Sara Alejandra Cruz Becerra
Expediente 148/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 38 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sara Alejandra Cruz Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el dos de marzo siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Sara Alejandra Cruz Becerra solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables: En su carácter de ordenadoras: Comisión Nacional delo Agua (CONAGUA), con sede en la ciudad de México. Comisión Estatal del Agua, con sede en esta ciudad. Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, Morelos (SICAPEZ). En su carácter de ejecutora: Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. Acto Reclamado: "De la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua y Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ), en su calidad de autoridades ordenadoras, reclamo la inminente suspensión del servicio de agua potable por parte de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. De la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, en su calidad de autoridad ejecutora, reclamo el oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio, sin contar con facultades para ello". SEGUNDO. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se radicó el asunto con el número de expediente 148/2021, se admitió la demanda de amparo, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Representante Social adscrito en materia de amparo; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: "La inminente suspensión del servicio de agua potable por parte de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil. El oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia de los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede, atribuidos a las autoridades responsables denominadas Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Estatal del Agua y Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata (SICAPEZ). Y respecto a la autoridad denominada Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, sólo por lo que hace al acto consistente en la inminente suspensión del servicio de agua potable. Toda vez que las citadas autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado negaron dichos actos, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuarlos. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, por lo que hace a las autoridades responsables y por los actos precisados en este apartado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior, se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existen los actos reclamados; circunstancia que acontece en el presente caso. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Sara Alejandra Cruz Becerra. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Respecto del acto reclamado consistente en: "El oficio de 12 de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se pretende cobrar el suministro de agua potable, manifestando la inminente suspensión del servicio". El cual atribuye a la autoridad responsable denominada Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, es cierto, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado; al respecto señala: "Es cierto el acto reclamado únicamente en cuanto a que la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, emitió el comunicado de fecha 12 de enero de 2021, que se acompañó como acto reclamado a la demanda de amparo." Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El juicio de amparo es improcedente contra el acto reclamado que se precisa en este apartado, en razón que su reclamo resulta extemporáneo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado o de sus consecuencias, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo desde la fecha de su conocimiento, esto es desde el veinte de enero de dos mil veintiuno, y no el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, como lo refiere en su escrito de demanda de amparo, al señalar bajo protesta de decir verdad que en esa fecha se entrevistó con el señor José Alfredo Álvarez González, Presidente de Clúster 1, del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, quien le mostró el oficio de doce de enero de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado, puesto que contrario a dicho argumento, también está la manifestación de la quejosa en el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el cinco de abril de dos mil veintiuno, donde pretendía ampliar la demanda de amparo, y del cual desprende que lo hizo también con la manifestación de "bajo protesta de decir verdad", lo que genera que lo dicho por la quejosa constituye la verdad de que lo afirmado sucedió en la forma descrita; así las cosas, aunque la quejosa refiera que tuvo conocimiento en las fechas que alude tanto en el escrito inicial de demanda de amparo como en el escrito de ampliación a la misma, el veintitrés de febrero y el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, lo cierto es, que se enteró desde el veinte de enero de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, hecho que se corrobora con su dicho en el escrito de ampliación por cuanto a la forma en que se enteró del acto, es decir, a través de correo electrónico, y con la constancia relativa al envió del correo que adjunta la autoridad responsable como complemento al informe justificado, con lo cual se le dio vista a la parte quejosa en acuerdo del tres de mayo de dos mil veintiuno, y no hizo manifestación alguna. Documentales que remite la responsable, a las que se les dio valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2° de esta última, por contener la certificación correspondiente de autoridad en ejercicio de sus funciones. Destacando que el correo fue dirigido al presidente de la mesa directiva de clúster 3, en el que refiere la quejosa está su propiedad, y que en correo masivo al "Grupo Maq 50", se hizo del conocimiento a todos los condóminos de dicho clúster 3, el precitado comunicado de doce de enero de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en vía de orientación, la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". En la parte que interesa, en el escrito de ampliación de demanda la parte quejosa señaló: ".el ingeniero Baltasar Francisco Castro Serrato, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil, me envió un oficio correo electrónico de fecha 12 de enero de 2021, en el que me informó el costo de las tarifas mensuales por suministro de agua potable para el año 2021.". En ese orden de ideas, queda de manifiesto que el plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo, se advierte que transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el dos de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito del décimo octavo circuito, por lo que es inconcuso que resulta extemporánea; habida cuenta, que el plazo de quince días transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero de ese año, sin contar, veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de enero, uno de febrero (inhábil por cinco de febrero), cinco de febrero (laborable sin contar términos), seis y siete de febrero de dos mil veintiuno. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentido tácitamente, en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establecen los numerales antes referidos. Por lo tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio remitido por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en representación del Titular de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual refiere rendir su informe justificado, al respecto agréguese a los autos sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que el cinco de abril ya se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el telegrama remitido por el Gerente Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua en representación del Director General de dicha comisión, mediante el cual refiere rendir su informe justificado, al respecto agréguese a los autos sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que el cinco de abril ya se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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