Santos Ricargo Arredón Argüello

Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 39 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2021
Año
2021
Actuaciones
39
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Santos Ricargo Arredón Argüello
  • Porfirio Solórzano Martínez, Artemio Díaz García y/o Artemio Elías García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Amparos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, a través del cual acusa recibo del original del toca de apelación ********************, de su índice; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de que fue objeto.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron recurso de inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este asunto, es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo solicitado. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c), el original del incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la suspensión definitiva, en términos del punto 8.1.2 (3), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a). Finalmente, devuélvanse a la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el original del toca ***, de su índice; así como al Juez en Materia Penal adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Valle de Bravo, Estado de México, el original de la causa penal ***, en tres tomos; los cuales, remitieron como complemento a sus informes justificados; solicitando el acuse por su recibo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta y en atención a que las partes no realizaron manifestación alguna sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia autorizada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo para el efecto de que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizará lo siguiente: "Deje insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación ***. Emita una nueva resolución en la que, tomando en consideración lo sustentado en esta ejecutoria de amparo, resuelva con libertad de jurisdicción lo relativo a la petición de sobreseimiento por extinción de la acción penal, sin soslayar que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, están vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena; ello en estricto respeto al derecho de defensa que le asiste al quejoso en el periodo de instrucción (etapa actual en que se encuentra el juicio penal) en términos del artículo 20, apartado A, fracción VIII, Constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho." Así, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada dicha sentencia, adquirió firmeza procesal (fojas 136-137), por lo que en esa fecha se requirió a la responsable su cumplimiento. Posteriormente, mediante oficio 3011500P01/2022 recibido en este juzgado federal el veintiséis de enero de dos mil veintidós (foja 141), el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió copia autorizada de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 142 a 172), con la que adujo haber dado cumplimiento al fallo protector; por tanto, en auto de veintisiete de enero siguiente, se dio vista a las partes con dicha sentencia, para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Luego, en la constancia de notificación de nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 181), el quejoso ***, interpuso incidente de repetición del acto reclamado, al cual se dio trámite a través del auto de once de febrero de dos mil veintidós (foja 132) y que fue resuelto en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 241 a 247), en el sentido de declararlo infundado. Inconforme, el quejoso en la diligencia de notificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, expuso su deseo de recurrir la resolución que resolvió el incidente de repetición del acto reclamado, por lo que en auto de veintiocho de febrero siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad, el cual se remitió al Tribunal de Alzada para su substanciación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, órgano al que tocó conocer del recurso de inconformidad, lo registró con el número 5/2022 y lo resolvió en sesión de catorce de julio de dos mil veintidós (fojas 259 a 271), en el sentido de declarar infundado el recurso de inconformidad, ejecutoria que se tuvo por recibida en auto de uno de agosto siguiente, por lo que en esa fecha se ordenó notificar a las partes el contenido de la resolución recibida en esa fecha; así, una vez que se obtuvo la totalidad de las mismas, sin que ninguna de las partes hicieran manifestación al respecto, se procede a la valoración de la sentencia. Ahora bien, en el caso resulta indispensable establecer que los efectos del fallo protector de quince de diciembre de dos mil veintiuno, fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación ***. 2. Emita una nueva resolución en la que, tomando en consideración lo sustentado en esta ejecutoria de amparo, resuelva con libertad de jurisdicción lo relativo a la petición de sobreseimiento por extinción de la acción penal, sin soslayar que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, están vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena; ello en estricto respeto al derecho de defensa que le asiste al quejoso en el periodo de instrucción (etapa actual en que se encuentra el juicio penal) en términos del artículo 20, apartado A, fracción VIII, Constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho." En ese tenor, el primer motivo de la concesión, consistente en que el Tribunal de Alzada señalado como responsable dejara insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 81/2021 de su índice, se encuentra cumplido, en virtud de que en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, (1) se dejó insubsistente la sentencia de referencia, en el toca de apelación de mérito, como se advierte del último resultado