Sara Bazquez de Leon

Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
59/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Sara Bazquez de Leon

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5-A. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintiséis de febrero del año actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Finalmente, considerando que en sesión ordinaria celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la readscripción del Juez Carlos Alberto Elorza Amores, como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a partir del dieciséis de marzo del año en curso; notificado por oficio SEADS/151/2021, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos doce, tomo XXXII, julio de dos mil diez, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO, PARA CONOCER DEL ASUNTO."

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna tendiente a su desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se tiene por reclamado únicamente el acto señalado en su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, en el caso a estudio se advierte que la quejosa reclama del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y del Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad: "1. El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2. Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida." Como se ve, concretamente, la parte quejosa reclama: El cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en calle Niños Héroes Número 12, colonia Pobres Unidos, en esta ciudad, y su corte ante el rezago en su pago; y, El cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Esas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, éstos se refieren a la finalidad del juicio de amparo, que radica en resolver toda controversia suscitada por normas generales o actos de autoridad que violen derechos humanos del gobernado, en el entendido que autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley citada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; de la correlación de los artículos 1º, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades siempre que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y provoquen agravio no reparable. Cabe señalar que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta vía de control constitucional, señalado por la quejosa como el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en XXXX XXXXX, y su corte ante el rezago en su pago, así como el cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable, no resultan propiamente una actuación de autoridad que produzca una afectación a derechos humanos tutelados constitucionalmente, ni es de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, para hacer procedente el juicio constitucional. El invocado artículo 5° establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuándo una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con el acto reclamado que se analiza, este órgano jurisdiccional estima que no puede considerarse proveniente de autoridad. Esto es así, pues se concluye que autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en XXXXXX, y su corte ante el rezago en su pago, así como el cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable, actos que atribuye al Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y al Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante las inconformidades que hace valer la parte quejosa, este juzgado de control constitucional considera que a quienes imputa tales actos, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era 18/02/22 14:32:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.81 Elizabeth López Rodríguez de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. El anterior criterio, se hizo presente en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 189353, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 92/2001, Página: 693, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Por consiguiente, se considera que no puede estimarse que el Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y el Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, sean considerados como un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Lo anterior es así, pues del propio contexto de la demanda de amparo y el recibo que obra a foja 9, se advierte que efectivamente la quejosa tiene contratado con las responsables, el servicio de agua potable y alcantarillado, así como los servicios de bomberos, por lo tanto, los actos aquí reclamados no pueden reputarse como actos de autoridad. Cabe señalar que la tesis de jurisprudencia antes citada tiene aplicación plena en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuenta habida que no se contrapone con la actual disposición de la aludida legislación, de ahí que resulte vigente su aplicación, máxime además que el propio tribunal que la emite no ha determinado que dicho criterio haya sido superado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, diversos criterios que han emitido diferentes Tribunales Colegiados de Circuito del país, considerando a los organismos operadores del servicio de agua potable, como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, desde la perspectiva de la protección del derecho humano al acceso al agua, y como garantía de su asequibilidad, como lo es: (.) Sin embargo, resulta necesario destacar que, en principio, en dichos criterios, parten de la premisa del acceso al agua como derecho humano y como garantía de asequibilidad, sin embargo, lo que aquí se reclama es el cobro de la tarifa de dicho consumo, y la suspensión de la prestación del servicio en caso de incumplimiento al acuerdo de voluntades, esto es, una cuestión meramente comercial, sin quiera tocar el aspecto legislativo, al no haber cumplido la prevención que para tal efecto se realizó a la quejosa. Y, por otro lado, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no existe obligatoriedad de dicho criterio para el suscrito, al no ubicarse en alguno de los supuestos ahí previstos para ello. Por consiguiente, se reitera, este Juzgado Federal estima que no puede considerarse que los aquí reclamados provienen de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, es decir, tratándose de las relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo Por tanto, los actos reclamados no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Dicho de otra manera, la inconformidad realizada por la quejosa respecto de los actos que le atribuye al Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y al Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, únicamente constituyen una cuestión entre particulares derivada propiamente de su relación contractual. De ahí que deba concluirse que la naturaleza de los actos derivados de dicha relación contractual no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no emanan de un mandamiento unilateral de algún ente del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de agua potable, la cual debe ser dilucidada en el marco de la legislación ordinaria, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebraron las partes. En ese sentido, toda vez que en el presente asunto, se advierte que el contrato número XXXX, del cual se desprenden los actos reclamados, con motivo del servicio de agua potable y alcantarillado celebrado con la quejosa, no se estima procedente tener por reconocido el carácter de autoridad responsable al Director Comercial del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) y al Departamento de Rezagos de (COAPATAP) en esta ciudad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda presentada, en términos del numeral 113 de la citada legislación.

