENCIONADOS; IV. CUANDO EL ACTO RECLAMADO IMPLIQUE PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES, EN QUE PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. ARTÍCULO 18. LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR SE COMPUTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SURTA EFECTOS, CONFORME A LA LEY DEL ACTO, LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE RECLAME O A AQUÉL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO O SE OSTENTE SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO O DE SU EJECUCIÓN, SALVO EL CASO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO ANTERIOR EN EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL DÍA DE SU ENTRADA EN VIGOR. ARTÍCULO 19. SON DÍAS HÁBILES PARA LA PROMOCIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO TODOS LOS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS SÁBADOS Y DOMINGOS, UNO DE ENERO, CINCO DE FEBRERO, VEINTIUNO DE MARZO, UNO Y CINCO DE MAYO, DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, DOCE DE OCTUBRE, VEINTE DE NOVIEMBRE Y VEINTICINCO DE DICIEMBRE, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES EN EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ANTE EL CUAL SE TRAMITE EL JUICIO DE AMPARO, O CUANDO NO PUEDA FUNCIONAR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. DE LOS PRECEPTOS TRANSCRITOS, SE DESPRENDEN LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIENDO LA REGLA GENÉRICA EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, LOS CUALES DEBEN COMENZAR A COMPUTARSE A PARTIR DE TRES MOMENTOS, A SABER: A). DESDE EL DÍA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS, CONFORME A LA LEY DEL ACTO, LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA; B). DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL ACTO O DE SU EJECUCIÓN. C). DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIESE OSTENTADO SABEDOR DEL ACTO O SU EJECUCIÓN. EN EL ENTENDIDO QUE DE NO PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO EN DICHO TÉRMINO, SE REPUTARÁ CONSENTIDO EL ACTO DE QUE SE TRATE. SIN EMBARGO, EXISTEN DIVERSAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN, LAS CUALES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LAS CUATRO FRACCIONES DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO, PUES EN ESOS CASOS EL TÉRMINO SERÁ DE TREINTA DÍAS, OCHO O SIETE AÑOS, INCLUSO EN CUALQUIER TIEMPO. DE MANERA QUE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA NORMA GENERAL AUTOAPLICATIVA O EN UN PROCESO DE EXTRADICIÓN, EL QUEJOSO CUENTA CON TREINTA DÍAS PARA ACUDIR A LA TUTELA CONSTITUCIONAL. EN MATERIA PENAL, LAS ÚNICAS EXCEPCIONES AL PLAZO DE QUINCE DÍAS, SE ACTUALIZAN CUANDO SE TRATE DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, EN CUYO CASO EL AMPARO PODRÁ PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO DE OCHO AÑOS; Y, CUANDO EL ACTO RECLAMADO IMPLIQUE PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, ALGUNO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL O LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONAL, SUPUESTOS EN LOS QUE EL AMPARO PODRÁ PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. POR ÚLTIMO, EN LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA AGRARIA, EL PLAZO SERÁ DE SIETE AÑOS. EN ESE CONTEXTO, ATENDIENDO AL SENTIDO DE LA NORMA LEGAL INVOCADA, ES CLARO QUE LAS OPORTUNIDADES LEGALES PARA LA INCOACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SON LAS ESTABLECIDAS DE MANERA ESPECÍFICA POR EL LEGISLADOR FEDERAL, POR LO QUE EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO LÓGICO SUPREMO DE TERCERO EXCLUIDO, SI ALGÚN ACTO DE AUTORIDAD NO SE ENCUENTRA ESPECÍFICAMENTE PREVISTO EN CUALQUIERA DE LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INTEGRAN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO, EL PLAZO PARA ACUDIR A LA TUTELA CONSTITUCIONAL SIEMPRE SERÁ EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS. EN ESE SENTIDO, EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECE QUE EL PLAZO GENÉRICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO ES DE QUINCE DÍAS, PLAZO QUE EN EL PRESENTE CASO DEBE OBSERVARSE, YA QUE EN LA ESPECIE NO SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN PREVISTAS EN LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL. BAJO ESTAS REFLEXIONES, SI EN EL CASO A ESTUDIO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O ADEUDO Y/O ORDEN DE EMBARGO DICTADA EN SU CONTRA Y/O EN BIENES DE SU PROPIEDAD, EN EL EXPEDIENTE 64/1996, ENTONCES DICHOS ACTOS DEBEN CEÑIRSE A LA REGLA GENÉRICA DE PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ES DECIR, AL PLAZO DE QUINCE DÍAS. AHORA, DEL ESCRITO DE DEMANDA SE DESPRENDE QUE LA QUEJOSA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTÓ QUE EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SE CONSTITUYÓ EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE NEVADO SAN MARTÍN NÚMERO 139, LOTE 15, MANZANA 29, COLONIA SAN CAYETANO, EN ESTA