de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós. El segundo punto motivo de concesión, también se encuentra cumplido, toda vez que el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el tribunal de alzada (2) emitió una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, estimó que resultaban infundadas las alegaciones del apelante para efecto de revocar el auto que negó el sobreseimiento de la causa penal. Lo que sostuvo en la medida que ninguna de las hipótesis señaladas para que la prescripción de la acción persecutoria pudiese seguir su curso se actualizaba. Ello, en virtud de que la primera de las hipótesis, referente a que el Estado no haya ejercitado la acción penal dentro de los límites temporales del caso particular, no se veía actualizada, ya que el Agente del Ministerio Público ejercitó oportunamente la acción penal, tan es así que consignó con detenido la correspondiente averiguación previa; en tanto que la segunda hipótesis atinente a que habiendo realizado un acto procesal de ejercicio de la acción persecutoria, el Estado no logre que el sujeto quede sometido a la jurisdicción del tribunal, tampoco se actualizaba, ya que sí se logró que el recurrente Santos Ricardo Arredón Argüello, quedara sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Estado. Además, el Tribunal de Apelación indicó que si bien el proceso no se encontró físicamente en el mismo lugar de residencia del órgano jurisdiccional, ello no fue imputable a éste último ni tampoco implicó que el procesado su hubiese extraído de la acción de la justicia, de modo que se estuviera en aptitud de computarse el término de la prescripción por cada uno de los delitos por los cuales se le dictó auto de formal prisión, sino que ello se debió a diversas cuestiones atribuibles al propio encausado, como lo son las deudas pendientes con la justicia de otras entidades federativas, máxime que fue catalogado como sujeto de alta peligrosidad incluso, probable responsable de un motín que dejó varios reclusos heridos y otros muertos. De ahí que para la responsable, a ningún fin práctico conduciría analizar lo relativo a que se ha rebasado incluso la pena máxima fijada por la ley para el delito de homicidio, pues insistía en el hecho de que el apelante nunca se sustrajo de la acción de la justicia y sí se logró su sometimiento ante los Tribunales del Estado. Finalmente, en la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Alzada conminó al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a efecto de que emita con prontitud las resoluciones faltantes y acate estrictamente los plazos a que lude la ley procesal penal aplicable en la causa *** Así, del examen del citado dictamen, que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2, mismo que tiene pleno valor probatorio; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector, dado que (1) en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dejó insubsistente la sentencia de referencia, en el toca de apelación de mérito, como se advierte del último resultado de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós; en tanto que (2) el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el tribunal de alzada emitió una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, en la que estimó que resultaban infundadas las alegaciones del apelante para efecto de revocar el auto que negó el sobreseimiento de la causa penal. Sobre esas circunstancias, se considera que con la actuación de la responsable se acataron los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  4. Principal

    EN ATENCION AL CITATORIO DE SIETE DE SEPTIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE ULTIMO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta y en atención a que las partes no realizaron manifestación alguna sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia autorizada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo para el efecto de que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizará lo siguiente: "Deje insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación ***. Emita una nueva resolución en la que, tomando en consideración lo sustentado en esta ejecutoria de amparo, resuelva con libertad de jurisdicción lo relativo a la petición de sobreseimiento por extinción de la acción penal, sin soslayar que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, están vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena; ello en estricto respeto al derecho de defensa que le asiste al quejoso en el periodo de instrucción (etapa actual en que se encuentra el juicio penal) en términos del artículo 20, apartado A, fracción VIII, Constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho." Así, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada dicha sentencia, adquirió firmeza procesal (fojas 136-137), por lo que en esa fecha se requirió a la responsable su cumplimiento. Posteriormente, mediante oficio 3011500P01/2022 recibido en este juzgado federal el veintiséis de enero de dos mil veintidós (foja 141), el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitió copia autorizada de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 142 a 172), con la que adujo haber dado cumplimiento al fallo protector; por tanto, en auto de veintisiete de enero siguiente, se dio vista a las partes con dicha sentencia, para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Luego, en la constancia de notificación de nueve de febrero de dos mil veintidós (foja 181), el quejoso ***, interpuso incidente de repetición del acto reclamado, al cual se dio trámite a través del auto de once de febrero de dos mil veintidós (foja 132) y que fue resuelto en sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 241 a 247), en el sentido de declararlo infundado. Inconforme, el quejoso en la diligencia de