SARA BORRAZ ROMAN y Otros.
Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2021
Partes del expediente
- SARA BORRAZ ROMAN y Otros.
- Sara Borraz Roman
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que en ese período no corrieron términos. Asimismo, en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en su artículo 2º, se determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos, lo que implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Así como que, mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por el diverso 15/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reanudándose en la presente fecha; en atención a lo anterior, se provee: En ese sentido, visto, la certificación de cuenta, así como del estado de autos, se advierte que ninguna de las partes dentro del término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, recurrió la sentencia constitucional de quince de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el amparo en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese el expediente como asunto concluido...
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por derecho propio, contra el acto reclamado al Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado remitido por el Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con su contenido, dese vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, con fundamento en el numeral 119 del mismo ordenamiento, se tiene por exhibidas y admitidas las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional. Asimismo, visto el estado de autos, así como el cómputo de cuenta, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98, de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa, no recurrió dentro del término legal el proveído de diecisiete de noviembre del presente año, en el que se desechó parcialmente la demanda, únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la dilación del Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación que le fue encomendado en el juicio sucesorio testamentario 1371/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Sara Borraz Román y Odelta Borraz Román, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 651/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que las promoventes señalan como actos reclamados los siguientes: A) La omisión del Juez Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, de dar seguimiento y girar oficio recordatorio respecto al oficio J2FT/893-A/2020, dirigido al Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, dentro del juicio sucesorio testamentario 1371/2014, de su índice, en el que se le encomendó la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación en dicho juicio; y, B) La dilación del Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación que le fue encomendado en el expediente antes descrito. En tal virtud, respecto al acto reclamado consistente en B) la dilación del Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación que le fue encomendado en el juicio sucesorio testamentario 1371/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..." En primer término, resulta necesario definir si el Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, señalado como responsable en este asunto, tiene el carácter de autoridad para el juicio de amparo. En ese orden de ideas, para resolver el punto en cuestión, de conformidad con el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, el legislador estableció diversas características que deben reunirse a efecto de considerar a un acto como de autoridad, a saber: 1. Irrelevancia del carácter formal del ente del cual proceda el acto; 2. Acto positivo que produzca como efecto la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas o, en su caso, acto negativo (omisión) que de realizarse produzca la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas; 3. Unilateralidad en la emisión; 4. Obligatoriedad en el cumplimiento del mismo; y, 5. En el caso de actos derivados de particulares, la equivalencia de alguno de los efectos mencionados, así como que el mismo esté previsto en una norma general. El concepto "acto de autoridad" para los efectos del juicio de amparo ha evolucionado paulatinamente desde su concepto más estricto hasta el que ahora se conoce; tal proceso evolutivo hasido necesario en función del constante cambio social que ha influido en el orden jurídico nacional de nuestro país, así como la adopción de nuevos pensamientos en materia de derecho administrativo respecto a lo que debe entenderse por autoridad, lo que ha redundado en que tal concepto se amplíe incluso para los efectos del juicio de amparo, como actualmente se establece en el artículo 5°, fracción II, la Ley de Amparo, conforme al cual se puede considerar a ciertos actos provenientes de los particulares como similares de autoridad. Ese cambio conceptual ha tenido un origen material que luego ha sido rescatado y explicado por la doctrina jurídica internacional y nacional, así como en la propia interpretación que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha precisado las siguientes características: a) Que el ente cuyo acto despliegue debe establecer una relación de supra a subordinación con el particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tales referentes derivan de las consideraciones que se sustentaron en el asunto que sirvió de génesis para emitir la tesis P.XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, Novena Época, registro 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama la dilación del Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación que le fue encomendado en el juicio sucesorio testamentario 1371/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad. Conforme con lo anterior, este juzgador estima que lo reclamado en este asunto no puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio constitucional. Se afirma así, pues los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Tiene aplicación, por las razones jurídicas que contiene, la tesis jurisprudencial 1a./J. 41/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, Décima Época, que a la letra dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. En tal virtud, es indudable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia invocada, en consecuencia, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que hace al acto reclamado consistente en la dilación del Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación que le fue encomendado en el juicio sucesorio testamentario 1371/2014, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad. ADMISIÓN Establecido lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y IV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115, 116, y demás numerales relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión del Juez Segundo del Ramo Familiar, residente en esta ciudad, de dar seguimiento y girar oficio recordatorio respecto al oficio J2FT/893-A/2020, dirigido al Notario Público Número 94 del Estado de Chiapas, dentro del juicio sucesorio testamentario 1371/2014, de su índice, en el que se le encomendó la elaboración del proyecto de escrituración y adjudicación en dicho juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se tramite incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud al respecto. