Sara Ávalos González
Expediente 520/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2018
Partes del expediente
- Sara Ávalos González
- SARA ÁVALOS GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de cinco días que prevé el numeral 98 de la actual Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra del auto de dos de abril del año en curso (fojas 50 a 53), por el cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente expediente. En consecuencia, conforme lo dispuesto en los dispositivos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en comento, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal invocado, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo. Ahora bien, se establece que el expediente en que se actúa se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que la presente demanda de garantías se desechó y no existen documentos originales exhibidos por las partes; máxime que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 115 a 117, 136 a 138 y 144 a 146), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 156), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el uno de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 74 a 85), se determinó conceder a FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción X, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los numerales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $3,724.00 (tres mil setecientos veinticuatro pesos moneda nacional), que pagó por concepto de "Inscripción providencia precautoria en embargos", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e Impuesto para la "Universidad Autónoma de Nayarit" (fojas 25 y 26), relativos al embargo indicado en la demanda de garantías." Sentencia que causó ejecutoria el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 92 a 93). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual con fundamento en el artículo 77 de la ley de amparo debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 115 a 117), dos de marzo de dos mil dieciocho (fojas 136 a 138) y quince de marzo de la presente anualidad (fojas 144 a 146), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque con firma original de recibido (foja 116), copia certificada de la constancia de notificación de la disponibilidad del cheque con el monto de la actualización con firma de recibido (foja 137) y copia del cheque por concepto de actualización con firma de recibido (foja 145), cuya sumatoria se refiere a la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $3,564.01 (tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con un centavo moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de julio de dos mil diecisiete (fojas 26 y 48), y que se efectúo la devolución mediante la expedición de dos cheques, uno por la cantidad de $3,444.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y otro bueno por $120.01 (ciento veinte pesos con un centavo moneda nacional), cuya sumatoria de éstos da como total la correspondiente cantidad actualizada, ya que se le notificó el veinticuatro veintitrés de febrero de la presente anualidad; pues el último de ellos se puso a disposición en esa fecha, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio de dos mil diecisiete al mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue de 131.508 y para el mes de junio de dos mil diecisiete de 126.408, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0403. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $3,444.00 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $3,582.79 (tres mil quinientos ochenta y dos pesos con setenta y nueve centavos); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $138.79 (ciento treinta y ocho pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $3,582.79 (tres mil quinientos ochenta y dos pesos con setenta y nueve centavos); sin embargo, éste reintegró la diversa de $3,564.01 (tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con un centavo moneda nacional), es decir, hay un déficit de $18.78 (dieciocho pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de recibir dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte quejosa, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado ****************, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo indirecto 1490/2017; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su arábigo 2º, indíquesele al promovente que únicamente se le autoriza la expedición de copias certificadas del cuaderno de antecedentes del referido expediente que obra en este Juzgado, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos, toda vez que el sumario original se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de substanciar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil diecisiete; medio de impugnación que fue registrado por el número 1120/2017, del índice de dicho órgano de control constitucional.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.
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