notificación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, expuso su deseo de recurrir la resolución que resolvió el incidente de repetición del acto reclamado, por lo que en auto de veintiocho de febrero siguiente, se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad, el cual se remitió al Tribunal de Alzada para su substanciación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, órgano al que tocó conocer del recurso de inconformidad, lo registró con el número 5/2022 y lo resolvió en sesión de catorce de julio de dos mil veintidós (fojas 259 a 271), en el sentido de declarar infundado el recurso de inconformidad, ejecutoria que se tuvo por recibida en auto de uno de agosto siguiente, por lo que en esa fecha se ordenó notificar a las partes el contenido de la resolución recibida en esa fecha; así, una vez que se obtuvo la totalidad de las mismas, sin que ninguna de las partes hicieran manifestación al respecto, se procede a la valoración de la sentencia. Ahora bien, en el caso resulta indispensable establecer que los efectos del fallo protector de quince de diciembre de dos mil veintiuno, fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación ***. 2. Emita una nueva resolución en la que, tomando en consideración lo sustentado en esta ejecutoria de amparo, resuelva con libertad de jurisdicción lo relativo a la petición de sobreseimiento por extinción de la acción penal, sin soslayar que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, están vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena; ello en estricto respeto al derecho de defensa que le asiste al quejoso en el periodo de instrucción (etapa actual en que se encuentra el juicio penal) en términos del artículo 20, apartado A, fracción VIII, Constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho." En ese tenor, el primer motivo de la concesión, consistente en que el Tribunal de Alzada señalado como responsable dejara insubsistente la sentencia de seis de julio de dos mil veintiuno, dentro del toca penal 81/2021 de su índice, se encuentra cumplido, en virtud de que en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, (1) se dejó insubsistente la sentencia de referencia, en el toca de apelación de mérito, como se advierte del último resultado de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós. El segundo punto motivo de concesión, también se encuentra cumplido, toda vez que el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el tribunal de alzada (2) emitió una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, estimó que resultaban infundadas las alegaciones del apelante para efecto de revocar el auto que negó el sobreseimiento de la causa penal. Lo que sostuvo en la medida que ninguna de las hipótesis señaladas para que la prescripción de la acción persecutoria pudiese seguir su curso se actualizaba. Ello, en virtud de que la primera de las hipótesis, referente a que el Estado no haya ejercitado la acción penal dentro de los límites temporales del caso particular, no se veía actualizada, ya que el Agente del Ministerio Público ejercitó oportunamente la acción penal, tan es así que consignó con detenido la correspondiente averiguación previa; en tanto que la segunda hipótesis atinente a que habiendo realizado un acto procesal de ejercicio de la acción persecutoria, el Estado no logre que el sujeto quede sometido a la jurisdicción del tribunal, tampoco se actualizaba, ya que sí se logró que el recurrente Santos Ricardo Arredón Argüello, quedara sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Estado. Además, el Tribunal de Apelación indicó que si bien el proceso no se encontró físicamente en el mismo lugar de residencia del órgano jurisdiccional, ello no fue imputable a éste último ni tampoco implicó que el procesado su hubiese extraído de la acción de la justicia, de modo que se estuviera en aptitud de computarse el término de la prescripción por cada uno de los delitos por los cuales se le dictó auto de formal prisión, sino que ello se debió a diversas cuestiones atribuibles al propio encausado, como lo son las deudas pendientes con la justicia de otras entidades federativas, máxime que fue catalogado como sujeto de alta peligrosidad incluso, probable responsable de un motín que dejó varios reclusos heridos y otros muertos. De ahí que para la responsable, a ningún fin práctico conduciría analizar lo relativo a que se ha rebasado incluso la pena máxima fijada por la ley para el delito de homicidio, pues insistía en el hecho de que el apelante nunca se sustrajo de la acción de la justicia y sí se logró su sometimiento ante los Tribunales del Estado. Finalmente, en la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Alzada conminó al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a efecto de que emita con prontitud las resoluciones faltantes y acate estrictamente los plazos a que lude la ley procesal penal aplicable en la causa *** Así, del examen del citado dictamen, que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2, mismo que tiene pleno valor probatorio; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector, dado que (1) en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dejó insubsistente la sentencia de referencia, en el toca de apelación de mérito, como se advierte del último resultado de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós; en tanto que (2) el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el tribunal de alzada emitió una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, en la que estimó que resultaban infundadas las alegaciones del apelante para efecto de revocar el auto que negó el sobreseimiento de la causa penal. Sobre esas circunstancias, se considera que con la actuación de la responsable se acataron los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

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