CIUDAD, QUIEN REFIRIÓ TENER UNA ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O ADEUDO Y/O ORDEN DE EMBARGO, MISMA QUE PRETENDÍA EJECUTAR EN BIENES DE SU PROPIEDAD, SEÑALANDO QUE IBA EN BÚSQUEDA DE ELEUTERIO TORRES ZAPATA, PERSONA CON QUIEN ESTUVO CASADA, RAZÓN POR LA QUE EL CINCO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO ACUDIÓ AL JUZGADO EN CITA, A EFECTO DE CONOCER EL NÚMERO DEL JUICIO DEL QUE EMANAN LOS ACTOS IMPUGNADOS. BAJO ESTE PANORAMA, ES EVIDENTE QUE LA AHORA PETICIONARIA DE AMPARO TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE RECLAMA EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE QUE EL ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SE CONSTITUYÓ EN SU DOMICILIO Y LE EXPLICÓ EL MOTIVO DE SU VISITA, ESTO ES, DESDE EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. LUEGO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INICIÓ AL DÍA SIGUIENTE, ES DECIR, EL SIETE DE ESE MISMO MES Y AÑO. POR ENDE, EL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO TRANSCURRIÓ DEL SIETE AL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. AHORA, LA DEMANDA FUE PRESENTADA EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO HASTA EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, ES DECIR, FUERA DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE CONDUCE A AFIRMAR QUE LA DETERMINACIÓN RECLAMADA FUE CONSENTIDA TÁCITAMENTE, DE AHÍ QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA. ES APLICABLE POR SU RELACIÓN LA TESIS SUSTENTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TOMO XI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1993, PÁGINA 235, DE RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. PROMOVIDA LA DEMANDA DE GARANTÍAS FUERA DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, IMPLICA CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, POR LO CUAL AQUÉLLA RESULTA IMPROCEDENTE, CONFORME A LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 73, EN RELACIÓN CON EL 145 DE LA LEY EN CITA. SIN QUE CON MOTIVO DE LA ANTERIOR DETERMINACIÓN SE ADVIERTA ALGUNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS O AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, POR LAS RAZONES QUE SE EXPRESAN ENSEGUIDA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A VELAR NO SÓLO POR LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN POR AQUELLOS CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO, ADOPTANDO LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE, LO QUE SE CONOCE EN LA DOCTRINA COMO PRINCIPIO PRO PERSONAE. CABE AGREGAR, EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PREVÉ EL DERECHO DE UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, LA CUAL CONSTITUYE EL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO QUE TODA PERSONA TIENE, DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, PARA ACCEDER DE MANERA EXPEDITA A TRIBUNALES INDEPENDIENTES E IMPARCIALES, A PLANTEAR UNA PRETENSIÓN O A DEFENDERSE DE ELLA, CON EL FIN DE QUE A TRAVÉS DE UN PROCESO EN EL QUE SE RESPETEN CIERTAS FORMALIDADES, SE DECIDA SOBRE LA PRETENSIÓN O LA DEFENSA Y, EN SU CASO, SE EJECUTE ESA DECISIÓN. LA EXISTENCIA DEL DERECHO HUMANO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NO TIENE EL ALCANCE DE SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS VÍAS JURISDICCIONALES, O INCLUSO, MEDIDAS CAUTELARES QUE LOS GOBERNADOS TENGAN A SU ALCANCE. ELLO, YA QUE TAL PROCEDER EQUIVALDRÍA A QUE LOS TRIBUNALES DEJARAN DE APLICAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y QUE REGULAN TALES VÍAS JURISDICCIONALES O MEDIDAS CAUTELARES, PROVOCANDO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE EN LOS DESTINATARIOS DE ESA FUNCIÓN, YA QUE SE DESCONOCERÍA LA FORMA DE PROCEDER DE TALES ÓRGANOS, TRASTOCANDO ADEMÁS, LAS CONDICIONES DE IGUALDAD PROCESAL DE LOS JUSTICIABLES. POR TANTO, EL JUEZ CONSTITUCIONAL ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, A FIN DE DETERMINAR SI, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y DE LAS LEYES SECUNDARIAS CORRESPONDIENTES, SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PROCESALES QUE LO FACULTEN A TRAMITAR Y RESOLVER LA PRETENSIÓN QUE SE SUJETA A SU JURISDICCIÓN. ESTIMAR LO CONTRARIO, SERÍA ADMITIR UN DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ABSOLUTO QUE NO GUARDARÍA PROPORCIÓN CON LA FINALIDAD PERSEGUIDA, ASÍ COMO EL CORRELATIVO DESCONOCIMIENTO DE UN SISTEMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL QUE PREVÉ REGLAS PROCESALES DE COMPETENCIA Y PROCEDIBILIDAD DE LAS VÍAS, RECURSOS O MEDIDAS CAUTELARES, PRECISAMENTE CON EL FIN DE PROVEER LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA. LO CUAL PERMITE ESTABLECER, QUE EL JUZGADOR DE AMPARO, DEBE EN PRIMER TÉRMINO OBSERVAR QUE SE CUMPLA CON LOS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PROCESALES QUE PARA TAL EFECTO PREVÉ LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA PROPIA LEY DE AMPARO, QUE LO FACULTEN A ADMITIR, SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO Y RESOLVER DE FONDO EL ASUNTO. DE IGUAL FORMA, NO DEBE ENTENDERSE EN ARAS DEL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, QUE PUEDE EJERCERSE EN CUALQUIER TIEMPO LA ACCIÓN RESPECTIVA, PORQUE ELLO SE TRADUCIRÍA EN QUE LOS TRIBUNALES ESTARÍAN IMPOSIBILITADOS PARA CONCLUIR DETERMINADO ASUNTO POR ESTAR A LA ESPERA DE SABER SI EL INTERESADO ESTARÁ CONFORME O NO CON LA DETERMINACIÓN QUE PRETENDIERA IMPUGNARSE, CON LA CONSECUENCIA DE QUE LA PARTE CONTRARIA A SUS INTERESES PUDIERA VER MENOSCABADO EL DERECHO QUE OBTUVO CON EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN QUE FUERA FAVORABLE, POR ELLO LA LEY FIJA PLAZOS PARA EJERCER ESTE DERECHO A FIN DE DOTAR DE FIRMEZA JURÍDICA A SUS DETERMINACIONES Y LOGRAR QUE ÉSTAS PUEDAN SER ACATADAS. EN ESE CONTEXTO, SI EL GOBERNADO NO CUMPLE CON UNO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA PROPIA LEY DE AMPARO, Y LA DEMANDA NO SE PRESENTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, O LOS QUEJOSOS NO IMPUGNAN OPORTUNAMENTE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ELLO NO SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, PUES ÉSTE DEBE CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PROCEDENCIA ATINENTE A LA TEMPORALIDAD, POR LO QUE RESULTA NECESARIO QUE SE HAGA DENTRO DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS PARA ELLO. DE NO SER ASÍ, LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE IMPUGNEN Y RESPECTO DE LOS CUALES NO EXISTIÓ RECLAMO OPORTUNO, SE ENTIENDEN CONSENTIDOS CON TODOS SUS EFECTOS JURÍDICOS EN ARAS DE DOTAR DE FIRMEZA A DICHAS ACTUACIONES Y A FIN DE QUE LOS PROPIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO PUEDAN DESARROLLARSE PLENAMENTE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SIN ESTAR SUJETOS INTERMINABLEMENTE A LA PROMOCIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, EL CRITERIO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, DÉCIMA ÉPOCA, LIBRO XIV, NOVIEMBRE DE 2012, TOMO 2, PÁGINA 1587, QUE ESTABLECE: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. SI BIEN LOS ARTÍCULOS 1 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, RECONOCEN EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA -ACCESO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-, LO CIERTO ES QUE TAL CIRCUNSTANCIA NO TIENE EL ALCANCE DE SOSLAYAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LAS VÍAS JURISDICCIONALES QUE LOS GOBERNADOS TENGAN A SU ALCANCE, PUES TAL PROCEDER EQUIVALDRÍA A QUE LOS TRIBUNALES DEJARAN DE APLICAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL, PROVOCANDO CON ELLO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE EN LOS DESTINATARIOS DE ESA FUNCIÓN, YA QUE SE DESCONOCERÍA LA FORMA DE PROCEDER DE TALES ÓRGANOS, ADEMÁS DE QUE SE TRASTOCARÍAN LAS CONDICIONES DE IGUALDAD PROCESAL DE LOS JUSTICIABLES. EN CONSECUENCIA, HA QUEDADO ACREDITADA DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. TAL CIRCUNSTANCIA PERMITE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR SARA FLORES SÁNCHEZ. TODA VEZ QUE LA QUEJOSA SEÑALA COMO LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES LAS LISTAS DE ESTE JUZGADO, SE ORDENA QUE LAS MISMAS INCLUSO LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LE PRACTIQUEN A TRAVÉS DE LAS LISTAS QUE SE PUBLICAN EN ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. ASIMISMO, TÉNGASE COMO AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA OÍR, RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE AUTOS A NAYELI RODRÍGUEZ VARGAS, TODA VEZ QUE NO ACREDITÓ ESTAR FACULTADA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO NI SE ENCONTRÓ INSCRITA EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; AL IGUAL QUE AL PASANTE DE DERECHO FERNANDO VERGARA CADENA. FINALMENTE, CONFORME A LOS ARÁBIGOS 66, FRACCIÓN II, Y 71, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DIVULGADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, SE HACE SABER A LAS PARTES QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PROPICIAR EL ACCESO AL PÚBLICO A AUDIENCIAS EN LAS QUE SE RESUELVAN ASUNTOS JURISDICCIONALES; PROCURAR LA UTILIZACIÓN DE LENGUAJE SENCILLO EN LAS RESOLUCIONES; IMPLEMENTAR PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS Y OTRAS HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA INTERACCIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE A LA ACTUACIÓN JURISDICCIONAL; ASIMISMO, SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SENTENCIAS DE INTERÉS CON SUPRESIÓN DE LOS DATOS DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, RESERVADA O CONFIDENCIAL. A SU VEZ, SE HACE SABER QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁ PERMITIR AL PÚBLICO EL ACCESO A DICHA INFORMACIÓN CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO O POR CUALQUIER MEDIO SIMILAR DE LOS PARTICULARES TITULARES DE LA INFORMACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA CITADA LEGISLACIÓN...M-V
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