Santos Romero Peralta

Expediente 447/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Santos Romero Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos el escrito presentado por el tercero interesado Gilberto González Campillo; atento a su contenido, devuélvase el documento que indica en su ocurso, lo anterior previa copia certificada se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón de recibo para constancia. En el entendido que para tal efecto, deberá agendar la cita correspondiente, en el sistema que para tal efecto habilitó el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Por otra parte, en relación con su petición de que este juzgado de Distrito, declare firme el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales; dígasele, que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciocho de febrero pasado, mediante el cual causó estado el acuerdo de referencia, como se advierte de la certificación secretarial que antecede. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra del auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales debe rá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.Notifiquese

  3. Principal

    Notifíquese personalmente;

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso dejado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte quejosa, y se le notifica el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; agréguense a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el tercero interesado Gilberto González Campillo, mediante el cual anexa copia certificada del acta de defunción número **, de ***, a nombre de **, expedida por el oficial del Registro Civil del Municipio de Ensenada, Baja California. Documental que adquiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2, de la Ley de Amparo, y resulta apta para demostrar de manera manifiesta e indudable, que el impetrante del amparo falleció el veinte de noviembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción III, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: [.] Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.] (Énfasis añadido) En consecuencia, toda vez que ha quedado acreditado el fallecimiento del quejoso Santos Peralta Romero, y en virtud de que los actos reclamados consisten en:  La orden de aprehensión dictada en su contra, con motivo de habérsele declarado sustraído de la acción de la justicia, al no comparecer por las razones que menciona en su demanda, a la audiencia inicial de imputación celebrada a través de la plataforma digital llamada ZOOM;  Así como la determinación adoptada mediante auto de siete de noviembre del año en curso, en la que se desechó de plano la nulidad de actos procesales relativo a la audiencia inicial de imputación de seis de noviembre de dos mil veinte, en la que se hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso, decretándose la sustracción del imputado y la suspensión del procedimiento. Por tanto, resulta incuestionable que se actualiza la causa de sobreseimiento contenida en la fracción III, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados sólo afectaban al directo agraviado, por tanto, no existe sujeto jurídico a favor del cual pudiera dictarse sentencia a fin de reponerlo en el goce de su derecho fundamental; no pasa desapercibido que los actos reclamados derivan de un procedimiento del orden penal originado por hechos probablemente constitutivos del delito de despojo, en el cual el aquí impetrante figura como imputado y el tercero interesado como ofendido, sin embargo, los actos reclamados que aquí nos ocupan no trastocan derechos patrimoniales del impetrante que pudieran subsistir con posterioridad a su fallecimiento como pudiera ser una condena a la reparación del daño, pues únicamente se reclamó una orden privativa de libertad y un proveído que desechó de plano una nulidad de actos procesales planteada, relativo a la audiencia inicial de imputación de seis de noviembre de dos mil veinte, en la que se hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso, y se decretó la sustracción del imputado, así como la suspensión del procedimiento, los cuales únicamente afectan su derecho a la libertad personal así como derechos de carácter procesal en el procedimiento criminal del que derivan los actos aquí reclamados. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en el 63, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Tomo XVI, visible en la página 1325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio." De igual forma, interpretada en sentido contrario, tiene aplicación la tesis de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 245665, localizable en la página 140, volumen 163-168, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR FALLECIMIENTO DEL AGRAVIADO EN MATERIA PENAL. Si el quejoso falleció durante la tramitación del amparo directo que promovió contra sentencia en materia penal que lo condenó a cierta pena de prisión y al pago de una sanción pecuniaria y de la reparación del daño, sobrevino una causal de improcedencia que ameritó el sobreseimiento del juicio de garantías, pero no conforme a lo ordenado por la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, porque la garantía reclamada no solamente afectó a su persona, sino también derechos patrimoniales del agraviado que después de su muerte trascendieron a su sucesión, al imponérseles además de la prisión la sanción pecuniaria y la reparación del daño que no quedó legalmente extinguida de acuerdo con lo establecido por el artículo 91 del Código Penal, pues el resto quedó sin materia. Resulta claro al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso y su sucesión debió continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional en contra de la parte del acto reclamado que permanece viva y no se ha extinguido por la muerte del agraviado, o sea la obligación de reparar el daño. Esta previsión no opera, sin embargo, si nunca compareció la sucesión del quejoso para legitimarse como nueva parte quejosa a continuar el juicio, y si, inclusive, los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio tuvieron resultados negativos. Si por su parte, además, el tercer perjudicado no reclamó en el juicio acto alguno, y no se aportó por ello ningún elemento sobre el particular, ni volvió a promover en el mismo, no es el caso de prorrogar la representación del quejoso y, en esa virtud, resulta que en el juicio de garantías a partir de la muerte del agraviado, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y por lo tanto no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En conclusión, el juicio de garantías al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar hace sobrevenir la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y que resulta de la interpretación y aplicación de los artículos 107 constitucional, 4o. y 15 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer el juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento. También cobra aplicación, la tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1793, del Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo. " Por lo tanto, queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo.

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