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Ahora, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe justificado respecto de los actos reclamados, que deberá rendir en el término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en que se solicita, anexando copia certificada u original, en su caso, de todas y cada una de las constancias que sirvieron de apoyo para su emisión, con apercibimiento que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados, y se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero siguiente, que señala el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que, dada la exhortación a las partes para tramitar el juicio en línea, la autoridad responsable deberá remitir su informe y constancias respectivas preferentemente al expediente en línea, haciendo uso de su firma electrónica, con la finalidad de evitar al máximo la entrega de oficios de manera personal de acuerdo a las medidas establecidas para evitar el contagio y propagación del virus SARS-CoV-2. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que informen su dirección de correo electrónico institucional, a fin de que, en su caso, este juzgado esté en condiciones de remitirles comunicaciones en esa vía y, de así estimarlo, en caso de no ser posible la remisión de sus comunicados vía "juicio en línea", podrán enviar sus informes y constancias respectivas vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, previa llamada telefónica con el Secretario de guardia, para corroborar que fueron recibidos. Además, únicamente de no ser posible el envío de los informes de manera electrónica, podrá remitirlos físicamente a este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ubicado en boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040, atendiendo las medidas necesarias para evitar el contagio y propagación del virus SARS-CoV-2, previa comunicación telefónica con el Secretario de guardia, para confirmar su recepción. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES Requiérase a la responsable para que en el momento de rendir su informe justificado comunique a este Juzgado si se ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado, en caso de ser así remita las constancias que lo acrediten; atento a lo dispuesto por los artículos 64 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de esa misma ley. Hágase saber también a las partes que conforme a lo establecido por el artículo 64 de la Ley de la materia, están obligadas a informar a este Juzgado Federal cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto, se les impondrá la multa aludida en el párrafo anterior. Además, se indica a la autoridad mencionada que en caso de no recibir los oficios que le sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsable por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28,fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se imponga multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero siguiente, que prevé el numeral 245 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De igual modo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Se apercibe a la parte quejosa, que si la denominación de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, resultan erróneas o imprecisas, éstas se tendrán por no designadas para todos los efectos legales a que haya lugar; tomando en consideración que, este juzgado no está autorizado a llamar a juicio a autoridad no señalada directamente por la parte quejosa, porque su designación es una carga procesal que pesa sobre ésta, según se deduce del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Acorde con los artículos 22 y 115 de la Ley de Amparo, se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. PRUEBAS Sin que se provea respecto al ofrecimiento de pruebas, en virtud de no haber sido propuestas DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Ahora, con relación a la devolución de documentales, se deja de acordar, en virtud de no haber sido exhibidas. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL),indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados.1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosibel Candelario Borraz Hernández, Alfonso Espino Liévano, y Manuel de Jesús Arreola Trujillo y en términos restringidos de dicho numeral a Mariana Monserrat de la Cruz Tacias, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en los términos que refiere a las diversas personas que menciona. En relación a su solicitud, y tomando en consideración que el usuario "borrazabogados", se encuentra registrado, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que el quejoso pueda realizar la consulta del expediente electrónico. De igual forma, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que, en la medida de lo posible, realice las notificaciones respectivas a las autoridades responsables por los medios electrónicos a su alcance, con la finalidad de cumplir con las medidas establecidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV- 2 y en ese caso, deberá remitir los archivos correspondientes a las autoridades en formato PDF, a fin de evitar su modificación. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que en caso de que no se encuentren laborando las autoridades locales por continuar con alguna medida de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2, quedará pendiente la entrega de oficios, la que deberá llevarse a cabo tan pronto reanuden labores, sin necesidad de posterior acuerdo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Sin que por el momento se provea respecto al emplazamiento del tercero interesado en el presente juicio, pues la parte quejosa manifestó que no existe. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio.
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