Sara Aguilar Ocampo
Expediente 1169/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sara Aguilar Ocampo
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese por conducto del correo electrónico caocampo8@gmail.com a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito recibido vía correo electrónico institucional, signado por Sara Aguilar Ocampo parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar los requerimientos formulados mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el escrito que se atiende, se advierte nuevos motivos de prevención, en tales condiciones, el suscrito se encuentra en posibilidad de volver a requerir a los impetrantes de garantías, a fin de mejor proveer sobre la petición de los quejosos. Resulta aplicable por analogía, la tesis número XXVII.3 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 1121, del tomo XVII, Abril de 2003, de la Novena Época, la cual es del rubro siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO." En esas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 fracciones III y V y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: En atención a la prevención formulada en el inciso a) del proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, la promovente refiere lo siguiente: De la digitalización anterior se advierte que la promovente es omisa en señalar de manera específica cuál es la autoridad a la que le atribuye la omisión reclamada en el presente asunto, pues aduce que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de manera general el que le debe de proporcionar la atención médica que requiere al ser afiliada por ser trabajadora al servicio del Estado, por lo que se le debe de atender en cualquiera de sus unidades médicas. Al respecto, el artículo 5, fracción II y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" a) En ese tenor, se requiere a la parte promovente para que precise de manera clara cuál o cuáles son las autoridades de ese instituto a quienes atribuye el acto que por esta vía reclama, indicando el cargo y adscripción que ocupan, en el entendido de que deberá exhibir una copia más de su demanda por cada nueva autoridad que al efecto señale, dado que ese instituto se conforma por un titular; además, cuenta con diversas unidades administrativas, incluso, tiene diferentes hospitales y unidades de atención médica que están integradas por diversos servidores públicos con cargos y funciones propias, y específicas, de manera que deben ser señalados en forma precisa con el fin de que se establezca la litis con claridad. Lo anterior porque de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, es obligación de la quejosa señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a las que atribuye los actos reclamados, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae el artículo 79 de la misma ley, no tiene el alcance de averiguar cuáles son las responsables a las que se quiso demandar. Sin que pase desapercibido que la promovente aduzca que el señalar una autoridad en específico restringiría su derecho constitucional de salud, y que el referido Instituto deba ser emplazado por conducto de su representante legal; sin embargo, como se precisó, es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número XX.57 K, que es del rubro siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. (Registro 202856, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). b) Por otra parte, en relación con el inciso b) del proveído de veintidós de diciembre pasado, la promovente únicamente manifiesta lo siguiente: De la digitalización anterior, se aprecia que ha promovido dos juicios de amparo ante los Juzgados Cuarto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México precisando únicamente las autoridades responsables, y no así los actos reclamados. En consecuencia, a manera de antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, se requiere a la parte promovente para que precise cuáles son los actos que reclamó en los juicios de amparo 1129/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y 1239/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior, a fin de que este Juzgado se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad el acto reclamado y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal. Con el apercibimiento de que incurren en el DELITO que establece que el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la tesis I.7o.A.100 K, del rubro siguiente: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. (No. Registro: 175,345, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Abril de 2006, Tesis: I.7o.A.100 K, Página: 990). c) Deberá de exhibir original y dos copias de su escrito aclaratorio de demanda, para ser distribuidos de la siguiente manera: una para correr traslado a la autoridad responsable, y una para más el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a éste Juzgado Federal, en el entendido que deberá exhibir una copia más por cada nueva autoridad que señale. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual establece literalmente lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones en los términos descritos con anterioridad, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente del amparo, y no así por las personas que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79). Por otra parte, a fin de contar con los elementos necesarios para mejor proveer, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y considerando que es necesario allegarse de todas las constancias que se estimen necesarias para mejor proveer en el presente asunto, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que de no tener impedimento legal alguno, se sirvan habilitar con éste Juzgado de Distrito la consulta del expediente electrónico de los juicio de amparo 1239/2020 y 1129/2020 de sus índices respectivamente, promovidos por Sara Aguilar Ocampo pues son necesarias para conocer del presente asunto, seguros de reciprocidad en casos análogos. Se cita por analogía la tesis I.13.A.18.K que dice: REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO.. (No. Registro: 185066, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Página: 1858). Finalmente, en relación con las manifestaciones que realiza la parte promovente, en el sentido que se provea la suspensión solicitada, deberá de estarse a lo acordado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en que se concedió de plano la suspensión solicitada. Notifíquese por correo a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3157/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintidós de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, vista la demanda de cuenta recibida en forma física en esta fecha, promovida por Sara Aguilar Ocampo, por derecho propio; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1169/2020 y se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, de estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracciones III y V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: a) En el capítulo de autoridades responsables, señala como tal al "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su representante legal", lo que implica que realiza de manera genérica su señalamiento; sin embargo, debe precisarse que ese instituto se conforma por un titular; además, cuenta con diversas unidades administrativas, incluso, tiene diferentes hospitales y unidades de atención médica que están integradas por diversos servidores públicos con cargos y funciones propias, y específicas, de manera que deben ser señalados en forma precisa con el fin de que se establezca con claridad; además, el acto que se le reclama, por lo que deberá precisar de manera clara, cuál o cuáles son las autoridades de ese instituto a quienes atribuye el acto que por esta vía reclama, indicando el cargo y adscripción que ocupan, en el entendido de que deberá exhibir una copia más de su demanda por cada nueva autoridad que al efecto señale. Por otra parte, del contenido de la demanda se desprende que la quejosa señala que el "Hospital 20 de noviembre del ISSSTE", es a quien le corresponde proporcionar la atención médica cuya omisión reclama; sin embargo, en el capítulo respectivo no señaló a ese hospital como autoridad responsable; por lo que deberá manifestar si quiere señalarlo como tal y atribuirle la omisión que combate, en el entendido que también deberá precisar cuál o cuáles son los funcionarios de dicho hospital a quienes atribuye el acto que por esta vía reclama, indicando el cargo y adscripción que ocupan, por lo que deberá exhibir una copia más de su demanda por cada nueva autoridad que al efecto señale. Lo anterior, toda vez de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, es obligación de la quejosa señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a las que atribuye los actos reclamados, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae el artículo 79 de la misma ley, no tiene el alcance de averiguar cuáles son las responsables a las que se quiso demandar. b) Por otra parte, del contenido de la demanda se desprende que la quejosa, refiere la existencia de un juicio de amparo 1129/2020, radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por lo que con el fin de que este juzgado se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad el acto reclamado y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquéllos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal, deberá abundar en los antecedentes de los actos reclamados, en específico, deberá indicar cuáles son las autoridades que señaló como responsables en ese juicio y los actos que reclamó, así como el estado procesal que guarda el mismo y, si se proveyó respecto de la suspensión y, en su caso, los efectos para los que se otorgó; además, deberá precisar si los actos reclamados en ese juicio tienen relación con los que ahora reclama. Lo anterior, con la advertencia de que en caso de que este juzgado encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con mala intención o con el único propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de justicia, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. c) Deberá exhibir original y copias de su escrito aclaratorio una para correr traslado a la autoridad responsable, una para el Fiscal Titular Ejecutivo adscrito, más una por cada nueva autoridad que señale. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.(Registro: 189977, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, página: 79) Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente de amparo, no así por las personas que autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA."(No. de registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común) Así como la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."(Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210) Con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones formuladas en los términos descritos, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como ISSSTE, la omisión de aplicarme yodo para quemar las células cancerígenas que quedaron de la operación de Cáncer Papilar de Tiroides que me fue practicada en dicho Hospital, el día 23 de enero de 2020, en la cual me practicaron una Tiroidectomìa total y disección radical modificada de cuello izquierdo, y posteriormente a dicha operación me debían aplicar yodo para quemar las células cancerígenas que habían quedado después de la operación, ello en haras de eliminar totalmente la enfermedad y de que me recuperara al 100 %; sin embargo, a la fecha no me han dado fecha, ni me han aplicado el yodo, situación que pone en grave riesgo y peligro mi vida, pues es necesario que me apliquen de inmediato dicho tratamiento, y al no hacerlo, se está lesionando lesiona (sic) mi derecho a la salud." Por tanto, la omisión reclamada tiene un impacto en su derecho a la salud y, en consecuencia, está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que debe analizarse la procedencia o no de la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es preciso destacar que la suspensión solicitada se basa en el derecho a la protección a la salud, establecido en el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Federal, que señala: "Artículo 4. .Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De lo anterior se aprecia, que el acceso a los servicios de Salud, constituye un derecho público subjetivo garantizado por la Constitución Federal en su numeral 4 como derecho fundamental. Dicha prerrogativa se compone de la atención médica que comprende todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; dichos alcances fueron interpretados jurisprudencialmente, de acuerdo al criterio siguiente: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Así como también es ilustrativa, la tesis aislada 1a. LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar? que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Así como la tesis aislada I.7o.A.316 A, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." (No. Registro: 180,445, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.7o.A.316 A, Página: 1880). Asimismo, el Estado Mexicano ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que desarrollan esos estándares, en términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Muestra de ello, es el texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual México es parte, concordante con el ordinal 4 de la Constitución Federal, el cual establece: "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo XI, lo siguiente: "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Finalmente, los artículos 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", disponen: "Artículo 9 Derecho a la seguridad social 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." En conclusión, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales referidos, contemplan el pleno ejercicio del derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las persona sujetas a su jurisdicción." En el mismo sentido, cabe mencionar que el derecho a la protección de la salud pertenece a los llamados derechos humanos de segunda generación de carácter social, también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, es decir, concerniente a la protección de las personas, sectores y grupos de la sociedad en condiciones económicas inequitativas con el resto de la colectividad, que pretende alcanzar la convivencia social a través del cumplimiento del ordenamiento jurídico. En otras palabras, el derecho fundamental comentado se sustenta en una estructura de naturaleza asistencial y de seguridad social, el cual