Santos Reyes Ramirez
Expediente 1099/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Santos Reyes Ramirez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se declaró sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley reglamentaria, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el oficio 51-1926/2021, signado por la Presidente de la Junta Especial 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante el rinde informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual; además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. La parte quejosa reclama de la Junta Especial No. 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, lo siguiente: ACTO RECLAMADO De la Autoridad Responsable, reclamo La falta de acuerdo a la promoción del suscrito en mi carácter de apoderado legal del sr. SANTOS REYES RAMÍREZ de fecha 25 de junio del año en curso en la que solicito se cuantifique la cantidad que importa el pago de subsidios en atención al resolutivo cuarto del laudo dictado en autos por lo que dicha resolución no puede ser ejecutada en forma pronta y expedita en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo en concordancia con el artículo 17 Constitucional. Reclamo las consecuencias de hecho así como de derecho que de lo anterior emanen o se deriven" En el caso concreto, se materializa la causa de inviabilidad que señala la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia el cual prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La cesación de efectos ha sido definida como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, que trae como consecuencia, que deje de existir la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior elimina las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En la especie, de los anexos del informe justificado se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó un proveído el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que tuvo por recibido el escrito del licenciado Jesús Humberto Rivera Manifacio, en su carácter de apoderado la parte actora y determinó que para estar en posibilidad de acordar lo solicitado, el secretario de acuerdo debería certificar si la parte demandada había dado cumplimiento a la resolución de procedimiento especial de veinte de mayo del año en curso, y si la misma había quedado firme. Asimismo, en la certificación elaborada se hizo constar que el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social, no había dado cumplimiento a la resolución de procedimiento especial. Luego, el veintisiete del mismo mes y año, la junta responsable dictó proveído en el que en relación con el escrito del apoderado de la parte actora, a efecto de cuantificar la condena y atender a su petitorio, ordenó la apertura del incidente de liquidación y señaló las once horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, para que se realizara la audiencia de pruebas y alegatos, respecto de dicha incidencia, ordenando notificar dicha. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno toda vez que se trata de documentos públicos, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que la violación alegada cesó jurídicamente en sus efectos, porque se acordó la promoción presentada por el apoderado legal de la parte actora en el juicio de origen, además, se abrió el incidente de liquidación para cuantificar el monto de la condena. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" En consecuencia, como opera la causal analizada, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de Santos Reyes Ramírez, personalidad que se le reconoce con la documental que acompaña, contra actos de la Junta Especial número 27 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 2, 33 fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Sin que se tramite incidente de suspensión relativo por no solicitarse. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días rinda su informe justificado, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado al correo oficial de este órgano jurisdiccional, 2jdo25cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido que podrá remitirlo en la vía que determine y/o suela hacerlo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco Sarabia, número 803, poniente, de esta ciudad. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio, al usuario "***". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la tramitación de asuntos promovidos físicamente y desahogo de actuaciones presenciales, a fin de mejorar la comunicación con las partes, téngase como correo electrónico ***y el número de teléfono celular ***. Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. Por otra parte, este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado que manifiesta el impetrante en su escrito de cuenta, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1 y 17 constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, debido a que en el caso hipotético de llamar a terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una dilación, de ahí que se considera que no se transgrede derecho humano alguno del tercero interesado señalado por la parte quejosa, es decir, no se le causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, dado que aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado de la sentencia respectiva, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos del referido tercero interesado quedaría incólumes. Sin que con lo anterior se desatienda a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil doce, página cuatrocientos cuarenta y ocho, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar" Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia que establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le será notificados por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a Cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "amarillo" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. En el entendido que mediante proveído de veinticinco de febrero de la anualidad en curso, dictado en el cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional, se acordó el pedimento 05/2021, suscrito por la licenciada Silvia Liliana Trujillo Macías, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que se autorizó la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "***", así como, correo electrónico institucional ***. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 3, 68 y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo. Finalmente, comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 3, 68 y 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese.
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