Sara Chavez Graciliano

Expediente 1217/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1217/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Sara Chavez Graciliano
  • Decimo Segunda Junta Local de Concliación Y Arbitraje En el Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni conservable. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Jalisco, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado el seis de mayo del año en curso, informa su imposibilidad proporcionar nombres de peritos especialistas en materia de hematología, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda y déjese sin efectos el apercibimiento efectuado.

  4. Principal

    Visto el oficio de la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, a través del cual manifiesta que no cuenta con el suficiente flujo de efectivo para acatar la ejecutoria de amparo, a ese respecto señala " [.] En ese orden de ideas, se manifiesta que a la fecha actual subsiste la imposibilidad por parte de esta autoridad para emitir el pago; habida cuenta que la insuficiencia en el flujo de efectivo no solamente responde a la situación presupuestal sino también a la situación real de la recaudación y del activo circulante de la tesorería; es por el lo que esta Autoridad Municipal, le solicita una prórroga razonable, esto con la finalidad de obtener los recursos para así poder dar el cumplimiento requerido". Agréguese a los autos e indíquesele que las circunstancias anotadas de ninguna manera le excusa de cumplir el requerimiento hecho por este Juzgado de Distrito en relación con el acatamiento puntual de la ejecutoria de amparo, ni puede tener el alcance de dejar incólume la violación de derechos ocasionada al quejoso, en razón de que es obligación de las autoridades tramitar un ajuste de la partida presupuestal destinada específicamente para su pago, lo que deberá hacer en el término concedido en el primer párrafo. Tienen aplicación por las razones que informan los siguientes criterios: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JEFES DELEGACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN FACULTADOS PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. Cuando en una sentencia de amparo se impone a un jefe delegacional del Distrito Federal la obligación de efectuar un pago, éste no puede excusar su incumplimiento con el argumento de que el artículo 23 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, le prohíbe contraer compromisos que rebasen el monto de su presupuesto o acordar erogaciones no autorizadas que le impidan cumplir con sus metas, pues en tal hipótesis los supuestos de la norma no se actualizan, esto es, que hubiera contraído un compromiso o acordado una erogación, los cuales deben provenir de un acto de voluntad, sino que el pago deriva del imperativo categórico de una resolución de daños y perjuicios que, como cumplimiento sustituto a una sentencia de amparo, fue dictada por un tribunal de amparo, con eficacia de cosa juzgada, que impuso una obligación de pago lisa y llana de una cantidad líquida, cierta y determinada, sin condicionarla a requisito alguno, la cual derivó de un procedimiento en el que se respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia a fin de que manifestara lo que a sus intereses conviniera, por lo que el mencionado precepto no es oponible al pago sino, por el contrario, en él puede apoyarse la autoridad, pues la constriñe al cumplimiento de sus metas, entre las cuales se encuentra la de ajustar sus actos al imperio de la ley y, en vía de consecuencia, a los mandatos de amparo. Además, debe tomarse en consideración que el artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal confiere a las delegaciones autonomía de gestión presupuestaria y faculta a los jefes delegacionales para decidir sobre las transferencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, sin condición alguna y con la única obligación de informar al jefe de Gobierno del Distrito Federal de manera trimestral sobre el ejercicio de esa atribución, por lo que si el pago a título de daños y perjuicios representa un porcentaje mínimo del presupuesto anual total autorizado a una demarcación territorial, su titular no sólo puede, sino que debe efectuar la transferencia presupuestal y cumplir con el mandato de amparo, y si no lo hace así, esa omisión constituye una evasiva al cumplimiento que debe ser sancionada en los términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Época: Novena Época, Registro: 187078, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P. XXI/2002, Página: 17). "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. La resolución incidental de daños y perjuicios, como cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, que establece la condena al pago de una cantidad líquida, cierta y determinada, derivada de un procedimiento en el cual se le respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia, constituye una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago. Lo anterior es así, en virtud de que existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de sus garantías individuales violadas, entendida ésta como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago del débito, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquélla no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, con mengua del riguroso sistema dispuesto en la Norma Fundamental para el cumplimiento de los mandatos de amparo y de la garantía de administración de justicia pronta y expedita prevista en su artículo 17, a favor del gobernado, quien a través del procedimiento de inejecución de sentencia de amparo debe ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales violadas". (Época: Novena Época, Registro: 187084, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P. XIX/2002, Página: 11) En ese sentido, tal como lo prevé el "TÍTULO TERCERO Cumplimiento y Ejecución", "CAPÍTULO I. Cumplimiento e Inejecución", de la Ley de Amparo, con fundamento en su artículo 192: requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo excepcional de diez días posteriores a la notificación de este comunicado, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello, esto es: I) Para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago del derecho por refrendo de licencia para giros dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los términos previstos por las fracciones XII y XI de los artículos 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019, respectivamente, a razón de ******************** en relación al Ejercicio Fiscal 2018; y $******************** en lo presente y en lo futuro hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motiva la concesión del amparo, y se le haga extensiva la tarifa más benéfica establecida para los giros de su misma categoría, contenida en las fracciones XVII y XVI de esos preceptos, por los monto de $******************** en relación al Ejercicio Fiscal 2018 y ******************** respecto al Ejercicio Fiscal 2019. Así como que se deje insubsistente el pago por concepto de recargos y multas por concepto de la omisión de cubrir lo relativo al Ejercicio Fiscal 2018 b) En relación los artículos 6, fracción II, y 44, fracción XVIII, inciso a), ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018; y 6, fracción II, y 44, fracción XVII, inciso a), ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019; Para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación de cubrir el pago relativo al impuesto para la conservación y mejoramiento del medio ambiente en lo presente y en lo futuro, hasta en tanto subsista el vicio de constitucionalidad que motiva la concesión de amparo. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Plazo anterior que se fija de manera excepcional, y por única ocasión, toda vez que este órgano considera la complejidad de las acciones que debe realzar la autoridad responsable, con fundamento en el último párrafo del mencionado artículo 192; lo que no se traduce en que este Juzgado convalide la inobservancia de las disposiciones aplicables al caso. Con apoyo en los numerales 192, tercer párrafo, y 194 primer párrafo de la legislación de la materia, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico del Titular de la dependencia encargada del cumplimiento, para que le ordene a éstas, acatar la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de incurrir en las mismas responsabilidades que las autoridades indicadas. Hágasele saber a la autoridad responsable y al superior jerárquico que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo. Para efecto de celeridad en esta etapa de ejecución se pone a disposición de la autoridades el correo electrónico institucional priscila.barragan.castellanos@correo.cjf.gob.mx, para que por esa vía remitan las constancias necesarias para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo; con la precisión de que de hacerlo por ese medio será innecesaria se remita vía ordinaria. Además, deberá al momento de dar cumplimiento a lo anterior y acompañar los documentos que así lo acrediten por la vía digital, bajo protesta de decir verdad, manifestar dichos documentos digitalizados son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, tal como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO.

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