es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, que se encuentran reconocidos en los pactos internacionales de forma no limitativa sino enunciativa ya que no se puede circunscribir al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sin número de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir inter país como a nivel internacional. Pues bien, una vez definida la naturaleza y alcances del derecho fundamental a la salud, resulta pertinente recordar que la suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo -en el caso concreto, hasta que se resuelva el juicio de amparo-, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la actuación de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios. El objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese sentido, resulta conveniente imponerse del contenido del artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a la letra establece: Artículo 27. El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. De lo transcrito se desprende que el citado Instituto deberá garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes y se prevé las diversas formas en que podrá prestar sus servicios. Al respecto, se debe tomar como base las manifestaciones que realiza, bajo protesta de decir la verdad, que es derecho habiente del citado Instituto, y que a la fecha, la autoridad responsable ha sido omisa en proporcionarle el medicamento para el tratamiento que refiere, manifestaciones que evidencian la existencia de los actos que se les atribuyen. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que establece: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Época: Octava Época, Registro: 206395, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 68, Agosto de 1993, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 5/93, Página: 12. En tales condiciones, resulta evidente que el Instituto asegurador tiene la obligación legal de realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar plenamente el derecho a la salud de la aquí quejosa. Por tanto, este juzgador concluye que la omisión de la autoridad señalada como responsable de proporcionar el medicamento para quemar las células cancerígenas que refiere la promovente necesario para la preservar la salud de la quejosa, le podría causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida de la quejosa, se concede la suspensión de plano para el efecto de que, la autoridad responsable, previa valoración de su médico tratante, y bajo la más estricta responsabilidad de éste, proporcione a la quejosa Sara Aguilar Ocampo el tratamiento relacionado con la aplicación de yodo para quemar las células cancerígenas que le quedaron derivadas de la operación de cáncer papilar que le fue practicada; se insiste, siempre y cuando exista una prescripción del médico responsable, en el entendido que su médico tratante puede determinar con certeza cómo aplicar dicho tratamiento, por ser quien cuenta con los conocimientos necesarios para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la tesis de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL DE MINISTRAR UN MEDICAMENTO, POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE INSUMOS. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS TEMPORALES Y ORDENAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE FACILITE AL QUEJOSO EL MEDICAMENTO, SI ACREDITA QUE SU MÉDICO SE LO RECETÓ. Conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, de ser jurídica y materialmente posible, el órgano jurisdiccional podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que dice violado; para lo cual, debe tomarse en cuenta la apariencia del buen derecho, a que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la propia ley, en el que se encuentra imbíbita la noción del peligro en la demora. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, es una prerrogativa que el Estado está obligado a proteger y garantizar, lo que implica, entre otras, el acceso a los servicios de salud, que comprenden: la atención médica y la disponibilidad de medicamentos y otros insumos, para cuyo efecto habrá un cuadro básico que elabora el Sector Salud. Ahora, el catálogo no debe concebirse como un impedimento o restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio; de ahí que las instituciones de salud, válidamente, puedan ministrar medicamentos novedosos que, por lógica, no estén incluidos en ese inventario elemental y que sean necesarios para el tratamiento del paciente, siempre y cuando exista prescripción médica de por medio. En esta tesitura, si una persona reclama la omisión de un organismo de seguridad social de ministrarle un medicamento, por no estar incluido en el catálogo institucional de insumos y exhibe un documento que acredita que su médico se lo recetó, entonces, es probable que tenga derecho a que se le proporcione, como parte de su tratamiento. Por tanto, atento al peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios temporales y ordenar a la autoridad responsable que facilite al quejoso el medicamento. (No. Registro: 2018267, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, Tesis XVII. 1o.C.T.43 K (10a), Página: 2519). Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".1. Importa destacar que no sólo la autoridad responsable está obligada a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 1 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo 1, página 431. 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificada de esta determinación, informe a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 6jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que en caso de ser omisa en desahogar el requerimiento que se les formula, se estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a la autoridad responsable la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Alonso Torres Martínez, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del artículo 12, es decir, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para los efectos que menciona a la persona que indica, así como a Luis Alberto Melgar Orduña, limitación que se le establece hasta en tanto registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. No obstante lo anterior y atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, que deben ser de carácter personal conforme a la Ley de Amparo, deberán realizar a través del correo electrónico proporcionado por la parte quejosa; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la comprensión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. En el supuesto de que se presente alguna imposibilidad para practicar las notificaciones personales de este asunto (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), o no proporcione correo electrónico particular, se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique, por medio de la lista electrónica a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3º.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (Registro 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a las autoridades responsables, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen, o bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese; vía correo electrónico caocampo8@gmail.com a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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