Sara Edith Tirado Becerra

Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
296/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Sara Edith Tirado Becerra

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Y, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó de plano la demanda de amparo, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos relativos al juicio de amparo 362/2020, promovido por Gustavo Arreola Pérez, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Nayarit y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Gustavo Arreola Pérez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "3. Autoridad responsable. a) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit; b) Congreso del Estado de Nayarit; c) Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero; d) Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit; e) Registro Público de Movilidad del Estado de Nayarit; f) Secretario de Comunicaciones y Transportes, y g) Policía Estatal de Caminos. 4. Actos que se reclaman. De las autoridades a que se refieren los incisos a) y b) reclamo, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, la iniciativa y con ello la exposición de motivos, la discusión, el dictado y promulgación de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, en Materia de Movilidad y Transporte (LMEN, en adelante), en su carácter de ley autoaplicativa y como tal se impugnará, precisamente en tratándose de sus artículos 5°-I, X, XXXVIII, 249-III, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 y 379, que reconocen, conceptúan, consienten y autorizan la operación del servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas en el Estado de Nayarit. La citada ley entró en vigor el día 07 de enero de 2020. De las autoridades señaladas en los incisos c), d) y e) reclamo, con apoyo en los artículos que se tildan de inconstitucionales, el otorgamiento y renovación de autorizaciones a empresas particulares para operar servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas en el Estado de Nayarit, así como la omisión de impedirles su operación indistinta en zona municipal, estatal o federal e imponerles sanciones por hacerlo. De las autoridades señaladas en los incisos f) y g), reclamo la omisión de levantar infracciones a los conductores, empleados de empresas particulares, que prestan el servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas en el Estado de Nayarit, indistintamente en zona municipal, estatal o federal". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, sito en Tepic, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte registró la demanda bajo el expediente 362/2020 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, quien no formuló alegato ministerial, y señaló día y hora para la audiencia constitucional (fojas 13 y 14 del sumario constitucional). El catorce de agosto de dos mil veinte, en acatamiento al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relacionado a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudó el procedimiento del juicio de amparo y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró el veintiocho de octubre del año próximo pasado (fojas 45, 46, 58 y 59 ídem). TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/145/2019 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la referida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con asiento en Tepic. CUARTO. Envío de expediente. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con asiento en Tepic, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 362/2020 de su estadística a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil veintiuno se avocó al conocimiento del aludido juicio de amparo y lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 16/2021, con fundamento en la circular CAR 10/CCNO/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa al "Envío de remesas durante diciembre de 2020 y enero de 2021 a los órganos auxiliares, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío a los órganos auxiliados". Establecido lo anterior, se procede a dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/145/2019 de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman unos actos de unas autoridades establecidas en la jurisdicción territorial del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, se reclaman en su respectivo ámbito de competencia la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y promulgación de: ? La Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, específicamente los artículos 5, fracciones I, X, XXXVIII, 294, fracción III, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 y 379, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el siete de enero de dos mil veinte. Del Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, por sí y en su carácter de Encargado del Registro Público de Movilidad del Estado de Nayarit y del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México: ? El otorgamiento y renovación de autorizaciones a empresas particulares para operar servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas en el Estado de Nayarit; así como la omisión de impedirles su operación en zona municipal, estatal o federal, e imponerles sanciones por hacerlo. Del Secretario de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México, y del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter superior jerárquico de la Policía Estatal de Caminos en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic: ? La omisión de levantar infracciones a los conductores, empleados de empresas particulares, que prestan el servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas en el Estado de Nayarit, indistintamente en zona municipal, estatal o federal. TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter superior jerárquico de la Policía Estatal de Caminos en el Estado de Nayarit, al Secretario de Movilidad del Estado de Nayarit, por sí y en su carácter de Encargado del Registro Público