Sara Álvarez Hernández y Otros.

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Sara Álvarez Hernández
  • Sara Álvarez Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja ***, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo 356/2021, de la estadística de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja". Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, remítase el acuse de recibo a la superioridad. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 3. Destrucción. Respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso comunicado 13663/2021, del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de siete de junio de dos mil veintiuno, radicándolo con el número ***, de su estadística. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, por el cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de siete de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", con sede en Chiapas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 356/2021-1-C. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados destacados los siguientes: 1. La multa impuesta a la quejosa por la autoridad responsable 1. Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del juicio de amparo ***. 2. El requerimiento de pago del crédito fiscal derivado de la multa impuesta a la quejosa, a través de los oficios ***, y su ejecución. ANALISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De la interpretación teleológica del articulo trascrito, se infiere que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en otros juicios de amparo o en ejecución de las mismas, toda vez que a los jueces de amparo compete ejercer la facultad de control constitucional a través de dicho juicio, por lo que, de proceder la acción de amparo contra actos o resoluciones dictadas en otro juicio de derechos fundamentales, implicaría ejercer un control constitucional sobre otro, lo que es notoriamente improcedente. Resulta aplicable al caso en estudio, por identidad jurídica, la tesis 1a. LXX/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Así como la diversa II.2o.C.48 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, de rubro "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. En la especie, como se precisó, la quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la multa que le fue impuesta por la responsable 1. Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el juicio biinstancial ***. En esa tesitura, se hace patente la actualización la causa de improcedencia citada in supra, lo que torna notoriamente improcedente el presente juicio de amparo, debido a que se reclama una actuación en el que el juez señalado como responsable hizo efectiva una multa a la quejosa, por lo que, este juzgado de amparo no puede ejercer control constitucional sobre las determinación emitidas dentro de otro juicio de amparo por un juez homólogo. A mayor abundamiento, si la solicitante de amparo estima que le irroga perjuicio las determinaciones por las cuales la juez homóloga le impuso una multa dentro del juicio de amparo, debe combatirla a través de los medios legales que prevé la propia Ley de Amparo y no así, por medio del juicio de amparo, que como se expuso, es notoriamente improcedente, dado que es una resolución que está sujeta únicamente al sistema de recursos regulado en la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una determinación dictada por un juzgado de distrito en una contienda constitucional, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por otra parte, por lo que hace a los diversos actos impugnados consistentes en b) el requerimiento de pago del crédito fiscal derivado de la multa impuesta a la quejosa, a través de los oficios ***, y su ejecución, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De tales preceptos se advierte que, procede el juicio de amparo, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, únicamente hasta que se dicte la resolución definitiva en el mismo, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiese quedado sin defensa la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la resolución; y como supuesto de excepción, esto es, de forma inmediata, contra actos en dicho procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución, es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. Este es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. En ese tenor, de acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en éste la resolución definitiva, de lo cual se infiere que tratándose de actos que suceden dentro del mismo, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas tanto en la misma resolución, como las del procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aun cuando se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Resulta aplicable al respecto, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 2a./J. 29/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA". Asimismo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe "EJECUCION, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE". De lo transcrito, se concluye que la presente instancia constitucional resulta improcedente, en lo que corresponde a los actos marcados en el inciso b), que por esta vía se combaten, por actualizarse en la especie la causal que se deriva de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia. Ello es así, ya que la quejosa reclama el requerimiento de pago del crédito fiscal derivado de la multa que le fue impuesta a través de los oficios ***, con la finalidad de requerir el pago correspondiente, que le fue notificado el trece de mayo de dos mil veintiuno, por conducto del notificador ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "1", con sede en Chiapas, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, dentro de un procedimiento administrativo, el que aún no concluye, sin que haya reclamado la última resolución, momento en el que puede, además, reclamar las violaciones cometidas durante el mencionado procedimiento, como lo establece el artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a. /J. 17/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encabezado "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES". De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Por otra parte, en el caso tampoco se actualiza el supuesto de excepción, previsto en el inciso b), de la fracción III, del invocado artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no son de imposible reparación, es decir, no es de los que afecten de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte quejosa que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se afirma lo anterior, ya que la inconforme no ha garantizado el crédito fiscal derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de dicho crédito fiscal, según refiere la quejosa en su escrito inicial de demanda, ni se ha efectuado embargo alguno en su contra, de manera que los actos reclamados no trastocan de manera cierta, directa e inmediatamente sus derechos fundamentales protegidos por la constitución, sino que sus efectos son de naturaleza formal o procesal (ya que únicamente forman parte del procedimiento en el que se podrá ejercer el derecho de defensa). De ahí que es factible afirmar que no se está en presencia de un acto que pueda considerarse como de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, pues se trata de un acto emitido dentro del procedimiento administrativo de origen seguido en contra de la aquí quejosa, que no define, hasta este momento, su situación jurídica Resulta aplicable, la tesis III.2o.A.8 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de epígrafe "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Luego, ante los actos reclamados en esta instancia deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Por consiguiente, la quejosa deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las diligencias realizadas, que se entienden actuaciones intermedias tendentes a emitir la resolución definitiva. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en artículo 61, fracción IX, así como la diversa XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a ***, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente; asimismo, con sustento en el numeral 24, párrafo segundo, de la norma jurídica invocada, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. Sin que pase desapercibido que la quejosa refiera señalar como defensor particular a ***; sin embargo, dicha figura se encuentra prevista para los juicios de amparo derivados de procedimientos de naturaleza penal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, no así para los de naturaleza administrativa, como en el caso acontece; de ahí que, se le tenga con el carácter de autorizado en los términos citados en párrafo que antecede. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en el correo electrónico que proporciona, ya que dicho medio de comunicación, no se encuentra establecido, ni reconocido en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. También, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Igualmente, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano