Santos Rojas Gatica

Expediente 1303/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1303/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • COMISARIO MUNICIPAL DE BUENA VISTA DE LOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOAQUÍN DE HERRERA DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, GUERRERO (EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO COMISARIO EN EL AÑO 2021) EFRATOLlO GUEVARA GARCÍA.
  • Santos Rojas Gatica y Otros.
  • Santos Rojas Gatica

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, del que se aprecia que se encuentra debidamente integrado, por tanto, dese cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, en relación al recurso de queja, interpuesto por ********************, en contra del auto de veintidós de septiembre de dos mi veintidós. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, copia certificada de las constancias respectivas, así como el escrito original de agravios de la interposición del recurso de queja.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado, conjuntamente, por Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica, mediante el cual, desahogan la prevención realizada mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en los términos propuestos. En ese contexto, y vista la certificación de cuenta, téngase desahogado en tiempo y forma el requerimiento efectuado en proveído ya precisado, y por ajustado el presente escrito inicial de demanda al artículo 108 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO En principio, conviene señalar que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por los quejosos Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica, contra actos del Comisario Municipal de Buena Vista de Los Aires, perteneciente al Municipio de Joaquín de Herrera de la localidad de Tlachimaltepec, y otras autoridades. Previo a proveer lo conducente, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional, con fundamente en lo previsto en el artículos 114, fracción IV en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, formuló prevención para que dentro del plazo de cinco días hábiles, realizaran las siguientes precisiones: Precise la forma concreta el acto reclamado. Precise el estado actual que guarda la carpeta judicial C-259/2021 Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término otorgado, se tendría por no presentada su demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los quejosos, comparecieron a desahogar las prevenciones que les fueron formuladas, en tiempo y forma, precisando lo siguiente: "[.] 1.- se precisa el concreto el acto reclamado y se hace consistir en el auto de vinculación a proceso, dictado, por el H. Juez de Control, que lo cito en su apartado especial y que se fundó en pruebas ilícitas, con violaciones inconstitucionales y de violaciones a nuestros derechos humanos, fundada en una supuesta orden de aprensión, ya que fuimos detenidos y violentados, encarcelados privados de nuestra libertad, simulando actuaciones la representación social y el juez de control, que libró, la orden, para hacer legal el control, de nuestra detención. [.]" Ahora bien, en el capítulo de antecedentes, del escrito inicial de demanda, en su punto identificado como "2" refieren los quejosos, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] había una orden de aprehensión librada en nuestra contra desde el día 1 de Septiembre del año 2021, y nos leyeron hechos que no fueron ciertos con datos de pruebas ilícitas y manipuladas por el Ministerio Público en complicidad con el comandante de la comisaria Municipal, y el Comisario Municipal de Buena Vista de los Aires, así como el comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Chilpancingo, nuestra defensora nos dijo que nos quedáramos callados y no dijéramos nada a través de nuestro interprete, y en esta misma audiencia el Juez de Control, nos hizo saber que podíamos ampliar el término para ofrecer pruebas de 44 horas y nos impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por el tiempo que durara el proceso, y posteriormente se fijó fecha para la continuación de la audiencia inicial hasta el 7 de septiembre del 2021, y llegada esta fecha, se nos vinculó a proceso, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio y se le ordenó girar oficio al director del centro de reinserción social y al Juez de Ejecución para los efectos Legales, y la fiscal solicito plazo de tres meses para la investigación complementaria [.]" De la anterior transcripción, del análisis integral de la demanda y del escrito de cuenta -mediante el cual se precisó el acto reclamado-, se advierte que los quejosos Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica se duelen del auto de vinculación a proceso que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, Lic. Efrén Palacios Barbosa, emitió el siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) -del cual tuvieron conocimiento pleno en esa misma data-, dentro de la carpeta judicial C-259/2021; y a su vez refieren que dicho acto reclamado, se emitió bajo las premisas de hechos que no fueron ciertos, con datos de prueba ilícitas y manipuladas por la Representación social, en complicidad con el Comandante de la Comisaria Municipal y el Comisario Municipal de Buena Vista de los Aires, así como al comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Chilpancingo. DESECHAMIENTO En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a procesos de siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, Lic. Efrén Palacios Barbosa, dentro de la carpeta judicial C-259/2021, y demás actos atribuidos a otras autoridades que se relacionan con el que se hoy se reclama; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Penal de este circuito, consultable en el tomo XXXI, Enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, es decir mediante sentencia definitiva emitida en juicio, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en el auto de vinculación a proceso; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente hábil a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de hechos, que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, pues expresamente manifiestan los quejosos que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, les dictó auto de vinculación a proceso -acto reclamado-, manifestación que constituye una confesión expresa, con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, tiene eficacia para demostrar que los promoventes conocieron de los actos reclamados y su ejecución, en la fecha indicada. Tan es así que, los propios quejosos hacen referencia en conocer el plazo otorgado a la Representación Social, por el Juez de Control responsable, el cual fue de tres meses para el cierre de investigación, complementaria, y a su dicho, el agente del Ministerio Público, solicitó la certificación del plazo de cierre de la investigación complementaria, el cual fue computado del siete de septiembre al siete de diciembre, ambas fecha del año dos mil veintiuno. Entonces, si los promoventes tuvieron conocimiento del acto reclamado y su ejecución, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió del diecisiete de septiembre al siete de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior fue así, sin contar sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días 14, 15 y 16 del mes de septiembre; de igual forma, no corrieron plazos ni términos procesales del 8 de septiembre de 2021 hasta las 8:30 horas del 13 del mes y año en curso; circunstancia determinada en sesión ordinaria de 8 de septiembre de 2021, en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo y Acapulco, así como para el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito y la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio; con motivo de las afectaciones derivadas del sismo de 7 de septiembre de 2021, y sus réplicas", determinación que fue comunicada por medio de la Circular SECNO/28/2021. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitida al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a Oficialía de Partes Común de este órgano jurisdiccional, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en la Décima Época, Registro: 2004640, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.5 K (10a.), Página: 1731; de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Novena Época, Registro: 180663, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631; que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando los peticionarios de amparo tienen el derecho a un recurso efectivo, ello no los exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2005717; de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del licenciado Felipe Ramírez Hernández, Secretario que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Ello, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, ampliado en su vigencia por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe. Doy fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado, conjuntamente, por Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica, mediante el cual, desahogan la prevención realizada mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en los términos propuestos. En ese contexto, y vista la certificación de cuenta, téngase desahogado en tiempo y forma el requerimiento efectuado en proveído ya precisado, y por ajustado el presente escrito inicial de demanda al artículo 108 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO En principio, conviene señalar que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por los quejosos Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica, contra actos del Comisario Municipal de Buena Vista de Los Aires, perteneciente al Municipio de Joaquín de Herrera de la localidad de Tlachimaltepec, y otras autoridades. Previo a proveer lo conducente, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional, con fundamente en lo previsto en el artículos 114, fracción IV en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, formuló prevención para que dentro del plazo de cinco días hábiles, realizaran las siguientes precisiones: Precise la forma concreta el acto reclamado. Precise el estado actual que guarda la carpeta judicial C-259/2021 Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término otorgado, se tendría por no presentada su demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que los quejosos, comparecieron a desahogar las prevenciones que les fueron formuladas, en tiempo y forma, precisando lo siguiente: "[.] 1.- se precisa el concreto el acto reclamado y se hace consistir en el auto de vinculación a proceso, dictado, por el H. Juez de Control, que lo cito en su apartado especial y que se fundó en pruebas ilícitas, con violaciones inconstitucionales y de violaciones a nuestros derechos humanos, fundada en una supuesta orden de aprensión, ya que fuimos detenidos y violentados, encarcelados privados de nuestra libertad, simulando actuaciones la representación social y el juez de control, que libró, la orden, para hacer legal el control, de nuestra detención. [.]" Ahora bien, en el capítulo de antecedentes, del escrito inicial de demanda, en su punto identificado como "2" refieren los quejosos, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] había una orden de aprehensión librada en nuestra contra desde el día 1 de Septiembre del año 2021, y nos leyeron hechos que no fueron ciertos con datos de pruebas ilícitas y manipuladas por el Ministerio Público en complicidad con el comandante de la comisaria Municipal, y el Comisario Municipal de Buena Vista de los Aires, así como el comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Chilpancingo, nuestra defensora nos dijo que nos quedáramos callados y no dijéramos nada a través de nuestro interprete, y en esta misma audiencia el Juez de Control, nos hizo saber que podíamos ampliar el término para ofrecer pruebas de 44 horas y nos impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por el tiempo que durara el proceso, y posteriormente se fijó fecha para la continuación de la audiencia inicial hasta el 7 de septiembre del 2021, y llegada esta fecha, se nos vinculó a proceso, quedando subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio y se le ordenó girar oficio al director del centro de reinserción social y al Juez de Ejecución para los efectos Legales, y la fiscal solicito plazo de tres meses para la investigación complementaria [.]" De la anterior transcripción, del análisis integral de la demanda y del escrito de cuenta -mediante el cual se precisó el acto reclamado-, se advierte que los quejosos Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica se duelen del auto de vinculación a proceso que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, Lic. Efrén Palacios Barbosa, emitió el siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) -del cual tuvieron conocimiento pleno en esa misma data-, dentro de la carpeta judicial C-259/2021; y a su vez refieren que dicho acto reclamado, se emitió bajo las premisas de hechos que no fueron ciertos, con datos de prueba ilícitas y manipuladas por la Representación social, en complicidad con el Comandante de la Comisaria Municipal y el Comisario Municipal de Buena Vista de los Aires, así como al comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Chilpancingo. DESECHAMIENTO