de Movilidad del Estado de Nayarit, todos con sede el Tepic; a la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, ambos con asiento en la Ciudad de México, en razón de que al rendir sus informes justificados, respectivamente, negaron la existencia de los actos reclamados, algunas de ellas sobre la base de que hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo no se había expedido el Reglamento de la Ley de Movilidad al cual estará supeditado su actuar, ya sea para el otorgamiento y renovación de autorizaciones para operar el servicio de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas a favor de empresas particulares, así como para, en su caso, emitir actos administrativos para impedirles su operación en zonas indistintas del Estado, o bien, levantar infracciones por hacerlo (fojas 28, 30 a 32, 33 a 35, 42, 43 a 44 del expediente biinstancial). Sin que la parte justiciable desvirtuara tales negativas con medio de convicción idóneo, pese a que le corresponde la carga de la prueba, quien esta´ obligada a acreditar la existencia de los actos que reclama y a justificar con pruebas que dichos actos son inconstitucionales. Sobre el tema es oportuno citar la tesis VI.2o. J/308, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, Nu´m. 80, Agosto de 1994, Materia Comu´n, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violacio´n de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, esta´ obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presuncio´n de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garanti´as, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Aunado a lo anterior, a dichos actos les reviste el cara´cter de futuro y de realizacio´n incierta, toda vez que esta´n sujetos a diversas eventualidades para que nazcan al mundo fa´ctico; por lo que, sera´ hasta que dichas autoridades realicen un acto concreto de aplicacio´n de las normas reclamadas, cuando la parte quejosa esté en aptitud de controvertirlas a trave´s de los medios legales que resulten procedentes, o bien, a que aquéllas, de acuerdo con sus atribuciones, y según lo prevea el marco normativo del Reglamento -que ciertamente, como lo aseguran las responsables, hasta el momento de la presentación del amparo no ha sido expedido-, estén constreñidas a actuar en los términos pretendidos por la parte inconforme. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio biinstancial respecto de los actos y de las autoridades descritos en el presente considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, en virtud de que tratándose de ordenamientos legales éstos no son objeto de prueba, acorde con el principio reconocido por los dispositivos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo previsto por el arábigo 2° de la Ley de Amparo, así como con apoyo en la tesis V.2o.214 K del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV-1, febrero de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma, cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, visible en la página doscientos sesenta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no está acreditada la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, en virtud de que la sola entrada en vigor de la ley reclamada no produce efectos vinculantes ni genera alguna transgresión concreta de manera incondicional en su perjuicio. Para evidenciar lo antes precisado es oportuno citar el contenido del artículo a que alude la indicada causal de improcedencia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De igual forma es conveniente invocar el contenido del arábigo 5 del propio ordenamiento al que hace referencia el precepto anteriormente transcrito, el cual establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Asimismo, es pertinente traer a contexto el contenido del cardinal 107, fracción I, de la Ley Suprema, que prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De los dispositivos insertos con antelación se desprende que el juicio constitucional únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto u omisión reclamado, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma o acto impugnado violenta los derechos previstos por la Ley Suprema y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden, se tiene que el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a los particulares para reclamar, vía amparo, cualquier acto de autoridad cometido en su contra que consideren vulnera sus derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, es decir, se refiere a un derecho subjetivo tutelado por alguna norma que se ve afectado por determinado acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular; circunstancia que faculta a este último para ocurrir al juicio constitucional a fin de reclamar las violaciones cometidas en su perjuicio. Resulta aplicable la jurisprudencia visible a foja 582 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1995, Tomo VI, parte TCC, Octava Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Bajo esa óptica, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado entonces no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. En ese entendido, cuando el peticionario acude a la instancia constitucional reclamando que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, tal circunstancia debe demostrarse en forma fehaciente, es decir, no debe existir lugar a duda de que el acto impugnado le ocasiona un daño, un perjuicio o un menoscabo en sus derechos, de tal manera que si el interés jurídico no se encuentra plenamente acreditado la demanda de amparo resulta improcedente. Esto es, para que el quejoso se encuentre en posibilidad de reclamar constitucionalmente el acto pronunciado por la autoridad primeramente debe demostrar de forma indubitable ser el titular del derecho subjetivo que se ve afectado con la emisión de ese acto, no así que su titularidad se infiera con base en presunciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, observable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, ilustra