  3. Principal

    (CITATORIO). SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de febrero de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna tendiente a su desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que se tiene por reclamado únicamente el acto señalado en su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, en el caso a estudio se advierte que la quejosa reclama del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y del Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad: "1. El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2. Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida." Como se ve, concretamente, la parte quejosa reclama: El cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en calle Niños Héroes Número 12, colonia Pobres Unidos, en esta ciudad, y su corte ante el rezago en su pago; y, El cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Esas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, éstos se refieren a la finalidad del juicio de amparo, que radica en resolver toda controversia suscitada por normas generales o actos de autoridad que violen derechos humanos del gobernado, en el entendido que autoridad responsable es aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley citada, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; de la correlación de los artículos 1º, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones provenientes de autoridades siempre que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y provoquen agravio no reparable. Cabe señalar que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Amparo, el acto reclamado en esta vía de control constitucional, señalado por la quejosa como el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en XXXX XXXXX, y su corte ante el rezago en su pago, así como el cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable, no resultan propiamente una actuación de autoridad que produzca una afectación a derechos humanos tutelados constitucionalmente, ni es de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, para hacer procedente el juicio constitucional. El invocado artículo 5° establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuándo una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con el acto reclamado que se analiza, este órgano jurisdiccional estima que no puede considerarse proveniente de autoridad. Esto es así, pues se concluye que autoridad para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama el cobro excesivo del agua potable y alcantarillado contratado en el inmueble ubicado en XXXXXX, y su corte ante el rezago en su pago, así como el cobro de recolección de basura y de bomberos en el recibo de agua potable, actos que atribuye al Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y al Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante las inconformidades que hace valer la parte quejosa, este juzgado de control constitucional considera que a quienes imputa tales actos, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era 18/02/22 14:32:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.81 Elizabeth López Rodríguez de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. El anterior criterio, se hizo presente en la jurisprudencia con datos de localización Época: Novena Época, Registro: 189353, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 92/2001, Página: 693, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Por consiguiente, se considera que no puede estimarse que el Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y el Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, sean considerados como un particular que efectúa actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que prestan no denota una característica de supra a subordinación. Lo anterior es así, pues del propio contexto de la demanda de amparo y el recibo que obra a foja 9, se advierte que efectivamente la quejosa tiene contratado con las responsables, el servicio de agua potable y alcantarillado, así como los servicios de bomberos, por lo tanto, los actos aquí reclamados no pueden reputarse como actos de autoridad. Cabe señalar que la tesis de jurisprudencia antes citada tiene aplicación plena en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuenta habida que no se contrapone con la actual disposición de la aludida legislación, de ahí que resulte vigente su aplicación, máxime además que el propio tribunal que la emite no ha determinado que dicho criterio haya sido superado. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, diversos criterios que han emitido diferentes Tribunales Colegiados de Circuito del país, considerando a los organismos operadores del servicio de agua potable, como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, desde la perspectiva de la protección del derecho humano al acceso al agua, y como garantía de su asequibilidad, como lo es: (.) Sin embargo, resulta necesario destacar que, en principio, en dichos criterios, parten de la premisa del acceso al agua como derecho humano y como garantía de asequibilidad, sin embargo, lo que aquí se reclama es el cobro de la tarifa de dicho consumo, y la suspensión de la prestación del servicio en caso de incumplimiento al acuerdo de voluntades, esto es, una cuestión meramente comercial, sin quiera tocar el aspecto legislativo, al no haber cumplido la prevención que para tal efecto se realizó a la quejosa. Y, por otro lado, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, no existe obligatoriedad de dicho criterio para el suscrito, al no ubicarse en alguno de los supuestos ahí previstos para ello. Por consiguiente, se reitera, este Juzgado Federal estima que no puede considerarse que los aquí reclamados provienen de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades, es decir, tratándose de las relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo Por tanto, los actos reclamados no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Dicho de otra manera, la inconformidad realizada por la quejosa respecto de los actos que le atribuye al Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y al Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad, únicamente constituyen una cuestión entre particulares derivada propiamente de su relación contractual. De ahí que deba concluirse que la naturaleza de los actos derivados de dicha relación contractual no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no emanan de un mandamiento unilateral de algún ente del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de agua potable, la cual debe ser dilucidada en el marco de la legislación ordinaria, atendiendo a la naturaleza del contrato que celebraron las partes. En ese sentido, toda vez que en el presente asunto, se advierte que el contrato número XXXX, del cual se desprenden los actos reclamados, con motivo del servicio de agua potable y alcantarillado celebrado con la quejosa, no se estima procedente tener por reconocido el carácter de autoridad responsable al Director Comercial del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) y al Departamento de Rezagos de (COAPATAP) en esta ciudad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda presentada, en términos del numeral 113 de la citada legislación.

  4. Principal

    MESA 5-A. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXX, por propio derecho, contra actos del Director Comercial del Comité del Agua Potable y Alcantarillado De Tapachula (COAPATAP), y del Departamento de Rezagos del Comité del Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), ambos con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 59/2021 5-A. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda, corresponde a este Juzgado analizarla, con fundamento a lo ordenado en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De una interpretación sistemática del precepto anotado, se desprende que el solicitante del amparo tiene la carga procesal de señalar con precisión el acto reclamado, así como los hechos que le constan y que constituyen sus antecedentes. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: "1.- El cobro excesivo DE ADEUDOS, MULTAS, RECARGOS POR EL SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, del suministro del agua potable y los cortes masivos ordenados por la autoridad responsable y ejecutada por el DEPARTAMENTO DE REZAGOS DE COAPATAP de esa dependencia de gobierno municipal de esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 2.- Así como el pago de recolección de basura, y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable, de manera indebida. Y que afecta real y directamente mi esfera jurídica de ciudadana ante los ilegales cobros y cargos fiscales al vital líquido, necesario para la subsistencia del ser humano, en mi calidad de usuario y contratante del servicio de agua potable y alcantarillado". Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo: a) Manifieste si es su deseo señalar como actos reclamados la norma general y, de forma específica, los artículos que sustentan el cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado, así como el pago correspondiente al servicio de recolección de basura y de bomberos. b) En caso de ser así deberá precisar con total exactitud la norma general y los artículos que sustentan tales cobros, así como a las autoridades que les atribuye su expedición. c) Aunado a lo anterior, deberá señalar los conceptos de violación respectivos y cumplir con los otros requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. (.) En la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá estarse a lo ordenado por el artículo 110 de la Ley en cita, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. APERCIBIMIENTO En ese sentido, se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y de no exhibir las copias del escrito aclaratorio, se tendrá por reclamado únicamente el acto señalado en su escrito inicial de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en colonia Pobres Unidos, calle Niños Héroes, manzana 11, lote 12, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Alberto Soto Vázquez, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9626229830. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)

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