Sara Alcaraz Rubio

Expediente 1727/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1727/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Sara Alcaraz Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el telegrama enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zapotlanejo, Jalisco, por medio del cual, acusa recibo del oficio 30464 de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el que se le notificó la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil diecinueve; al respecto, tan sólo se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, por medio del cual, en atención al proveído de veintiséis de agosto anterior, remite copia certificada del movimiento efectuado el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, por Ana María Martínez Sánchez, con clave de elector MRSNAN63072916M700 y emisión 00, en el que se advierte que la ciudadana en cita realizó un nuevo trámite con domicilio en Puerto Rico número 1579, colonia Lázaro Cárdenas en Puerto Vallarta, Jalisco, bajo el cual obtuvo la credencial para votar con número de emisión 01. Agréguese en autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Con la remisión de dichas documentales queda colmado el requerimiento de autos. Ahora bien, tal como se apuntó en proveído de diecisiete de julio del año en curso (fojas 640 a 641), de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que la ciudadana Ana María Martínez Sánchez que compareció ante el Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco, Juan Diego Ramos Uriarte, a mandato en favor de José de Jesús Barbedillo Giesecke, es diversa a aquella homónima que participó en la compra venta formalizada mediante escritura 37,211 treinta y siete mil doscientos once, pasada ante la fe del Notario Público 60 de Guadalajara, Jalisco, el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis. Pues, como se explicó, mientras en ésta, sus datos se asentaron como "soltera, empleada, con fecha de nacimiento el 26 veintiséis de julio de 1963 mil novecientos sesenta y tres, originaria de esta ciudad, y con domicilio en calle Carlos A. Carrillo número 2670 dos mil seiscientos setenta, colonia Polanco de esta ciudad" (y en la clave de elector que reporta la credencial de elector que obra anexa a dicha escritura, como documento con el que se identificó, se lee que su fecha de nacimiento es veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y tres). En aquella escritura, relativa al poder notarial otorgado, ante la fe del Notario Público número 115 de Guadalajara, Jalisco, Juan Diego Ramos Uriarte, sus datos refieren que manifestó ser "mexicana, mayor de edad, de ocupación empresaria, originaria de Morelia, Michoacán, donde nació el 29 veintinueve de Julio del año 1963 mil novecientos sesenta y tres, y con domicilio en calle Gerónimo Treviño número 3922-A, (.), colonia López Portillo en Guadalajara, Jalisco." Así, ante dichas discrepancias, es evidente que el poder otorgado a José de Jesús Barbedillo Giesecke, fue autorizado por persona diversa a aquélla que compró el inmueble cuya convalidación de inscripción es objeto de reclamo en el presente juicio de amparo. Bajo ese contexto, es de concluir que el mandato otorgado en favor del citado Barbedillo Giesecke, fue autorizado por persona que no tiene injerencia en el presente asunto, y por tanto la representación que de ella se tenía por conducto de éste, en el presente asunto, se encuentra sin sustento; en consecuencia, resulta dable concluir que todo lo actuado en torno a dicha representación, así como todo lo promovido por ella, carece de soporte. De ahí que, cualquier designación o autorización de abogados para consultar el presente expediente, de su parte, resulte ineficaz; por tanto, los autorizados designados por parte del citado apoderado de Ana María Martínez Sánchez, deben correr la misma suerte que éste y, en consecuencia se deja de tener por reconocido tal carácter. En esas condiciones, resulta evidente que la parte tercero interesada: Ana María Martínez Sánchez no ha sido llamada al juicio biinstancial en que se actúa. Bajo el citado contexto, y a fin de respetar la garantía de defensa de la referida tercero interesada, tomando en consideración que se han agotado las instancias legales que conforme a la ley, se tienen al alcance para indagar el domicilio de la citada Martínez Sánchez, tal como se reseñó en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 301 y 302, del primer tomo); por lo tanto, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo y para evitar mayores dilaciones en la integración del presente procedimiento, ha lugar a retomar la determinación de llamar a juicio a la citada tercero interesada, por medio de edictos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena el emplazamiento del tercero referido, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana fin de emplazar a Ana María Martínez Sánchez, al presente juicio de amparo y para evitar mayores dilaciones en la integración del presente procedimiento, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y, 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena el emplazamiento del tercero referido, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, a fin de que -a más tardar- dentro de los treinta días siguientes a su última publicación, se apersone a este procedimiento si a su interés conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito las copias de la demanda de amparo. Asimismo, se requiere a la parte quejosa para que, en el término de veinte días, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, comparezca a este Juzgado Federal, a recoger los edictos para su publicación en los periódicos de que se trata, quien además, en igual plazo, contado a partir del día siguiente al en que los reciba, deberá acreditar haber efectuado la entrega de los correspondientes edictos, así como el pago de las publicaciones, allegando las constancias relativas al presente procedimiento; bajo apercibimiento que, de no cumplir con ello, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente Auxiliar y la Secretaria de la Décima Séptima Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; lo cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco para que dentro del término de tres días a partir de que transcurran los términos a que refieren los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, acredite a este Juzgado que fue dictado el proyecto de laudo y que éste fue elevado a categoría de definitivo. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes por auto de ocho de agosto del presente año, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración sólo las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la citada autoridad. Efectos del fallo protector. En la especie, de autos se advierte que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos de que el Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y el Secretario Ejecutor adscrito al referido juzgado, realizara lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el emplazamiento a juicio de Margarita Valenzuela Gallegos y, por ende, los actos posteriores a éste, por lo que deberá ordenar reponer el procedimiento desde dicha actuación para conducirlo hasta su conclusión de acuerdo con las leyes que lo rigen. 2. Hacer extensiva la concesión del amparo a todos los actos de ejecución que como consecuencia se reclaman, toda vez que su ilegalidad se hace depender del acto reclamado por el que se concedió el amparo y no por vicios propios. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: 1. En auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dejó insubsistentes todas las actuaciones practicadas en el juicio mercantil ejecutivo 2274/2016, a partir del acta de requerimiento, embargo y emplazamiento de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, y dejó nulo todo lo actuado, por lo que ordenó reponer el procedimiento y levantar el embargo trabado en el bien inmueble que ahí señala De la anterior relación se aprecia que la autoridad responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo, de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector. En tal virtud, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento.

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