lo expuesto el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 135 del Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, primera parte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de promover un juicio de amparo y de que las autoridades no hayan rendido en él los informes justificados no establece una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso, pues ningún precepto de la ley establece que la sola presentación de la demanda de amparo y la relación de los hechos afirmados en ella traiga aparejada esa presunción, dado que la eficacia de los mismos está condicionada a su demostración, y, porque la omisión de las autoridades responsables al rendir informes sólo acarrea la presunción de ser ciertos los actos reclamados conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa presunción se extienda hasta el grado de relevar a los quejosos de la carga procesal de demostrar su interés jurídico para promover el juicio de garantías." Asimismo, debe indicarse que en atención a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en el que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe destacar que el concepto de individualización constituye un elemento objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal; en ese sentido, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, entonces nos encontramos ante una norma heteroaplicativa o de individualización condicionada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materias Constitucional y Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por otro lado, es necesario señalar que tratándose del juicio de amparo indirecto la fracción I del arábigo 107 de la ley de la materia establece que es procedente contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación provoquen un agravio al quejoso. En el primer caso es suficiente que el gobernado se ubique en el supuesto previsto en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obligue a hacer o a dejar de hacer cierto hecho, situación o acto jurídico, lo cual provoca una afectación en su esfera de derechos sin algún acto ulterior de autoridad para que esté en posibilidad de promover el juicio constitucional dentro del plazo de treinta días contado a partir de la entrada en vigor del precepto u ordenamiento jurídico que se reclame, en términos de lo dispuesto por el ordinal 17, fracción I, de la Ley de Amparo; en tanto que en el segundo caso es indispensable la realización de un acto de aplicación concreto y actual de la disposición reclamada que imponga la observancia del mandato legal que puede provenir de la autoridad o de los propios particulares para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que el agraviado cuenta para promover el juicio de protección de los derechos fundamentales será de quince días, conforme a la regla general establecida por el primer párrafo del numeral invocado. Lo anterior evidencia que para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque la entrada en vigor de éstas los produzca de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan producido por una actuación por tratarse de un acto de autoridad, o que tratándose de los actos de un particular éstos vinculen al quejoso con la ley por actualizarse los supuestos del precepto reclamado, lo cual revela la existencia de la aplicación de éste como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional. En el caso concreto, es indispensable destacar que la parte quejosa controvierte la constitucionalidad de los artículos 5, fracciones I, X, XXXVIII, 294, fracción III, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, en su carácter de normas autoaplicativas, por virtud de que asegura que con su sola vigencia atentan contra sus derechos laborales como concesionario del servicio público, ya que regulan lo relativo a una nueva modalidad de servicio, relacionada con la prestación de servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones móviles. Para atender ese planteamiento, debe dilucidarse si dichos preceptos son de individualizacio´n incondicionada, esto es, no exige que el nacimiento de sus consecuencias juri´dicas se someta a la realizacio´n de algu´n acto o hecho juri´dicos posteriores a su entrada en vigor, o si, por el contrario, requiere de dicho evento. Los referidos dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Aplicación Móvil: el programa informático o plataforma electrónica de geolocalización para la búsqueda, seguimiento y contacto virtual de prestadores del servicio de transporte privado de pasajeros con usuarios del servicio, así como para la contratación y pago de servicios de transporte; ejecutada en dispositivos fijos o móviles mediante el uso de Internet; (.) X. Empresas especializadas por medio de aplicaciones móviles: son aquellas en las que media un acuerdo o contrato entre los prestadores del servicio privado de pasajeros y sus usuarios, a través de aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes. (.) XXXVIII. Socios o asociados de las empresas especializadas por medio de aplicaciones móviles: aquellas personas que tienen una relación con las empresas especializadas, a través del uso de la aplicación y en su calidad de Prestadores del servicio privado de pasajeros; Artículo 294. Son modalidades del servicio especializado de transporte, las siguientes: (.) lll. Servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles. Es aquel destinado al traslado de personas de un punto a otro, que se contrata únicamente a través de aplicaciones tecnológicas en teléfonos inteligentes con sistemas de posicionamiento global y plataformas digitales, que permiten conectar a usuarios que demandan dicho servicio con empresas especializadas que faciliten el transporte privado por medio de aplicaciones móviles. A través de aplicaciones móviles los usuarios del servicio suscriben un acuerdo o contrato de adhesión electrónico, el cual deberá estar publicado en la plataforma del prestador del servicio, conteniendo el aviso de privacidad; con posibilidad de seleccionar libremente el tipo de vehículo, acceso y forma de pago, así como la facturación. Artículo 369. El servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través, de la Secretaría, y en ningún caso se autorizará la mediación vía telefónica para la solicitud del servicio. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través, de la Secretaría, tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de aplicaciones móviles, conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento. Las empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles que promuevan, operen o administren aplicaciones y plataformas informáticas a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte, deberán registrarse en los términos y plazos que para los efectos determine la Secretaría a fin de que se les expida la constancia de registro correspondiente. La vigencia de la autorización para empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles, será de diez años y se deberá realizar un refrendo anual ante la Secretaría. Artículo 370. Para obtener el registro a que se refiere el artículo anterior, se deberán de cumplir los siguientes requisitos: I. Acreditar la existencia y representación legal de las empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles que desee obtener la constancia de registro en el Estado de Nayarit; II. Suscribir el convenio ante la Secretaría en el que se establezca las condiciones aplicables a la aportación económica que deba realizar cada empresa, misma que en ningún caso excederá el monto correspondiente a 1.5% del monto cobrado al usuario por viajes realizados en el Estado de Nayarit, dicha aportación se destinara en su totalidad al Fondo para la Movilidad Sustentable; III. Contar con domicilio fiscal en el estado de Nayarit; IV. Entregar a la Secretaría un certificado de aseguramiento vigente, en el que se establezca la cobertura aplicable para cada prestador de servicios, en caso de siniestro ocurrido durante la prestación del servicio de transporte privado a través de aplicaciones, y V. Los permisos individuales de los automóviles registrados tendrán un costo anual similar al que se cobra a las unidades de taxi. Sin los permisos mencionados los automóviles no podrán prestar el servicio y serán sujetos de sanción. Artículo 371. Una vez emitido el permiso por la Secretaría el interesado deberá: I. Realizar el pago de derechos conforme a la Ley de Ingresos del Estado, y II. Realizar el registro de todas las unidades vehiculares en que se presten servicios independientes a través de la aplicación móvil correspondiente, mismos que deberán tener las siguientes características: a. Estar matriculadas en el Estado de Nayarit; b. Póliza de seguro de cobertura amplia vigente. Para el cumplimiento de este requisito, la Empresa especializada que facilita el transporte privado por medio de aplicaciones móviles correspondiente, entregará a la Secretaría un certificado de aseguramiento vigente, que otorgue cobertura a la totalidad de sus Socios o Asociados durante la prestación de los servicios de transporte privado; c. Contar con aire acondicionado; d. Contar con cinturones de seguridad en funcionamiento para todos los pasajeros; e. Tener bolsas de aire delanteras; f. Disponer de auto estéreo; g. Deberán tratarse de vehículos que no excedan los 7 años de antigüedad; cuatro puertas y capacidad para 5 pasajeros; h. Folio de la licencia de automovilista emitida por el Estado de Nayarit de cada prestador de servicio; i. Contar con un identificador visible de la marca de la empresa que representa mediante una calcomanía de una dimensión al menos de 15 centímetros; j. Contar con verificación vehicular vigente, y k. Estar al corriente en sus obligaciones fiscales y administrativas permanentemente. El titular del permiso es el obligado a realizar el pago de derechos por cada vehículo registrado. Las autorizaciones para su operación tendrán una duración de un año, las que podrán renovarse anualmente, siempre que se encuentre prestando el servicio, no se afecte el interés público y se cumplan con los requisitos señalados en esta Ley y el Reglamento respectivo. Artículo 372. El servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: I. Garantizar que el servicio privado de transporte que ofrecen se preste acatando las normas de calidad y operación correspondientes a su modalidad y clase, que se establecen conforme a la autorización correspondiente; II. Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio; III. Prestar el servicio en cumplimiento a los requisitos que para esa modalidad establecen esta Ley y su Reglamento; IV. Inscribirse y mantener actualizada su incorporación en el padrón de empresas especializadas por medio de aplicaciones móviles; V. Prestar todas las facilidades e información que le requieran las autoridades estatales, federales y municipales en el ejercicio de sus funciones; VI. Verificar que el vehículo con el que presten el servicio privado de transporte mediante aplicaciones móviles que administren, cumplan con las condiciones mecánicas y de seguridad previstas en las disposiciones reglamentarias aplicables, y VII. Suscribir con el Estado un convenio de colaboración para la constitución del Fondo para la Movilidad Sustentable cuyos recursos se destinarán a contingencias, capacitación e infraestructura para la movilidad no motorizada. Artículo 373. A fin de obtener la renovación de la autorización, las empresas especializadas que faciliten el transporte privado por medio de aplicaciones móviles deberán: I. Presentar solicitud por escrito a más tardar treinta días antes al vencimiento de la autorización, ante la Secretaría; II. Acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes en la forma que precise la presente Ley, y III. Comprobar que está al corriente en el pago de las contribuciones aplicables. La falta de solicitud de la renovación en el plazo previsto en este artículo se