Santos Verdines Mascorro

Expediente 119/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
119/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Santos Verdines Mascorro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTO el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el oficio 1427/2022 firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de ejecución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en atención al escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 267/2005. Tal acuerdo se notificó al quejoso Santos Verdines Mascorro el seis de abril de dos mil veintidós, sin que hubiese desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ".Pronunciarse de inmediato sobre el escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral número 267/2005, a través del cual, solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y/o embargo.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable se desprende que dictó auto el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente 267/2005, en el cual se pronunció sobre el escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el apoderado legal de la actora, a través del que solicitó el dictado del auto de requerimiento de pago y/o embargo; por tanto, en cumplimiento a la resolución incidental de liquidación de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la responsable ordenó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, por la cantidad de $543,771.20 (quinientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y un pesos 20/100 moneda nacional). Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que se pronunció sobre el escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio 1427/2022 firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de ejecución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en atención al escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dese vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE; personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Pronunciarse de inmediato sobre el escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral número 267/2005, a través del cual, solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y/o embargo. Lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. En el entendido que los efectos de la concesión de amparo no implica que la autoridad responsable acuerde favorablemente la solicitud de la parte quejosa, sino únicamente que de contestación coherente, fundada y motivada en la ley correspondiente." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Rosa Guadalupe Carrizales Ávila, representante legal de la parte quejosa Santos Verdines Mascorro, a través del cual, en cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, bajo protesta de decir verdad manifiesta que solicitó a la autoridad responsable le expidiera la certificación de su personalidad como representante legal de la parte actora en el juicio laboral 267/2005, sin que haya sido posible su obtención; para tal efecto exhibe copia del escrito de once de enero de dos mil veintidós, en el que consta el sello de recibido correspondiente. Ahora bien, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento efectuado dentro del juicio de amparo número 119/2022. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 35, 37, 115, 116, y 117 de la Ley de amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Santos Verdines Mascorro, por conducto quien se ostenta como su representante legal licenciada Rosa Guadalupe Carrizales Ávila, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días legalmente computados, en el que además, deberá expresar si la promovente Rosa Guadalupe Carrizales Ávila tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora mencionada dentro del expediente laboral 267/2005, y requiérasele para que, dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en el entendido de que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la actual ley de la materia, la jurisprudencia del rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." (Novena Época, Registro: 167096, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 79/2009, Página: 297.) De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia. Así, se pone a disposición de la autoridad responsable, el correo electrónico institucional 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentre en aptitud de rendir su informe justificado y remitir cualquier información que se les solicite; en la inteligencia de que por este medio -correo electrónico-, se entablará comunicación con las autoridades responsables, hasta en tanto se normalicen las actividades de este órgano jurisdiccional, lo anterior de conformidad con los artículo 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de la materia. De manera que, la autoridad responsable deberá comunicar el correo electrónico oficial que designe para oír y recibir notificaciones, lo anterior en términos del artículo 2°, fracción XIX del citado Acuerdo General 13/2020. Ello, atento al ACUERDO GENERAL 13/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las ONCE HORAS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que, de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. ''Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.'' ''Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.''. Con fundamento en el artículo 5º. fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene con el carácter de tercero interesado a Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y se posterga su emplazamiento, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que se pidió a la autoridad responsable. No se tramita incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo solicita expresamente en su demanda de amparo, como lo dispone el artículo 128, y el acto reclamado no está en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, todos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental anexada al escrito de cuenta y al escrito inicial de demanda, la cual se admite y desahoga en el acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Por otro lado, toda vez que por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós se reservó a proveer sobre la solicitud de acceso al expediente electrónico, proporcionando para tal efecto nombre de usuario: "Magoar8810" y correo electrónico marcela_arjona@hotmail.com, hasta en tanto se acreditara la personalidad con la que comparece a la presente instancia la promovente, y toda vez que en esta propia fecha se le reconoce el carácter a la licenciada Rosa Guadalupe Carrizales Ávila de representante legal de la parte actora dentro del sumario de origen. En tal virtud, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a quien se ostenta como apoderada legal de la parte quejosa, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario Magoar8810 y correo electrónico marcela_arjona@hotmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y vía correo electrónico al Fiscal Federal adscrito a este juzgado y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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