Sara Dos Santos
Expediente 1158/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sara Dos Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria, se ordena archivo
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se recibió oficio remitido por el Instituto Nacional de Migración por conducto del Sub Representante Federal en Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual envió informe justificado, en el que hizo del conocimiento que el veintiocho de julio del presente año, otorgó documentos provisionales con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos ..., de nacionalidades brasileña y de Senegal, respectivamente, con los cuales abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojados. En efecto, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la posible privación de la libertad y la deportación fuera de todo procedimiento. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del informe justificado emitido en el presente juicio y del anexo que remitió la autoridad responsable, consistente en documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a los quejosos Sara Dos Santos y Moustapha Faye, de nacionalidades brasileña y de Senegal, respectivamente, con los cuales abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojados. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de julio de dos mil veintidós- el reclamo de la parte quejosa era que se encontraba sufriendo la posible privación de la libertad y la deportación fuera de todo procedimiento legal, tal afectación cesó una vez que la responsable otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a los quejosos Sara Dos Santos y Moustapha Faye, de nacionalidades brasileña y de Senegal, con el cual abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojados. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable otorgó el permiso correspondiente al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos de los actos impugnados en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa, por un lado, en estricto acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, en lo que interesa, que se entregó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a los quejosos Sara Dos Santos y Moustapha Faye, por lo que abandonaron la estación migratoria de esta ciudad, remitiendo para el efecto constancias con las que apoya su informe. Por otra parte, rinde informe justificado, lo anterior con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, del que se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable designando autorizados a las personas que indica en su informe, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, téngase a la oficiante remitiendo constancia de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades renumeradas de veintiocho de julio del año en curso, otorgado a los quejosos Sara Dos Santos y Moustapha Faye; por lo anterior, dése vista a la parte quejosa para su conocimiento y a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga.
- Principal
Agréguese con vista a las partes, el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, mediante el cual, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde informe en relación con la suspensión de plano. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto. Ahora, del informe rendido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, no remitió constancias que apoyen sus manifestaciones, de las que se desprenda el estado en que se encuentra el procedimiento administrativo migratorio de los quejosos, a efecto de conocer su situación jurídica actual y establecer si ha transcurrido el término para dejar en libertad a los quejosos ... En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable de mérito, para que en forma inmediata, a más tardar dentro de las doce horas siguientes a su notificación, informe sobre el cumplimiento dado a dicha suspensión de plano; previniéndosele que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Reiterándole de nueva cuenta, que en el presente juicio, se concedió la suspensión de oficio y de plano para que no se ejecute la orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro contra la parte quejosa, y queden a disposición de este juzgado en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal; así como para que cesara la incomunicación y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, para que los quejosos, fueran puesto en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, o bien, que hayan transcurrido las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento. Además, para efecto que los aquí quejosos no sean trasladados a una diversa estación migratoria de la que se encuentran actualmente alojados. En otro orden, se tiene por recibido el oficio que envía el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; del cual se advierte que en el juicio de amparo 924/2022-8 del índice del referido órgano jurisdiccional, promovido por Juan Carlos Briones Acosta, representante del quejoso Moustapha y otro, se desechó la demanda de amparo, con motivo del desistimiento ratificado de la parte quejosa, de lo que se toma nota del contenido.
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