considerará como renuncia al derecho de renovación. Artículo 374. Los servicios de gestión de transporte y plataformas tecnológicas o sistemas electrónicos para contratación, pago y prepago que implemente el Estado tendientes a la mejora del servicio de transporte público en todas sus modalidades, no serán considerados como una empresa especializada por medio de aplicaciones móviles en cualquiera de sus variantes. Artículo 375. Queda prohibido el servicio privado de transporte a través de aplicaciones móviles que se genere a través de dos o más solicitudes de distintos usuarios, con una misma unidad vehicular en un mismo recorrido, trayecto o ruta. Queda prohibido que las unidades que prestan el servicio de transporte privado a través de aplicaciones móviles, hagan base, sitio o presten el servicio a personas que no sean usuarios de su plataforma. Serán acreedores a la sanción establecida en esta Ley, quienes infrinjan el presente artículo, sin menoscabo de las sanciones administrativas que correspondan. Artículo 376. Las Empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles deberán contar con autorización de la Secretaría para operar y solicitar a cada uno de sus Socios o Asociados, presentar una solicitud acompañarse de la documentación que compruebe que el socio, asociado o conductor cumple los siguientes requisitos: I. Ser mayor de edad; II. No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, conforme a lo establecido por el Reglamento; III. Estar inscrito en los registros estatal y federal de contribuyentes; IV. Contar con licencia de conducir para la persona conductora del vehículo para la prestación del servicio de transporte a través de aplicaciones móviles, expedida por la Secretaría; V. Ser propietario o tener legal posesión del vehículo mediante el que se prestará el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles; VI. Que el vehículo cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley; VII. Contar con póliza de seguro, y VIII. Presentar carta de no antecedentes penales. Las Empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles deberán solicitar el cumplimiento de cada uno de estos requisitos a sus Socios o Asociados, de manera previa a su habilitación para prestar el servicio. Los documentos que los Socios y Asociados utilicen para acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, serán entregados vía electrónica por la Empresa especializada que facilita el transporte privado por medio de aplicaciones móviles a la Secretaría, como parte del reporte mensual. Artículo 377. Las Empresas especializadas que facilitan el transporte privado por medio de aplicaciones móviles tendrán las siguientes obligaciones: I. Tener una política clara de no discriminación de usuarios y conductores que utilicen el servicio; II. Brindar información a los prestadores del servicio registrados, en materia de protocolos de actuación que la Secretaría señale, conforme a lo establecido en la presente Ley, especialmente en materia de igualdad estructural de género; III. Coadyuvar con las autoridades de seguridad pública y otras competentes para la detención de probables responsables de la comisión de hechos delictivos, y proporcionar oportunamente la información que le sea solicitada conforme a la normatividad aplicable; IV. Determinar las pruebas y estudios que deban realizar los conductores para poder ofrecer servicios de transporte a través de aplicaciones móviles, y V. Cumplir con las disposiciones fiscales y demás normatividad aplicable. Artículo 378. El servicio de transporte contratado a través de aplicaciones móviles se prestará únicamente mediante una aplicación tecnológica y solicitado por el usuario a través de la misma, con posibilidad de seleccionar libremente el tipo de vehículo, acceso, modalidad de pago así como la facturación si lo desean; por lo que queda estrictamente prohibido a los conductores de vehículos mediante los que se preste el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles aceptar paradas en la calle u ofertar de manera directa en la vía pública sus servicios. Artículo 379. Las aplicaciones tecnológicas permitirán al usuario conocer la siguiente información: I. Nombre del conductor; II. Imagen digital que permita visualizar claramente el rostro del conductor; III. Modelo, placas y color del vehículo, y IV. Tarifa estimada para el trayecto seleccionado. En caso de que la aplicación tecnológica cuente con variaciones de la tarifa sujetas a la oferta y demanda, se deberá indicar al usuario cuando exista una variación en la tarifa. El conductor del vehículo mediante el que se preste el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles tendrá acceso al nombre de la persona que abordará el vehículo. Además, la aplicación tecnológica dará a los usuarios la opción de planificar las rutas automáticamente y dará a conocer en tiempo real la disponibilidad del servicio. Las aplicaciones tecnológicas facilitarán los sistemas de evaluación y retroalimentación entre usuarios y conductores". De las disposiciones legales transcritas se puede observar que el constituyente local incluyó, dentro de la normatividad combatida, conceptos relacionados con la prestación de servicio privado de pasajeros mediante aplicaciones móviles; puntualizó los derechos y obligaciones a que deberán sujetarse las empresas privadas que presten ese servicio, supeditando su actuar -de inicio- a la autorización respectiva que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, tenga a bien otorgar conforme a lo dispuesto por dicha ley y su reglamento, para lo cual señala los requisitos que deberán cumplir para la obtención de la constancia de registro, términos y plazos. Lo antes sintetizado permite colegir que las disposiciones normativas reclamadas en este juicio de amparo, a pesar de que algunas únicamente definen qué debe entenderse por aplicación móvil, empresas especializadas por medio de aplicaciones móviles, socios o asociados de las empresas especializadas por