En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a procesos de siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, Lic. Efrén Palacios Barbosa, dentro de la carpeta judicial C-259/2021, y demás actos atribuidos a otras autoridades que se relacionan con el que se hoy se reclama; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Penal de este circuito, consultable en el tomo XXXI, Enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, es decir mediante sentencia definitiva emitida en juicio, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en el auto de vinculación a proceso; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente hábil a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de hechos, que tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, pues expresamente manifiestan los quejosos que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrititos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, les dictó auto de vinculación a proceso -acto reclamado-, manifestación que constituye una confesión expresa, con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, tiene eficacia para demostrar que los promoventes conocieron de los actos reclamados y su ejecución, en la fecha indicada. Tan es así que, los propios quejosos hacen referencia en conocer el plazo otorgado a la Representación Social, por el Juez de Control responsable, el cual fue de tres meses para el cierre de investigación, complementaria, y a su dicho, el agente del Ministerio Público, solicitó la certificación del plazo de cierre de la investigación complementaria, el cual fue computado del siete de septiembre al siete de diciembre, ambas fecha del año dos mil veintiuno. Entonces, si los promoventes tuvieron conocimiento del acto reclamado y su ejecución, el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió del diecisiete de septiembre al siete de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior fue así, sin contar sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días 14, 15 y 16 del mes de septiembre; de igual forma, no corrieron plazos ni términos procesales del 8 de septiembre de 2021 hasta las 8:30 horas del 13 del mes y año en curso; circunstancia determinada en sesión ordinaria de 8 de septiembre de 2021, en la que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo y Acapulco, así como para el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito y la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio; con motivo de las afectaciones derivadas del sismo de 7 de septiembre de 2021, y sus réplicas", determinación que fue comunicada por medio de la Circular SECNO/28/2021. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitida al día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a Oficialía de Partes Común de este órgano jurisdiccional, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en la Décima Época, Registro: 2004640, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.5 K (10a.), Página: 1731; de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Novena Época, Registro: 180663, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631; que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando los peticionarios de amparo tienen el derecho a un recurso efectivo, ello no los exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis: 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2005717; de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Notifíquese personalmente a los quejosos.

  4. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por Santos Rojas Gatica y Octavio Rojas Gatica, por propio derecho, contra actos de la Comisario Municipal de Buena Vista de Los Aires, perteneciente al Municipio de Joaquín de Herrera de la localidad de Tlachimaltepec, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1303/2022-IV, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. PREVENCIÓN Antes de proveer lo conducente, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde, en uso de la facultad que confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura" El dispositivo trascrito otorga al juzgador la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando éste incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifiesta que las autoridades responsables han violentado sus derechos humanos dado que fueron víctimas de tortura e incitaron a la violencia del pueblo en su contra; asimismo, aducen no haber tenido la asistencia de un abogado de oficio o particular y que el representante social les fabricó pruebas dentro de la carpeta de investigación 12040190500165300821, lo cual conllevó a que se librara una orden de aprehensión el uno de septiembre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta judicial C-259/2021, entre otras cuestiones. Sin que se aprecie de lo narrado por los peticionarios el estado actual que guarda la carpeta judicial de referencia. Asimismo, hace alusión que actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social en esta urbe. En tales condiciones, a fin de estar en aptitud legal para proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, fracciones IV en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, se formula a los promoventes la siguiente prevención, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Precise de forma concreta el acto reclamado. 2. Precise el estado actual que guarda la carpeta judicial C-259/2021. Lo anterior, con fundamento en el artículo 110, de la Ley de Amparo, en relación con el 114, fracción V, de la misma ley, numeral que establece que se requiere que con la demanda se exhiban sendas copias, siendo estas las autoridades responsables (una copia para cada autoridad); tercero interesado, si lo hubiere; Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, y dos para formar el incidente de suspensión si se pidiera éste. Tiene aplicación al caso la tesis I.7º.A.100 K, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". En la inteligencia, que al desahogar la presente prevención, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de desahogo y de los anexos que acompañe al mismo, para emplazar a todas las partes procesales. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del término concedido (cinco días), se tendrá no presentada su demanda de amparo, ello, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rocío Ramírez Ventura, quienes cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Héctor Mancilla Calvo y Ricardo Bernal Morales, por no contar con el requisito anterior. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice la parte quejosa, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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