Sara Esperanza Arévalo Chávez
Expediente 1002/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2021
Partes del expediente
- Sara Esperanza Arévalo Chávez
- Sara Esperanza Arévalo Chávez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el informe justificado rendido por el médico de guardia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta la responsable, las cuales se admiten y se desahogan por su propia naturaleza. ESTADO DE AUTOS En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda presentada por Sara Esperanza Arévalo Chávez, quien solicitó el amparo de la justicia federal respecto a la autoridad y acto reclamado: ACTO RECLAMADO. La falta de atención médica a la quejosa respecto de los síntomas que presenta, los cuales pudieran tener relación con el virus COVID-19. AUTORIDADES RESPONSABLES Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a este juzgador a, en cualquier momento de su sustanciación, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad; tal norma establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". ANÁLISIS DEL CONCEPTO MANIFIESTO E INDUDABLE En atención a lo dispuesto por el artículo y fracción referidos, se precisa que la actualización de la causal de improcedencia deberá ser de forma manifiesta e indudable. Al respecto, es necesario delimitar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la falta de atención médica a la quejosa respecto de los síntomas que presentaba, los cuales pudieran tener relación con el virus COVID-19. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno a las veinte horas con cincuenta minutos, le proporcionó atención médica a la quejosa, derivándose el certificado de donde se lee: Al respecto, es importante precisar que la demanda de amparo respectiva fue presentada en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en esta ciudad, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno a las once horas con dieciséis minutos; esto es, la atención médica referida le fue proporcionada a la quejosa ese mismo días a las veinte horas con cincuenta minutos, o sea, posterior a la presentación de su reclamo constitucional. Asimismo, derivado de la falta de atención médica, la quejosa adujo tener síntomas de COVID-19 y, en el certificado que se imprimió se advierte que de forma expresa se hizo constar: ".Sin datos de COVID-19.". En consecuencia, es evidente que posterior a la presentación de la demanda de amparo, la quejosa recibió atención médica respecto al padecimiento del que manifestó presentar síntomas. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable remitió los certificados médicos realizados a la parte quejosa el diecinueve, veinte y veintiuno, todos de octubre del año en curso, de donde se advierte: En los que, el médico signante, hizo constar que la quejosa se encontraba sana y asintomática. Lo anterior, evidencia que la autoridad responsable proporcionó atención médica a la quejosa, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; asimismo, hizo constar que no presentaba síntomas de COVID-19. En el mismo sentido, se advierte que en todos los certificados médicos remitidos por la autoridad responsable obra la firma de la quejosa, por tanto, esa circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento de su contenido. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió u omitió, como en el caso, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, en virtud a que la audiencia constitucional se encuentra fijada para su celebración a las trece horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena dejar sin efectos tal señalamiento. Notifíquese; personalmente a la quejosa vía electrónica, a través de su asesor jurídico y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los autos, de lo que se advierte que por oficio SEADS/1080/2021, que suscribe el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal de la Jueza Tania Rosalinda Méndez López, quien a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, será Titular del mismo; por lo que, a efecto de evitar alguna reposición de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPEDIMENTOS. LAS CAUSALES QUE LOS ACTUALIZAN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y EN LOS RECURSOS EN ÉL PREVISTOS, SON LAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN EL NUMERAL 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", dése vista a las partes por el término de tres días, según el artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164217, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional está fijada para las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; y al día de la fecha falta el informe justificado solicitado a la autoridad responsable en auto de dieciocho de octubre pasado; por tanto, es inconcuso que en esa data no será posible su realización, ya que estará transcurriendo el plazo fijado en el artículo 117, de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, lo procedente es diferirla anticipadamente y señalar las trece horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada con el número de registro 2002712, tesis I.5º.C.1 K (10ª.), visible en la página 1322, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados.". Asimismo, en lo atinente a las notificaciones de este proveído es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número de registro 2002576, tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". De la misma forma, las tesis cuyos rubros son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA." (Octava Época, 1ª Sala; Apéndice 1995; Tomo VI, S. J. F. y su Gaceta, Pág. 58)" "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA." (Novena Época, T. C. C; S. J. F. y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Pág. 887. Materia Común)". Notifíquese personalmente a la quejosa vía electrónica por conducto de su asesor jurídico y por oficio al agente del Ministerio Público Federal y a la autoridad responsable.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. OFICIO Agréguese el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual rinde informe a la suspensión de plano; con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de cuenta y se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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