medio de aplicaciones móviles y servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles, en conjunto con las relativas al Título décimo segundo, capítulo VI, intitulado "De las nuevas modalidades de transporte privado de pasajeros", son de naturaleza heteroaplicativa, pues sus efectos ocurren en forma condicionada, dado que en esencia disponen las directrices a seguir por quienes pretendan prestar el servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles; mismo que sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través, de la Secretaría siendo esta última quien tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de aplicaciones móviles, conforme a lo dispuesto por la ley y su reglamento. Esto es, la aplicación de lo previsto por los ordinales impugnados está supeditado a que se emitan los reglamentos conducentes que se establecen en los artículos transitorios QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la propia ley, tales como el Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Nayarit (que se deberá expedir dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley), los Reglamentos Municipales (que deberán expedir los Ayuntamientos dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley y su reglamento), el Reglamento Interior de la Secretari´a de Movilidad del Estado de Nayarit y las reformas al Reglamento Interior de la Secretari´a General de Gobierno (dentro de los noventa días contados a partir de la publicación de la ley); de igual forma, está condicionada a la integración de la Comisión Técnica de Movilidad, cuyos miembros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado (dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la ley), afirmación que encuentra sustento en el artículo transitorio VIGÉSIMO TERCERO de la norma reclamada . Reglamentos, reformas e integración que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales aún no existían; afirmación que encuentra sustento de la vista que se tiene de la página oficial de internet periodicooficial.nayarit.gob.mx, relativa al Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Lo anterior se invoca como hecho notorio de conformidad con el dispositivo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo en términos de su artículo 2. Dicho argumento encuentra apoyo en la jurisprudencia XX.2o. J/24 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, observable en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". Entonces, teniendo en cuenta que el arábigo 369 de ley combatida establece que el servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, la que está facultada para otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de aplicaciones móviles, conforme a lo dispuesto por esa ley y su reglamento. Por lo tanto, si a la fecha de presentación de la demanda biinstancial no se habían cumplido con las condiciones que el propio legislador estableció, por no estar emitidos los reglamentos ni las adecuaciones necesarias a la reglamentación existente, lo cual es indispensable para la aplicación de los artículos reclamados, se puede concluir que les reviste el carácter de normas heteroaplicativas, las cuales requieren la necesaria existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra. Lo anterior se considera así, en tanto que dichas normas establecen presupuestos conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata, pues el sólo hecho de que la Ley de Movilidad del Estado regule lo relativo a la operación del servicio privado de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas, no implica que automáticamente serán concedidos los permisos respectivos a cualquier interesado y que con ello el disconforme resienta una afectación actual y directa en su esfera de derechos -como lo alega- y, por lo mismo, con la entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, con independencia de que con posterioridad se realice un acto concreto que en su caso genere la afectación que ahora se plantea. En otras palabras, para que los numerales de referencia incidan en la esfera jurídica del gobernado necesariamente se requiere que las autoridades que en ellos se aluden realicen un acto específico, como lo es otorgar los permisos para la prestación del servicio privado de pasajeros a través de aplicaciones móviles, y que con ello se vulneren directamente los derechos humanos del justiciable, quien se ostenta concesionario del servicio de transporte público. Por lo tanto, si la parte quejosa combate los citados preceptos como autoaplicativos, empero éstos son de naturaleza heteroaplicativa, se estima que el juicio de amparo es improcedente, ya que no está acreditado que aquéllos, con su sola vigencia, ocasionen a la parte quejosa una afectación actual y directa en su esfera jurídica derivado de su especial situación frente a esas normas. Consecuentemente, es patente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es sobreseer en este juicio biinstancial en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento. Resta añadir que dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 49 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 362/2020 promovido por Gustavo Arreola Pérez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables que se precisaron en el segundo considerando del presente fallo, por las razones expuestas en el tercero y quinto subsecuentes. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR 6/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el entonces Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el expediente electrónico auxiliar 16/2021 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Nancy Elizabeth Sánchez Corona, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistida de Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy cuatro de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, con fundamento en el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia. Doy fe.

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