Sara Esquivel Arvizu

Expediente 1706/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1706/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Sara Esquivel Arvizu

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... Agréguense el oficio procedente del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por medio del cual acusa recibo del oficio 46557 del índice de este Juzgado, con el que se le remitió demanda y anexos del juicio de amparo 1706/2016 del índice de este órgano jurisdiccional promovido por Sara Esquivel Arvizu, así también, informa que aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento de dicha demanda, la cual registró como juicio de amparo indirecto 1604/2016. En consecuencia, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente asunto, carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA III "... ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la comunicación procedente de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, derivado de lo ordenado por el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, en el cuaderno de varios 984/2016, con motivo del escrito original de la demanda de amparo suscrita por SARA ESQUIVEL ARVIZU, contra actos del Secretario de Educación Pública. Acúsese recibo. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1706/2016. De la demanda se advierte que la quejosa reclama: *VIOLACIÓN DE MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES de las que estoy siendo objeto por parte de la única señalada como Responsable, al pretender obligarme a presentar y aprobar una evaluación, conforme a la reciente Ley General del Servicio Profesional Docente, misma que fue publicada el 11 del mes de septiembre del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación. Acto del que me enteré con fecha 24 de Agosto del año en curso. Ahora bien, se procede a examinar si, en el caso, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos y criterios apuntados, permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. En el presente caso, para determinar si este Órgano Judicial Federal es competente para conocer de la demanda de amparo, es necesario precisar, que la quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, le fue informado en el plantel al cual se encuentra asignada (en la Ciudad de México), que tendría que presentarse, obligatoriamente, a una evaluación el día diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis; lo que se corrobora con la constancia de trabajo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Director de la Escuela Año Internacional del Niño. En otro aspecto, los artículos 8, fracciones IV, V y VI, así como 9, fracciones VIII, IX y X, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecen: Artículo 8. En el ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales las atribuciones siguientes: (.) IV. Convocar los concursos de oposición para el Ingreso a la función docente y la Promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión, y participar en su ejecución de conformidad con los lineamientos que el Instituto determine; V. Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Instituto determine; VI. Calificar, conforme a los lineamientos que el Instituto expida, las etapas de los procesos de evaluación que en su caso determine el propio Instituto; "Artículo 9. En el ámbito de la Educación Media Superior corresponden a las Autoridades Educativas y a los Organismos Descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, las atribuciones siguientes: VIII. Convocar los concursos de oposición para el ingreso a la función docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos que el Instituto determine; (..) IX. Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Instituto determine; X. Calificar, conforme a los lineamientos que el Instituto expida, las etapas de los procesos de evaluación que en su caso determine el propio Instituto. De los artículos transcritos, se advierte que las autoridades educativas de cada localidad, tendrán como atribuciones, participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión, asimismo, calificar las etapas de los procesos de evaluación, de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determine. Por su parte, los artículos 18 y 19 de los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de dos mil quince, señalan: "Artículo 18. Las Autoridades Educativas Locales planearán con suficiente antelación las diferentes tareas y actividades concernientes a la aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño, a efecto de disponer de tiempos razonables para su ejecución. Se definirán también los mecanismos correspondientes para lograr una coordinación interinstitucional eficaz, así como la comunicación oportuna de las decisiones que se tomen para el desarrollo de cada una de las actividades del proceso de aplicación de instrumentos para la evaluación del desempeño. Para la aplicación de los instrumentos de evaluación las Autoridades Educativas Locales deberán sujetarse a los criterios que para tal efecto determine la Secretaría." "Artículo 19. Corresponderá a las Autoridades Educativas Locales instalar sedes suficientes para la aplicación de los instrumentos de evaluación en función del número de Docentes, Técnico Docentes, Directores y Supervisores convocados a evaluación, así como determinar su ubicación geográfica. Cada sede deberá contar con las condiciones de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuada aplicación de los instrumentos. La información sobre la ubicación de las sedes deberá registrarse en el SNRSPD. En la medida de lo posible se evitarán los cambios de último momento en la definición de las sedes de aplicación y, en su caso, deberá de garantizarse la información oportuna de estos cambios para los Docentes, Técnico Docentes, Directores y Supervisores sujetos a evaluación". La transcripción anterior revela que las autoridades educativas locales, se encargarán de instalar sedes suficientes para la aplicación de los instrumentos de evaluación en función del número de Docentes, Técnico Docentes, Directores y Supervisores convocados a evaluación, determinar su ubicación geográfica, así como implementar los mecanismos necesarios para establecer las condiciones de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuada aplicación de los instrumentos de evaluación. Consecuentemente, si el acto reclamado consiste en la orden de presentarse a la evaluación docente a que se refieren los artículos 52 y 53, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, es evidente que dicha prueba se aplicará en la localidad en la que la quejosa presta sus servicios, es decir, se atenderá al lugar en donde se encuentre adscrita; en el caso, en la Ciudad de México, según lo manifiesta bajo protesta de decir verdad y así se corrobora con la constancia de trabajo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, emitida por el Director de la Escuela Año Internacional del Niño. Sobre tales bases, resulta indudable que, el acto reclamado se ejecutará en esa Ciudad, de ahí que la competencia por territorio corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el artículo 15 de la citada legislación, en su párrafo primero; remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de esa Ciudad, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la quejosa, en atención a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, tomo III, página 55, marzo de 1996, del que en lo conducente se transcribe: ". es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, acorde con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen de acuerdo con el procedimiento descrito en la página http://consultaespecienteelectronico.cjf.gob.mx..."

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