Santos Suárez Landeros

Expediente 763/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
763/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Santos Suárez Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que de la consulta realizada en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para continuar conociendo del juicio de amparo ******************** del cual deriva este cuaderno de antecedentes, quedando registrado con el progresivo ********************. Lo anterior, constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque el citado sistema es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo capturar la información de los expedientes de su conocimiento; por tanto, pueden invocarse las dichas determinaciones, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa determinación que constituye un hecho notorio Sustenta la afirmación anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, visible a página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2017123 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por consiguiente, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, debido a que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en razón que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, debido a que en determinación emitida el pasado uno de marzo se reservó proveer en relación al oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta en tanto se informara si se aceptaba o no la competencia declinada en este asunto [lo que ha acontecido, como se desprende de párrafos anteriores] por tanto, este juzgador provee: Remítase el oficio de mérito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, para los efectos legales consiguientes en el juicio de amparo ******************** de su estadística. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual, el encargado del Centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo -en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diez de febrero del año en curso- informa que el aquí quejoso Santos Suárez Landeros se encuentra interno desde el once de febrero del actual en el referido centro penitenciario, anexando copia de las constancias que acreditan dicha circunstancia. En ese contexto, se advierte que este juzgador considera que existe un obstáculo insalvable -de carácter legal- que impide al suscrito continuar conociendo de este juicio de amparo. Ese obstáculo es la falta de competencia por territorio. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". [Énfasis propio] Lo anterior tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. El artículo 37 de la Ley de Amparo, concretiza estas reglas constitucionales de competencia, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Énfasis propio] Del precepto transcrito, derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es ilustrativa la tesis siguiente: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA.-El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto". El presente caso se ubica en la primera de las hipótesis señaladas con antelación, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de una demanda de amparo promovida contra la omisión por parte del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca" y otras autoridades de proporcionarle atención médica, sin embargo, actualmente el quejoso Santos Suárez Landeros se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, Quintana Roo, lugar donde este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para continuar conociendo del juicio de amparo en que se actúa, debido a que la ejecución del acto reclamado tendría verificativo en Chetumal, Quintana Roo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, del tenor siguiente: OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. De igual forma, es aplicable el siguiente criterio: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta. Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. De ahí que es evidente, para este juzgador, que el juez de distrito competente para seguir conociendo de este juicio es el juez de Distrito en el Estado de Quinta Roo, con residencia en Chetumal, por ser quien ejerce jurisdicción en la población de Chetumal, como lo dispone el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, en turno. Remítase al mencionado juez de distrito -por conducto del jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal- las constancias del presente juicio de amparo para que informe si acepta la competencia declinada por razón de territorio. Fórmese un cuaderno de antecedentes para dejar constancia; y se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta, en relación a su contenido, este juzgador provee: Se tiene al juez de Distrito comisionado temporalmente al Centro de Justicia Penal Federal, para fungir como juez de Ejecución, transcribiendo el acuerdo emitido el diez de febrero del actual en la controversia judicial 936/2020 de su estadística, del que se advierte que ordenó remitir el citado cuadernillo al archivo definitivo, debido a que el encargado del despacho del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca" le informó que el aquí quejoso ** o ** egresó de esa unidad administrativa para ser trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo. Por tanto, este órgano jurisdiccional no hace mayor pronunciamiento al respecto, debido a que en determinación que antecede, se proveyó en relación al traslado del impetrante de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes; en relación a su contenido, se provee: Se tiene al encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca" remitiendo copia del formato de suministro de los medicamentos prescritos al quejoso ******************** en la nota médica de cuatro de diciembre de dos mil veinte, del cual se advierte el inicio y la conclusión de aquéllos, ello en acato a la suspensión de plano concedida en este asunto. Ahora bien, el ente penitenciario ocursante informa a este órgano jurisdiccional que el impetrante de amparo egresó el pasado cinco de febrero de ese Centro Federal, para ser trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, en cumplimiento al oficio ******************** de diez de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, a efecto de tener certeza jurídica que el quejoso ******************** se encuentra actualmente interno en el lugar indicado en párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, para que -dentro del plazo de tres días- informe si el citado promovente de la acción constitucional se encuentra a su cargo y de ser así, remita copia certificada con la que acredite dicha circunstancia. Apercíbase que de no cumplir con lo solicitado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento de incurrir con la conducta sancionada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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